Por José De Echave*
Parece que el gobierno nuevamente ha cedido a las presiones. El propio presidente peruano acaba de anunciar un primer paquete de reformas para impulsar las inversiones en el país que coincide con los pedidos que provenían de los gremios empresariales y sus escribidores.
¿Cuáles son algunas de las principales medidas anunciadas y que sin duda generan inquietudes?
La primera es la creación de un equipo de ejecutivos o gestores que se encargarán de darle seguimiento a la implementación de los proyectos de inversión. Este esquipo estará adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. La gran interrogante es cómo se conformará este equipo. ¿Estará integrado solamente por gestores próximos a la Confiep o al Instituto Peruano de Economía o será algo realmente balanceado? ¿Incluirán a representantes de la sociedad civil, sectores académicos, representantes de organizaciones sociales? ¿Serán tomados en cuenta especialistas en aspectos sociales y los impactos ambientales de los proyectos?
Una segunda medida apunta a que el acceso a terrenos para obras de infraestructura se agilice, gracias a una reciente ley que separa el acto de expropiación del pago de un justiprecio. De esta manera se busca acelerar un conjunto de proyectos de infraestructura, sin tomar en cuenta que este tema ha sido fuente de varios conflictos en varias regiones del país.
Otra medida tiene relación con el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, que aplica el silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos, para que los empresarios privados y el propio Estado certifiquen que no existen sitios arqueológicos en las zonas en donde se pretenden desarrollar proyectos de inversión. Cabe señalar que, como han señalado algunos expertos, esta norma vulnera las obligaciones internacionales contraídas por el Perú (UNESCO y otros protocolos internacionales) para la protección de nuestro patrimonio arqueológico.
Quizás una de las medidas del paquete que más preocupa tiene que ver con el decreto supremo 060-2013-PCM, publicado el pasado 25 de mayo, que busca agilizar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y semidetallados. Desde ahora estos estudios deberán ser aprobados en menos de 100 días. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que una decisión de este tipo aportará a relajar aún más el filtro ambiental que representa los EIA, en la medida que ni la institucionalidad ambiental que está en los ministerios está preparada para realizar evaluaciones ambientales rigurosas en esos plazos y el nuevo sistema nacional de certificación ambiental (SENACE) recién comenzará a operar desde abril del próximo año.
Lo cierto es que este primer paquete despierta justificadas preocupaciones. No está mal que un gobierno busque desarrollar proyectos de inversión en beneficio del país; sin embargo no tomar en cuenta lo que la propia realidad nos ha venido mostrando en los últimos años (la mayoría de conflictos tienen que ver con demandas sociales y ambientales), es una demostración que estamos frente a una gestión que ha perdido los necesarios equilibrios sociales y ambientales. ¿Cómo serán los próximos paquetes?
Cada vez son más evidentes los retrocesos, mensajes contradictorios y la debilidad que muestra el gobierno frente a las presiones de los principales grupos económicos. Pasó con el tema de Repsol y la posible compra de sus activos, luego con el entrampamiento de la consulta previa a los pueblos indígenas y ahora con este paquete de promoción de las inversiones. Con mucha razón los que perdieron las elecciones deben sentir que al final ganaron.
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*José De Echave, economista y experto en temas mineros, ex viceministro de Gestión Ambiental del Perú y miembro de la ONG CooperAcción.