En plenaria de la Cámara fue citado para hoy este control político que quiere evidenciar la situación de Cesar, Chocó, Tolima y Bolívar.
El 15 de mayo de 2013 más de treinta representantes de cuatro comunidades afectadas por la minería a gran escala se desplazaron hasta el Capitolio Nacional para explicarle al Congreso los impactos que esta actividad está teniendo en sus regiones. Ese día el debate fue aplazado. A la semana siguiente ocurrió lo mismo y se dispuso que el 29 de mayo la plenaria de la Cámara escucharía la intervención, pero de nuevo el debate no se dio. Hoy está en el primer punto de la agenda del día en la plenaria de la Cámara, aunque eso no es garantía de que ocurra.
“Nos sentimos irrespetados porque para nosotros es muy difícil llegar hasta acá para contar lo que pasa en nuestra región”, sostiene Teófilo Acuña, representante de la Asociación de Mineros del Sur de Bolívar, quien explicó que para llegar a Bogotá tuvo que caminar siete horas, luego tomar un carro por una carretera destapada por tres horas y finalmente tomar un bus por diez horas. Lo ha hecho infructuosamente en dos ocasiones, por lo que no cree que se arriesgue a un tercer viaje para que les digan que no hay debate.
Este control político ha sido convocado por los representantes del Polo Democrático Iván Cepeda, Carlos Amaya y Wilson Arias, y de efectuarse hoy será bajo el título de “Apocalipsis minero en Colombia”. En él se busca mostrar las experiencias de cuatro comunidades de distintas regiones, Cesar, Chocó, Tolima y el sur de Bolívar, que han vivido los impactos de la minería a gran escala. “Este debate es un nuevo llamado de alerta sobre la minería a gran escala”, afirmó Cepeda. Los siguientes son dos de los cuatro casos que se expondrán.
En la región central del Cesar se desarrolla una fuerte actividad minera asociada a la explotación de carbón. Los impactos ambientales sobre las comunidades de El Hatillo, El Boquerón y Plan Bonito han obligado a decretar la necesidad del reasentamiento de cerca de 1.430 personas. Sin embargo, dicho reasentamiento no se ha llevado a cabo a pesar de que estaba previsto para septiembre de 2012. Allí operan principalmente las multinacionales Drummond y Glencore, que, de acuerdo con el Sistema de Información Minero Colombiano, desde 2004 hasta 2012 se han beneficiado de la explotación de más de 259 millones de toneladas de carbón con más de US$16.215 millones.
“Cesar es el perfecto ejemplo de lo que está dejando la minería en el país. Allá se ha explotado el carbón desde hace 24 años y hoy uno de los impactos más evidentes de la actividad minería es la necesidad de desarrollar un reasentamiento involuntario de tres comunidades que hoy tienen un entorno tan afectado que el Gobierno está obligado a ubicarlas en otro lugar. Esa experiencia muestra que los impactos más fuertes son dos: los ambientales y los socioculturales”, explicó Johana Rocha, del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna.
Pero uno de los problemas es que no se ha podido llegar a un acuerdo sobre este reasentamiento en condiciones dignas. “También venimos exigiendo al Gobierno que involucre a las comunidades en el proceso, para que no se convierta en una negociación entre empresas y comunidades vulnerables. Hoy la comunidad continúa expuesta a la alta contaminación y a la imposibilidad de realizar las actividades de subsistencia tradicional: agricultura, caza y pesca. La gente está sin nada. Todo el departamento del Cesar está concesionado o solicitado en concesión minera. La proyección es que el departamento sea utilizado para esta actividad y el caso de La Jagua podría extenderse por todo el territorio, entonces ¿dónde van a reasentar a la gente? Se han reportado enfermedades de piel, oculares, respiratorias, auditivas y digestivas”, explica Johana, una de las afectadas.
Teófilo Acuña cuenta que desde 1994 han luchado contra la incursión de las multinacionales mineras en la región, que hoy está concesionada en un 99% a las multinacionales y el 1% a mineros tradicionales, títulos en riesgo de ser revocados. “La normatividad promovida por el Gobierno nos pone en desigualdad. En este momento hay unos títulos que están a punto de vencerse y el Gobierno nos ha dicho que no van a ser prorrogados. Es decir, el pequeño minero, que lleva 30 años haciendo la minería para la vida —como la hemos denominado—, está a punto de quedarse sin trabajo”, señala.
En la región operan la Anglo Gold Ashanti, Kia Resorse, Mineros S.A., Geoexplorer y otras más. “Con Anglo Gold tenemos una pelea desde 2003, porque llegaron a la región y solicitaron 1’371.000 hectáreas, se las entregaron y las repartieron en sus empresas subsidiarias, que funcionan como testaferros. Ellos vienen diciendo que el pequeño minero no tendrá oportunidad de tener un título sino que se tendrá que asociar a las multinacionales. Es la manera de expropiarnos de nuestros derechos ancestrales y de nuestro territorio” señala Acuña.
El otro problema es el de la minería ilegal, según Teófilo Acuña. “El Gobierno viene diciendo que todos somos mineros ilegales, pero la verdadera minería ilegal, que es la que se hace con retroexcavadoras, sigue campante por la región. Nosotros la hemos denunciado. La gente que está metida en esa minería ilegal es de afuera. Lo grave es que nuestra minería, que la hemos llamado para la vida, porque gracias a ella muchas personas abandonaron los cultivos ilícitos, está siendo perseguida”.