Período de consultas a pueblos originarios para llevar a cabo un proyecto podría llegar a durar cerca de un año.
Aún no hay una forma estándar para aplicar el mecanismo de consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT en Chile. Al menos el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, dio pista de los plazos que se manejan para aplicar la normativa. “Esperamos poder terminar el trabajo de cómo hacer las consultas del Convenio 169 lo antes posible, por cierto, antes que termine el actual gobierno”, dijo.
Camino por recorrer
La entrada en vigencia de esta normativa internacional fue aprobada por el Congreso a fines de la década pasada y recién en los proximos días, la mesa de consenso indígena para establecer el mecanismo de consulta (que fue conformada en marzo) podría tener resultados, señalan fuentes conocedoras del proceso.
Un tema que trabó las conversaciones de la mesa e impidió un acuerdo la semana pasada, fue la duración del trámite de la consulta. En su primera discusión el gobierno propuso un plazo de 15 días por cada etapa, que eran cuatro. Sin embargo, ahora se habla de un período de discusión de 20 días hábiles para cinco etapas, es decir, un total de 100 días dentro de lo que dura la tramitación ambiental de un proyecto de inversión.
Pese a lo anterior, persisten posturas que plantean que este período debiese ser mayor.
Incertidumbres
Otras incertidumbres que se plantean en la industria minera acerca de la implementación del Convenio 169, es que las cortes están más garantistas, y que ahora hay más exigencias emanadas del poder judicial.
Un punto importante que genera discordancias es que cuesta conocer el grado de influencia de una comunidad. “Hoy se está empezando a hablar del concepto de territorio más que de propiedad, entonces comúnmente un privado compra y es dueño de una propiedad minera, y luego, a pesar de que haya estudiado y visto que no hay comunidades indígenas ahí, aparecen alguna reclamando territorialidad. Esto sucede porque a veces hay comunidades transhumantes, sin un espacio fijo, y ahí se complica todo”, afirmó un abogado de la industria minera.