Guatemala, 3 May (Cerigua).- El Estado de Sitio decretado por el Ejecutivo en cuatro municipios del oriente guatemalteco tiene su fundamento en la aplicación de la Ley de Orden Público, la que fue aprobada antes de las reformas a la Constitución Política de la República, por lo que la decisión gubernamental se encuentra descontextualizada y violenta los derechos individuales y colectivos de la población, afirmó el Observatorio de Pueblos Indígenas.
El pasado 1 de mayo, el Ministerio de Gobernación decretó Estado de Sitio en los municipios de Mataquescuintla y en la cabecera departamental de Jalapa, así como en Casillas y en San Rafael las Flores, en el departamento de Santa Rosa, durante 30 días.
La medida pretende resolver la situación de contingencia en la zona, por lo que las autoridades suspendieron la vigencia de los siguientes derechos ciudadanos: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de manifestación y portación de armas, entre otros.
En un comunicado de prensa, la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) lamentó los hechos violentos ocurridos el 29 y el 30 de abril en San Rafael las Flores y en la Montaña Xalapán, en el oriente del país, que tuvieron sus causas en el establecimiento de la mina San Rafael.
El Observatorio de Pueblos Indígenas destacó que el Estado de Sitio tiene características represivas y pretende deslegitimar la protesta social pacifica que han mantenido las comunidades en la zona debido a la instalación de la mina San Rafael, desde el 2008.
Un reporte del Centro de Medios Independientes (CMI) señala que unas 2 mil personas se dieron cita en Sábana Redonda el pasado lunes, a inmediaciones de la mina San Rafael, como muestra de rechazo al reciente acuerdo que firmaron cinco municipalidades de Santa Rosa y la empresa, con el aval del gobierno, de incrementar voluntariamente a 5 por ciento las regalías; la Ley de Minería establece el 1 por ciento.
A decir del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el lunes 29 en la noche, 23 agentes de la PNC se movilizaron al lugar, cuando fueron interceptados por un grupo de campesinos que los retuvieron; a las 6 horas del día siguiente, unos 2 mil agentes al mando de Gerson Oliva, Director de la Policía, incursionaron para liberarlos.
En el hecho resultaron heridos 10 agentes, dos de ellos de gravedad; un policía recibió un impacto de bala en el pecho y falleció en el lugar; grupos de personas con gorros pasamontañas irrumpieron en tres viviendas donde se hospeda personal de la mina, las saquearon y les prendieron fuego, aseguró López Bonilla.
Mujeres abogan por la estabilidad social
En un comunicado de prensa, la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán (AMISMAXAJ) expresó que las declaraciones públicas del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, en donde calificó de terroristas a quienes defienden el territorio, puso en riesgo la estabilidad social.
Las autoridades no respetaron los resultados de las consultas de buena fe, que se realizaron previo a la instalación de la minera, tampoco la libertad de protesta regulada en la Constitución Política de la República, ambos aspectos son fundamentales para la construcción de la democracia, destaca el boletín de AMISMAXAJ.
El Estado de Sitio aumentó la tensión y la resistencia comunitaria en la Montaña Xalapán, un reflejo de la incapacidad institucional para abordar los conflictos territoriales y del debilitamiento de los mecanismos que se implementan para consolidar la paz en Guatemala, señalaron las integrantes de dicha asociación.
Las lideresas hicieron un llamado a continuar con las manifestaciones de forma pacífica y para que los movimientos sociales se sumen a la defensa del territorio, que se vería afectado con las actividades de explotación minera.