Por: Bernardo Tobar Carrión
El proyecto de reforma a la Ley de Minería presentado la semana pasada por el Ejecutivo está en la línea de facilitar el desarrollo de una industria que no ha logrado despegar a pesar de su potencial. Uno de los cambios más interesantes está en la ampliación de los volúmenes de producción de la denominada pequeña minería, junto a la creación de la figura de la mediana minería, herramientas que han sido la base del crecimiento de esta industria en países vecinos. La combinación de estos regímenes especiales permitirá el desarrollo de proyectos de una dimensión relevante para la economía ecuatoriana sin necesidad de negociar contratos de explotación ni tener que lidiar con el peso del impuesto a los ingresos extraordinarios, el mayor obstáculo a la hora de cuadrar números y levantar capital.
Hay una corrección indispensable que hacer en cuanto a la pequeña minería, que a diferencia de la minería mediana y a gran escala, continúa sin admitir socios extranjeros. Esto coloca en desventaja a los pequeños mineros, limitados en sus fuentes de financiamiento al incipiente mercado local de capitales. Es una discriminación de la ley actual, que además de contradecir un principio constitucional, resulta incompatible con la política del actual Gobierno de apoyar a los pequeños productores. ¿Por qué no ampliar sus opciones de financiamiento con capital de riesgo del exterior?
La reforma busca la simplificación, para la minería de cualquier escala, de los procesos de licenciamiento ambiental y en general del actual abecedario kafkiano de permisos previos, que se limitarían a dos, agua y ambiente. Así, los proyectos avanzarán en tiempos más cortos, al igual que la generación de empleo. También en la línea de darle mayor seguridad a los derechos mineros, se especifican las causales de caducidad de las concesiones y se ordena la actuación gubernamental al principio del debido proceso.
En otro orden de cosas, la reforma intenta tomar el toro por los cuernos en materia de minería ilegal, frente a la que el actual Gobierno ha tenido -contra la costumbre política de hacerse la vista gorda, hay que admitirlo- una mano muy firme. Además de fortalecer los mecanismos de control en esta materia, y de agravar las responsabilidades ambientales de los titulares mineros que consientan tales actividades en el área de su concesión, se introducen una serie de medidas destinadas a cerrar los atajos por los que se solía burlar la prohibición: no se admitirán como mineros artesanales sino a miembros de la comunidad local, solo se les facultará la extracción, el procesamiento solo podrá hacerse en plantas con autorización minera y licencia ambiental, y la comercialización deberá hacerse a través del Banco Central; en suma, medidas para evitar que bajo el membrete de minería artesanal se lave dinero clandestino.
Finalmente, si bien se mantiene el impuesto a los ingresos extraordinarios para la minería a gran escala, se modera su impacto al aplicarlo una vez que la inversión previa a la operación haya sido recuperada financieramente.
En síntesis, una iniciativa positiva para la industria minera y para la confianza empresarial en general.