Juan San Cristóbal
La empresa Barrick Gold, ejecutora del proyecto Pascua Lama, reconoció 22 de 23 observaciones realizadas al plan de manejo de protección de aguas, con lo que arriesga una multa de hasta 10 millones de dólares. Los opositores al proyecto destacan la gravedad de las irregularidades y subrayan en la inviabilidad por su negativo impacto ambiental.
La empresa Barrick desestimó presentar una reclamación contra la Superintendencia de Medioambiente, lo que se traduce en admitir 22 de las 23 observaciones realizadas al plan de protección de aguas. Estas objeciones contemplan la construcción de obras no autorizadas y la no implementación de medidas para evitar la polución de ríos que abastecen del recurso hídrico en el Valle del Huasco.
Con esto, la estrategia de Barrick apunta a destrabar la autorización del proyecto y ahora cuenta con tres días para informar de los costos que significan las medidas de reparación. No obstante, con esto la firma arriesga la pérdida de la autorización del proyecto minero.
El director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, explicó que el accidentado procedimiento de revisión amerita la cancelación del permiso, esto al considerar que es “un proyecto paralizado primero por el Sernageomin y hoy día paralizado además como una medida precautoria del tribunal de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Y a eso tú le tienes que sumar una gran cantidad de sanciones por irregularidades por extracción ilegal de agua, por no respetar las medidas de mitigación de los glaciares, por estarlos destruyendo. Hay una acumulación de irregularidades que cualquier persona se dará cuenta de que este proyecto no se puede seguir construyendo, no se puede seguir desarrollando”.
Cuenca advirtió de una reciente visita de directivos de Barrick Gold a Chile y Argentina, países donde se ejecuta Pascua Lama, la más importante explotación de oro en el país, con una inversión que supera los 8 mil 500 millones de dólares. A su juicio, esta visita devela medidas desde la empresa para presionar a la institucionalidad ambiental.
Por su parte, el vocero del Consejo de Defensa del Valle del Huasco, Mauricio Ríos, indicó que las distintas acciones judiciales han surtido un mayor efecto que la vía administrativa.
“Estamos enfocados básicamente por el lado del juzgado, de la justicia, no de la Superintendencia. Eso es lo que a nosotros nos ha dado fruto, porque ninguna reclamación que se haya hecho a la DGA, a la Superintendencia de Medio Ambiente ha dado resultado. En cambio, los recursos de protección que se han hecho a nivel de justicia implican, por ejemplo ahora, una orden de no innovar frente al proyecto Pascua Lama. Esas son las cosas que necesitamos nosotros y la Superintendencia no está dando esas garantías”, precisó.
Desde la Superintendencia de Medioambiente no existe un pronunciamiento hasta el final del proceso, quienes derivan el informe de Barrick al Fiscal Instructor de Procedimiento Sancionatorio, quien dictaminará la sanción contra la minera.