La minería es un gran negocio, nadie duda de ello. Las empresas del ramo, agrupadas en la Cámara Minera de México (Camimex), presumen que se han colocado como la cuarta actividad económica generadora de divisas en el país con 23,000 millones de dólares (mdd) en 2012, solo debajo de la industria automotriz (88,377 mdd), la industria electrónica (56,388 mdd) y la extracción petrolera (53,078 mdd).
Los mineros organizados sostienen que han sido de las ramas con más empleos creados en los últimos años para un total de 337 mil puestos de trabajo directos y 1.6 millones indirectos; además de presumirse como palanca del desarrollo con la construcción de ciudades, carreteras, ferrocarriles, comunicaciones, redes de agua potable, electrificación y difusión de tecnología. Las mineras, además, se presumen como socialmente responsables y que 80 por ciento de los asociados a la Camimex están certificados como industrias limpias.
Pero algo no checa en el discurso de los empresarios mineros y la realidad. Y esa realidad dice que el negocio minero tiene otra cara, distinta a la que difunden los empresarios mexicanos y extranjeros.
Esa otra cara del negocio minero tiene rasgos de despojo de territorios, de división de comunidades, de desastre ambiental, de perjuicios a ríos, cuerpos de agua, mantos freáticos, tierras, árboles, cultivos y frutos. La otra cara del negocio minero, lamentablemente, también está asociada a amenazas, presiones, golpes e incluso asesinatos de defensores de los derechos de los pueblos.
Hay casos recientes preocupantes. En Jalisco, el domingo 5 de mayo los ejidatarios del poblado de Tequisquitlán, del municipio de Cuatitlán de García Barragán decidieron parar la mina de la empresa china Gan-Bo Minera Internacional.
Los habitantes de este poblado de Jalisco decidieron actuar directamente debido a la ineficacia de los recursos legales que han interpuesto, así como los compromisos incumplidos de las autoridades y de la empresa china. Denunciaron que desde hace cuatro años enfrentan problemas ambientales, contaminación de mantos freáticos con dos lagunas al aire libre, daños severos a la agricultura, además de una intensa extracción de agua, indicó el presidente del comisariado ejidal, Gregorio Zamora Escobar (La Jornada Jalisco, 6 mayo de 2013).
Algo semejante ocurrió el pasado mes de noviembre en Zautla, Puebla, donde los pobladores dieron un ultimátum a la empresa china JDC Minerals para que desalojaran la mina “La Lupe”, en la comunidad de Tlamanca (Proceso, 23 noviembre 2012).
Los casos de los pueblos que paran las actividades mineras se multiplican. Pero las autoridades de todos los niveles siguen empeñadas respaldar las explotaciones mineras sin reparar en los altos costos sociales que esta actividad económica está generando.
Solo una mirada interesada podría dejar de advertir que en buena parte de las concesiones y explotaciones mineras, las relaciones comunitarias se trastocan peligrosamente debido a la división de los pobladores provocado por el negocio minero; es común además que las empresas contraten a guardias privados de seguridad que han sido denunciados como causantes de agresiones a quienes encabezan la resistencia a las mineras.
Un caso concreto es el de Mariano Abarca, líder indígena de la comunidad de Chicomuselo, Chiapas y quien fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Un informe de la agrupación canadiense Mining Watch Canada, reveló que la embajada de Canadá en el país encubrió a la empresa Blackfire, vinculada al asesinato de Abarca (Alejandra Guillén, Proceso, 6 mayo 2013).
En San José del Progreso, Oaxaca, en apenas tres meses dos dirigentes de la resistencia contra la minera Cuzcatlán, fueron asesinados: Bernardo Méndez (el 28 de enero de 2012) y Bernardo Vázquez (15 de marzo de 2012).
Las evidencias de la otra cara del negocio minero han sido suficientemente denunciadas por las comunidades que padecen este extraordinario negocio capitalista; es tiempo que las autoridades atiendan estos reclamos.