Lunes 17 de Agosto,
Oruro
El Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA y la Coordinadora en defensa del cuenca baja del Río Desaguadero y los Lagos Uru- Uru y Poopó CORIDUP, el día lunes 17 de agosto en ciudad de Oruro, tuvimos el grato honor de recibir la visita del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El objetivo de dicha visita fue recibir información sobre la situación actual de la problemática socioambiental del Departamento de Oruro. La delegación estuvo conformado por el representante de la ONU en Bolivia, Denis Racicob, Paula SIMAS MAGALHÄES y Maria Clara MARTIN coordinadora de América Latina y el Caribe de la ONU en Ginebra.
En dicho evento el presidente de la CORIDUP explicó detalladamente los problemas ambientales que sufren las comunidades, principalmente por las operaciones mineras asentadas en el departamento de Oruro. Posterior a ello, los representantes de la ONU y la CORIDUP entablaron un diálogo de cara a la construcción de estrategias para el seguimiento a los problemas ambientales, priorizando casos como la Declaratoria de Zona de Desastre Ambiental Subcuenca Huanuni; cumplimiento a los compromisos de las Segundas Mesas de Trabajo entre comunidades, empresas y autoridades, y la agilización de la Auditoría Ambiental a la operaciones de Kori Kollo.
La reunión finalizó indicando la necesidad de entablar reuniones permanentes para coordinar y realizar acciones conjuntas a nivel regional, nacional e internacional. A continuación presentamos un resumen del Informe del Relator, referente al tema ambiental, caso Oruro: INFORME DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS INDÍGENAS.
El Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, llevó a cabo una visita oficial a Bolivia del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2007 a invitación del Gobierno y a iniciativas de las organizaciones indígenas del país.
El Relator Especial en su estadía en Bolivia visitó varios departamentos, uno de ello fue Oruro; visitó la mina Kori Kollo de la Empresa Inti Raymi. Bolivia es un país rico en recursos naturales, sin embargo sufre los impactos negativos sobre los territorios y las sociedades indígenas. Durante las últimas décadas la inadecuada regulación socioambiental y la falta de supervisión de las empresas, unidas a la falta de mecanismos para reglamentar la consulta con las comunidades indígenas afectas por dichas actividades, han generado situaciones de severa crisis medioambiental en los territorios indígenas.
El Relator Especial recibió numerosas denuncias en relación a la contaminación ambiental de suelos y aguas tradicionalmente usadas por las comunidades indígenas de la región como resultado de las concesiones mineras en los departamentos de Oruro y Potosí. Muchas de estas actividades incluyen a empresas mineras y explotación a cielo abierto de metales pesados como oro, plata, plomo y zinc, cuyo proceso de extracción son altamente contaminantes.
El deterioro del medio ambiente se traduce en la pérdida de tierras para el cultivo, la contaminación de acuíferos subterráneos, ríos y lagos, y la muerte de ganados y de la fauna silvestre. En muchos casos se denuncia la falta de cumplimiento de las condiciones de la licencia ambiental de estas explotaciones, así como la ausencia de todo tipo de compensaciones.
En el área andina uno de los casos más emblemáticos es la contaminación de la cuenca baja del Río Desaguadero los lagos Uru Uru y Poopó, en el departamento de Oruro que forma parte del Suyu Suras. Oruro es hábitat tradicional de las comunidades de Jach´a Carangas, Suras, Quillacas, Asanaques, de los pueblos Quechua, Aymará y de la nación originaria Uru, un pueblo que tradicionalmente ha vivido de la pesca y de la caza y que actualmente se encuentra en situación de alta vulnerabilidad.
Se han documentado altos niveles de contaminación en el área del lago, debido a la existencia de desmontes y al vertido de aguas residuales provenientes de las minas acticas en la región circundante.
El Relator Especial visitó la mina de oro Kori Kollo de la empresa Inti Raymi y recibió información de la administració n sobre las medidas tomadas para mitigar los efectos de la contaminación. Sin embargo, las organizaciones consultadas por el Relator Especial denunciaron que las autoridades competentes no llevan a cabo una efectiva fiscalización y sanción de las empresas responsables por los daños al medioambiente, en lo términos previstos por la legislación minera y del medio ambiente.
Conclusiones del Informe del Relator Especial respecto al tema ambiental.
La contaminación ambiental de numerosos territorios indígenas como consecuencia de la explotación minera, especialmente en Oruro y Potosí, y de los hidrocarburos en el Chaco y Amazonía, no ha sido controlada por un monitoreo ambiental efectivo por parte de las autoridades competentes, ni ha sido objeto de procedimientos adecuados de consulta a los que tienen derecho los pueblos indígenas. En cambio, ha generado serios problemas para la salud y las actividades económicas tradicionales de las comunidades indígenas. A pesar de las muchas denuncias presentadas al respecto, se reporta la falta de medidas de reparación y compensación por parte de los responsables de las actividades contaminantes.
Recomendaciones del Informe respecto al tema ambiental. Deberá prestarse una especial atención a la implementació n de los reglamentos sobre la consulta y la realización de estudios de impacto ambiental en relación con la exploración y la explotación de los recursos naturales en las tierras y territorios indígenas.
Las autoridades competentes deberían adecuar los nuevos contratos con las empresas privadas para garantizar el respeto de los derechos indígenas de acuerdo con la nueva normativa vigente. Las empresas que operan en Bolivia deberían diseñar y poner en práctica directivas claras y precisas en relación con sus operaciones de explotación de los recursos naturales en territorios indígenas, incluyendo el derecho a la participación y a la consulta, tomando en consideración la legislación existente, las normas internacionales y los estándares establecidos por las instituciones internacionales en materia de pueblos indígenas.
Las autoridades competentes deberían llevar a cabo, con carácter de urgencia, un estudio general sobre la contaminación de los territorios indígenas en el país, y que se pongan en práctica, en consulta con las comunidades afectadas, las medidas de inspección, mitigación, reparación, compensación, prevención y sanción que sean necesarias..
Limbert Sánchez Choque
UNIDAD DE JUSTICIA AMBIENTAL – CEPA.