El conflicto en Molleturo es uno de los más fuertes en Ecuador por la oposición que desde hace años se mantiene al proyecto Río Blanco, y des hace dos años diversas organizaciones se ha iniciado el trámite de queja por desacato al mandato minero en la Defensoría del Pueblo, sin tener una respuesta favorable. Una comisión del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y varias otras organizaciones fraternas de la CNDVS, se trasladaron a Quito el pasado 2 de mayo con el objetivo de conversar con la máxima autoridad de la Defensoría Nacional. Tuvieron que esperar largo rato, varios funcionarios vinieron a atender a la comisión, pero la decisión era firme, permanecer en la Defensoría hasta hablar con el Dr. Ramiro Rivadeneira.
En septiembre de 2011, la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS), el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y la Coordinadora Popular en Defensa de Molleturo, presentaron una queja en la Dirección Nacional de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
Esta queja se refiere al desacato al Mandato Minero emitido por la Asamblea Constituyente en el 2008 por el cual quedaron extinguidas las concesiones de las empresas mineras por varias causales sin que el Ministerio de Energía y Minas, actual de Recursos No Renovables, haya llevado a la práctica esta decisión de la Asamblea, por lo que se pidió a la Defensoría del Pueblo realizar una Acción por Incumplimiento ante la Corte Constitucional.
En la mencionada queja se planteó el caso específico del proyecto Río Blanco en la parroquia Molleturo, iniciándose por parte de la Dirección de Protección una exhaustiva investigación por casi un año, durante la cual quedó demostrado que jamás hubo procesos de consulta previa en este proyecto, que las cuatro concesiones vigentes están dentro del bosque protector Molleturo-Mollepongo y del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, habiendo sido extinguidas por los Artículos 1, 3 y 4 del Mandato Minero, y al no haber hecho efectiva esta extinción como lo ordenó el Mandato, el Ministerio de Recursos No Renovables cometió un flagrante desacato favoreciendo a la International Mineral Corporation (IMC) anterior dueña del proyecto Río Blanco que hace pocas semanas pasó a manos del consorcio chino Junfield.
Siendo el conflicto en Molleturo uno de los más fuertes en el país por la oposición que desde hace años se mantiene al proyecto Río Blanco, y yendo ya para los dos años de haber iniciado el trámite en la Defensoría del Pueblo, las organizaciones que presentaron la queja habían venido expresando su preocupación al conocer que desde hace varios meses la Dirección de Protección habría elaborado una resolución, a la que no se le daba trámite; más todavía cuando se solicitó por varias ocasiones una reunión con el Defensor del Pueblo sin tener una respuesta favorable.
Por todo esto una comisión del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y varias otras organizaciones fraternas de la CNDVS, se trasladaron a Quito el pasado 2 de mayo con el objetivo de conversar con la máxima autoridad de la Defensoría Nacional. Al llegar pidieron se le comunique al Defensor que habían venido a quedarse hasta conseguir dialogar con él. Tuvieron que esperar largo rato, varios funcionarios vinieron a atender a la comisión, pero la decisión era firme, permanecer en la Defensoría hasta hablar con el Dr. Ramiro Rivadeneira.
Así permaneció la comisión entonando consignas como «Juguemos en el bosque hasta que el Defensor esté, si el Defensor no aparece las mineras nos comerán», en alusión al papel que debe cumplir la Defensoría establecido claramente en la Constitución vigente. Al fin el Defensor bajó dispuesto a dialogar con las/los campesinos que desde distintos lugares del país se movilizaron para que se les dé una explicación de la demora en hacer conocer la resolución en torno al desacato al Mandato Minero.
Lina Solano Ortiz fue la encargada de exponer al Defensor todas las preocupaciones de las organizaciones frente a la demora que se ha dado a un asunto tan emergente, y la decisión de exigir por el pronunciamiento inmediato de la Defensoría. «No es un asunto de un mes, ni dos, vamos para los dos años de haber presentado la queja y es inaudito que la Defensoría no se haya pronunciado, más cuando se tratan de derechos fundamentales que han sido violados».
Varias representantes del Frente de Mujeres tomaron también la palabra y expresaron al Defensor que el conflicto que se vive en las comunidades es permanente y la Defensoría no puede permanecer al margen de un tema tan trascendental para el país.
Elsa Urgiles, Defensora de la Pachamama de Molleturo dijo al Defensor: «…los que llegan a un puesto ha de ser para hacer algo no sólo para ganar plata y vivir de ello, vivir del pueblo, El pueblo grita porque necesita… nuestra descendencia un día van a nacer, crecer y vivir, ¿en qué? ¿en un desierto? Nuestra Madre Tierra, la sangre de ella es las minas, si la mina no hay ¿qué suda? ¿qué suda? ¿de dónde sale el agua?… ¿dónde estamos nosotros? Estamos sobre la tierra y necesitamos vida.»
Rosío Pérez Arévalo Coordinadora del Frente por su parte manifestó: «…Vengo de la parroquia Tarqui… allí estamos siendo afectados por esta transnacional minera IAMGOLD… El domingo pasado se fueron compañeros allá y ya están allí máquinas haciendo trabajos, justo donde nace el Río Irquis, entonces de qué derechos habla la Constitución… en la quebrada Quinahuayco es donde nace el río Irquis, de donde tomamos 1400 personas el agua…» Más adelante en su intervención cuestionó: ¿de qué nos sirve un colegio del milenio que están ofreciendo en Victoria del Portete, si no vamos a tener agua? ¿de qué nos sirve una casa comunal, una cancha múltiple, si no vamos a tener agua, no vamos a tener cómo cultivar?… ¿por qué no defienden nuestras fuentes de agua en la Costa, Sierra y Oriente?…»
El Defensor del Pueblo de Ecuador por su parte primero pidió disculpas por la demora en este trámite aduciendo que se están agotando todas las fuentes de información en un tema tan delicado. Informó que se han estado realizando unas últimas gestiones a fin de que el expediente quede completo y ofreció que en 15 días se entregaría la resolución correspondiente.
La comisión se retiró luego de reiterar la importancia de que la Defensoría actúe en cumplimiento de lo que le atribuye la Constitución y no deje en la indefensión a las comunidades afectadas por mega proyectos de minería en el país.
Luego las y los delegados acordaron esperar hasta mediados de mes para convocarse a una asamblea en la cual se puedan tomar nuevas resoluciones dependiendo de lo que ocurra.