La actividad minera dentro de las áreas protegidas del país creció en los últimos años porque cooperativistas accedieron a contratos de arredramientos, informó el director de Monitoreo Ambiental del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Carlos de Ugarte.
Este panorama se registra en al menos seis de 22 áreas protegidas que existen en el país y según Ugarte antes se entregaron concesiones sin consentimiento de la entidad estatal y sin licencia ambiental.
Explicó que la falta de trabajo en conjunto entre la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el mismo Ministerio de Minería y Metalurgia hizo que la actividad extractiva se consolide en esas zonas ecológicas, pero actualmente esto cambió.
“Lo que hemos tratado de hacer es que la actividad minera que se propone hacer dentro de las áreas protegidas esté inserta en el cumplimiento de la normativa ambiental de las áreas protegidas vigentes”, declaró Ugarte a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Minería desde antes
Según el director de Monitoreo Ambiental, la actividad minera se da mucho antes de que estas zonas fueran declaradas como áreas protegidas, son los casos de Apolobamba del departamento de La Paz, Eduardo Avaroa de Potosí y San Matías en Santa Cruz.
Sin embargo, esta actividad actualmente continúa en esas zonas y se expandió a Madidi y Cotapata de la zona paceña y Pilón Lajas, que además es una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) ubicada entre el Beni y La Paz.
Añadió que pobladores de estos lugares; indígenas, colonizadores y campesinos, se volvieron socios de los cooperativistas para extraer los minerales como oro y plata, entre otros.