Más de 40 representantes de comunidades, organizaciones e instituciones analizaron el impacto ambiental y sanitario de proyectos mineros transnacionales en El Salvador durante la cumbre internacional que se realiza en el país del 9 al 13 de este mes. Los participantes fortalecerán la lucha contra las empresas mineras, así como la concienciación sobre la problemática actual.
Gabriela Meléndez
Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, en colaboración con la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (La Mesa) realizaron la Conferencia Internacional “Minería de Oro y la Defensa del Agua en El Salvador” en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. El evento tenía como objetivos ampliar y profundizar el debate público sobre la minería metálica y los impactos en el vital líquido, y potenciar la resistencia de las comunidades salvadoreñas para la reapropiación de sus territorios.
Los temas destacados fueron: las perspectivas legislativas para la prohibición de la minería metálica en el país; el proyecto minero Cerro Blanco, en relación a la minería de impactos transfronterizos; Río San Sebastián, ejemplo de contaminación en El Salvador por la extracción de oro; el conflicto con dos corporaciones mineras en el marco de los Tratados Internacionales de Comercio. El daño a la salud de las comunidades y los ecosistemas, la impunidad ambiental, y la necesidad de la defensa de los derechos humanos violentados son aspectos que resaltaron durante el foro.
La lucha de El Salvador contra la minería metálica fue aplaudida por miembros de organizaciones internacionales como OXFAM América, Proyecto Planeta Azul, Minning Watch Canadá y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos; todas, defensoras del agua, los derechos humanos, la justicia social y ambiental. Estos representantes externaron su apoyo al país e instaron a la lucha conjunta, global.
“Todos somos comunidades afectadas por lo que pasa en El Salvador; todos somos salvadoreños en la lucha contra la minería”, expresó Meera Karunananthan, defensora del agua para el Consejo de Canadienses.“De todas las luchas que hay en el mundo frente a las industrias extractivas, la de El Salvador es un ejemplo global”, resaltó Manuel Pérez-Rocha, investigador y activista del Instituto de Estudios Políticos de Washington (IPS), quien señaló que la conferencia tendrá repercusiones a nivel global.
El Salvador es el único país de la región del triángulo norte que ha detenido la explotación minera y que presenta la posibilidad de aprobar una ley que prohíba la minería metálica y regule la no metálica de forma adecuada. Honduras y Guatemala poseen una legislación totalmente permisiva que favorece los intereses de las corporaciones mineras. Honduras dio aval a 550 proyectos a corto plazo, 12 de los cuales son fronterizos con El Salvador.
Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y miembro de la Mesa, enfatizó que las actividades de la conferencia internacional buscan potenciar la capacidad de resistencia de las comunidades y el pueblo salvadoreño, el cual –denunció- es extorsionado por empresas mineras. Con esto se refirió a las demandas que las transnacionales Pacific Rim y Commerce Group interpusieron en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y la Coalición de Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador exigen y promueven la prohibición legal definitiva de la minería metálica. Ibarra criticó la medida del actual gobierno, en 2012, de sólo suspender la actividad minera, porque –advirtió- esto sugiere la reanudación de la misma en un tiempo posterior, y las condiciones ambientales deplorables del país no lo permiten.
“La propuesta de suspensión es una afrenta. No queremos minería dentro de seis meses o un año. Aquí no puede haber minería ni verde, ni responsable, ni mucho menos la planteada: una intensiva de oro con uso intensivo de cianuro”, enfatizó el ambientalista. Esta minería también es intensiva en uso de agua, cuya situación es un problema crítico del país; como en el uso de cianuro, un contaminante potente que puede matar a una persona con una gota de agua.
En El Salvador existen 74 proyectos de extracción minera en espera de conseciones de exploración y explotación. “Si eso sucediera, más de la décima parte del país se concecionara para la explotación minera”, advirtió Ibarra.
El representante de la Mesa instó a una solidaridad militante con varios pueblos indígenas de la región; en especial con Guatemala, porque cuatro municipios están en estado de sitio, a favor de las empresas mineras canadienses y en contra de la población sinca. En la mayoría de países de Latinoamérica, los más afectados por la minería son poblaciones originarias. Ángel Ibarra exhortó a la unión entre las diferentes naciones que luchan por reivindicar el derecho de los pueblos a la vida.
Además, durante su ponencia, criticó el modelo de desarrollo extractivo que se potencia en la región porque atenta contra la vida en los territorios. Esto fue respaldado por José María Tojeira, representante de la postura de la Iglesia Católica. En su valoración ética de la actividad minera de las corporaciones transnacionales, el sacerdote jesuita expuso que esta actividad es completamente inmoral; incrementa la pobreza, la marginación y la exclusión; e imposibilita un verdadero desarrollo local.
Por esa razón, las organizaciones participantes valoran como clave la necesidad de que se apruebe una ley antiminera. En este tema, la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, Lourdes Palacios y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, expuso los antecedentes y perspectivas legislativas que inciden en el panorama actual, en el que aún no se vislumbra la aprobación de un proyecto de ley favorable para los intereses públicos. La legisladora mencionó esfuerzos recientes del Gobierno por abordar el tema de Cerro Blanco y proteger el Trifinio. Y dijo que la postura de su partido es apoyar la causa por una ley que prohíba la minería, pero permaneció fuera del auditorio cuando se esperaba que respondiera preguntas de los participantes.
Por su parte, la Procuradora Adjunta para la Defensa del Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH, Yanira Cortez, explicó las formas en las que se han irrespetado los derechos humanos con los proyectos mineros en El Salvador, y el caso particular de Cerro Blanco.
Cortez habló de las acciones emprendidas por la PDDH al respecto y reveló que al acudir a la Comisión Interamericana, Guatemala se negó a responder y requirió que El Salvador ya no hablara más del tema. Esto ha complicado la lucha por prevenir la contaminación del Río Lempa, que representa la fuente del 60 por ciento del recurso hídrico del país. La procuradora indicó que los daños a los ecosistemas no pueden revertirse o es muy difícil hacerlo, por lo que se apuesta a la prevención.
En otro panel, el impacto del modelo de desarrollo extractivo en Latinoamérica estuvo en discusión por investigadores internacionales. Hay indicios del irrespeto permanente de los estados y las transnacionales de la normativa y estándares internacionales de Derechos Humanos, al margen de los compromisos suscritos por los mismos Estados ante la comunidad internacional, de acuerdo a Pablo de la Vega, de la plataforma. Él reveló, además, que estados latinoamericanos se comprometieron hace poco, en Ecuador, con un observatorio intergubernamental de la minería.
Juliana Turqui, coordinadora del programa regional de industrias extractivas de OXFAM América, expresó su preocupación por la situación de la región del triángulo norte, debido a las políticas conservadoras de los gobiernos, que ven la minería como una opción para el desarrollo. Asimismo, afirmó que le preocupa que El Salvador aún no tenga una ley que prohíba la minería a pesar de los esfuerzos de la Mesa. En su ponencia, habló sobre las campañas contra la minería, y la visión estratégica para el camino a seguir por la lucha antiminera en la región.
Un estudio de OXFAM América evidencia que el aporte de la minería al Producto Interno Bruto es insignificante. En El Salvador es el 0.4%; en Honduras, el 1.5%; en Guatemala el 0.5%. Los costos ambientales y sanitarios son mucho más altos. Sin embargo, según un estudio reciente del IPS, hay 60 casos pendientes de demandas a estados por industrias extractivas; la mayoría de estos, de América Latina. Esto lo reveló Manuel Pérez-Rocha en su ponencia sobre el tema de los conflictos de los estados con las corporaciones en los tribunales de comercio internacional.
Los participantes de 12 países concluyeron el evento con propuestas estratégicas. Estas buscan hacer más conciencia sobre la lucha antiminera salvadoreña a nivel de país, de Centroamérica y el mundo, con el fin de ganar más aliados; así como fortalecer la lucha contra Pacific Rim, corporación canadiense, y Commerce Group, empresa estadounidense, para que retiren las demandas contra el Estado salvadoreño.