El presidente de la corte suprema plantea que la judicialización de proyectos ya ha sido advertida por el máximo tribunal. Reconoce el bajo interés de jueces en sumarse a los Tribunales Ambientales, lo que ha retrasado su inicio.
“El gobierno ha aprobado permisos para la construcción de cerca de 11.500 MW en estos tres años, suficientes para cubrir el abastecimiento requerido en toda la próxima década. Sin embargo, hemos experimentado un creciente proceso de judicialización que, incluso, ha paralizado proyectos previamente aprobados por los organismos técnicos competentes”.
La frase corresponde a un extracto del último discurso del 21 de mayo del Presidente Sebastián Piñera. Pese a que dedicó breves minutos para referirse a la situación energética, la afirmación repercutió entre las empresa del rubro, las que, pese a concederle el punto, también criticaron que el gobierno no ha impulsado las reformas necesarias como para evitar esta incertidumbre.
Pero también llamó la atención de que fuera la propia Corte Suprema quien reconociera esta problemática: “Lo señalé en la cuenta pública de marzo: este problema se está produciendo hace años”, reconoce el presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros.
El presidente Piñera, en su cuenta anual del 21 de mayo, dijo que pese a que se habían aprobado proyectos eléctricos, hoy se estaba dando una excesiva judicialización. Esta crítica fue apoyada por la Suprema, ¿por qué?
Respecto de la judicialización de proyectos, ya en la cuenta pública de marzo 2013, yo señalé que este problema se estaba produciendo desde hace ya varios años. Los grupos sociales, las personas, la gente, e incluso instituciones, estaban recurriendo a los tribunales de justicia para resolver asuntos de carácter ambiental y de otro orden que deberían corresponder a tribunales especiales, como los Tribunales Ambientales que están recién constituyéndose.
Esto se trata de decisiones y resoluciones de organismos de la administración del Estado que resuelven materias de carácter técnico, científico ambiental. La gente en diversas oportunidades -experiencia que hemos vivido este año y el pasado- ha recurrido a los tribunales para dejar sin efecto determinadas decisiones de la administración del Estado, y los tribunales hemos empezado a conocer materias de esa índole.
Entonces, ¿por qué el Poder Judicial interviene en estas materias?
-Claramente se debe a que los jueces tienen un principio de inexcusavilidad que está establecido en el código orgánico del tribunal y en la Constitución Política de la República. Eso obliga a los jueces a dictar sentencia y resolver asuntos, aunque sean de esta materia (ambiental).
En ese sentido, ¿sería partidario que los tribunales ambientales fueran las ultima instancia para zanjar estos conflictos?
Lo deseable es que en el futuro la gente, en lugar de recurrir a tribunales ordinarios de justicia, lo haga a los tribunales especiales. La otra posibilidad es que la gente estime -por la forma de funcionamiento de los órganos de administración del Estado- que las decisiones de ese organismo son suficiente, y le merezca confianza y lo acojan y no recurran a los tribunales ordinarios.
Pero eso no sería una modificación simple, pues uno tiende a pesar que la Corte Suprema siempre es la última instancia de controversia.
De todas maneras, pero si un órgano de la administración del Estado emite una decisión sobre alguna materia de este tipo, y la gente lo acepta, no hay necesidad de que intervenga el poder judicial.
¿Entonces sería más de mutuo acuerdo que mediante una modificación legal?
Esto pasa por una cuestión de confianza.
Seria partidario de extender este precepto a otros fallos más técnicos, como los comerciales, de la SVS, bancos, entre otros.
La legislación nacional es bastante completa y contempla todas las situaciones en materia comercial, industrial, y del consumidor en distintas formas. Yo creo que el problema lo estamos teniendo en los aspectos ambientales de diferentes proyectos y de distinta naturaleza
TRIBUNALES AMBIENTALES, BAJO INTERÉS
Otro de los temas que ha mantenido la tensión respecto de la judicialización de proyectos es la creación de los Tribunales Ambientales.
Con casi dos meses de retraso, juraron a principios de marzo los integrantes del tribunal de Santiago, con competencia territorial sobre las regiones de Valparaíso, O’Higgins y del Maule. Y ahora, a afines de junio, debieran partir de manera simultánea la sede en la comuna de Antofagasta, que cubre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, y la sede de Valdivia, con jurisdicción sobre las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Ambos retrasados.
¿A qué atribuye el bajo interés de jueces a llenar estos cupos de los tribunales ambientales?
Son tribunales nuevos, que antes no existían, con una ley que los ha creado especialmente. Ya se constituyó el de Santiago y tenemos confianza en que se van a constituir los otros dos: el de Valdivia y Antofagasta.
¿Cuándo debieran estar todos operando?
A fines de junio, tengo entendido, debiera estar funcionando el de Valdivia.
¿Ya recibieron las propuestas de nombres?
Si, ya hicimos las entrevistas y estamos esperando un antecedente adicional y después de eso haremos la lista de los jueces.
Y el de Antofagasta, ¿cómo va?
Tengo entendido que recién se está abriendo el concurso la Alta Dirección Pública
¿Es decir, de aquí a fin de año podríamos tener los tres operando?
Esperemos.