Febrero 8 de 2007 –
REDACCIÓN NACIONAL
Parece como si nada se hubiera aprendido desde la gran tragedia de 1977 en Amagá (Antioquia), cuando 110 mineros perdieron la vida por una explosión. Ni siquiera se evita el trabajo de los niños en los socavones. Solo en antioquia, se calcula que 240 menores trabajan en las minas. ¿Qué fue del Plan Nacional de Desarrollo Minero para modernizar esa industria y ponerle fin a la informalidad, lanzado hace cinco años por el Gobierno Nacional?
Funcionarios de Ingeominas que piden la reserva de sus nombres admiten que entre el 70 y el 80 por ciento de las 6.078 minas de carbón, oro, esmeraldas, caliza, arcilla y materiales de construcción incumplen las mínimas condiciones de seguridad. "En su mayoría es minería de subsistencia, manejada por personas sin conocimientos", señala uno de ellos.
Incluso, afirma que quienes piden licencia de explotación presentan los planes de seguridad, "pero por el camino se desentienden de ellos".
Otro de los funcionarios reconoce que la ley ordena hacer mínimo una inspección a cada mina por año, pero no alcanzan a realizarla.
Las consecuencias saltan a la vista.
En Boyacá, el departamento con más accidentes en minas, murieron el año pasado 25 obreros. Ingeominas pidió tiempo para responder las inquietudes de este diario sobre el tema. Víctimas de la tragedia Desde noviembre pasado, Freddy Alexánder Chaparro Molina se hundía cada día, a las 5 de la mañana, en un oscuro socavón de Gámeza (Boyacá) en busca de carbón.
Tenía apenas 13 años y trabajaba en las más precarias condiciones en una mina ilegal.
Pero no hubo quien interviniera la explotación, ni quien detuviera al menor cuando, después de terminar la escuela, decidió dejar el estudio para ir al fondo de la tierra al lado de su hermano José Antonio, de 27 años.
Quería ayudar con los gastos de su mamá, María Esperanza, que era cabeza de familia. Los dos hermanos campesinos de la vereda Morcá de Sogamoso murieron el pasado martes cuando se derrumbó la mina. Con ellos perdieron la vida su cuñado Carlos Julio Pedraza y otros cinco obreros.
Ninguno contaba con equipos de seguridad, según confirmó el coordinador de la Regional de Ingeominas Nobsa, Rafael García Molano. Aseguró que desde diciembre del 2005 se había detectado la ilegalidad de la mina y que habían notificado al alcalde de Gámeza de que debía cerrarla. El mandatario, William Caro, responde que estaba en concesión y que no recuerda haber recibido orden de clausurarla.
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