por Tania Palencia Prado
Otto Pérez Molina argumenta que el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa, Mataquescuintla, Casillas y San Rafael las Flores se debe a que han ocurrido hechos graves que alteran la paz social. Sostiene Pérez Molina que quienes ponen en peligro el orden público son los vecinos que se oponen a la minera San Rafael. Y el Kaibil agrega: “no se puede admitir la violación de la ley”.
Al decretar la suspensión de derechos el Consejo de Ministros oculta maliciosamente que ha sido el mismo Estado el gran criminal en esos municipios. ¿Qué leyes ha violado el Estado? Ha violado la Ley de Minería al consentir que Tahoe Resources, propietaria de la mina San Rafael, construyera una planta industrial e iniciara excavaciones sin contar previamente con licencia de explotación. Ha violado el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental al no sancionar ni corregir a la minera por cometer los siguientes abusos:
a) Abrir su planta en medio de asentamientos urbanos;
b) Permitir el tiradero de desechos tóxicos en el arroyo El Escobal, en la cuenca alta del río Los Esclavos, poniendo así en peligro de contaminación todo el camino del agua;
c) Crear una montaña artificial y desviar el arroyo modificando el microclima porque impide que baje el agua de un lado y, del otro lado, provoca lodazales e inundaciones; y d) Incumplir con normas básicas de los
Estudios de Impacto Ambiental, tal como señalan expertos de la talla de Robert Robinson, quien ha advertido que esta mina omitió la construcción de la membrana de revestimiento en los vertederos de colas, poniendo en riesgo el agua subterránea, y pese a que hay suficiente experiencia en el mundo para saber que los errores en los vertederos suelen ser causas de riesgos graves y comunes para contaminar el agua y para matar a personas.
Todos estos actos son a su vez violaciones a derechos humanos. Hay delitos penales en su estado latente. Se violan derechos consagrados en la Constitución de la República y se pone en riesgo precisamente la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, valores que ahora esgrime el gobierno para implantar el Estado de Sitio.
Hay más violaciones a la ley cometidas por el Estado. El artículo 119 del Régimen Económico y Social de la Constitución de la República, dice que es obligación del Estado crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Ninguna condición adecuada se ha promovido. Los ministerios de Energía y de Medio Ambiente afirman por todos lados que sí hubo diálogo sobre la minera San Rafael.
Eso no es cierto. Una prueba se encuentra en el memorando que circula en internet, firmado por la viceministra de Desarrollo Sostenible, Ekaterina Parrilla, y el viceministro de Energía y Minas, Edwin Ramón Rodas Solares, donde se hace constar que el propósito de la comunicación del Estado con la gente de Santa Rosa y de Jalapa es “institucionalizar la minería”.
¿Es lo mismo institucionalizar la minería que dialogar sobre la minería? ¿Es lo mismo? Una consultora de nombre Karla Winfreed Arango Pérez fue mandatada para ir a informar a unos pocos COCODE y a prevenir a casi todos los funcionarios públicos de estos municipios para que avalen las operaciones de la minera. Nada más. Este informe tiene como fecha 30 de septiembre de 2012, doce días después de que la PNC, el ejército y la seguridad de la mina San Rafael, cercaran a unas 200 vecinas y vecinos, les dispararan por
todos lados, hirieran, golpearan a mujeres y capturaran a 11 personas, incluyendo a una anciana. Diálogo nunca ha habido. En los años 2010 y 2011 la Embajada de Canadá y la Unión Europea también llamaron a “conversar” a la gente de estos cuatro municipios y, cuando se reunieron, los delegados extranjeros regañaron a los presentes por “oponerse al desarrollo”.
El Estado, además, no ha dado ninguna respuesta a las decenas de oposiciones administrativas interpuestas legalmente por vecinos afectados y se ha negado a respetar el Código Municipal que permite hacer consultas comunitarias con mandato vinculante. Hasta existe un problema constitucional al respecto: ¿qué valor tiene consultar? Mataquescuintla, Casillas, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima han realizado consultas con un resultado promedio de 98% de vecinos en contra de la actividad minera. Así hay más de 60 consultas que están sin ser respetadas, ni atendido, ni leído, ni visto…
Es criminal que el Estado diseñe y aplique su política económica sin tomar en cuenta a la gente como autónoma, pensante y sujeta de derechos. Las empresas mineras, las hidroeléctricas y demás negocios sucios como la palma africana, la caña, el petróleo y el gas son los únicos que han tenido derechos, aunque sus operaciones pongan en riesgo derechos fundamentales para la vida de las comunidades; como, por ejemplo, el derecho al agua y el derecho a la tierra. El Estado viola la ley al permitir el despojo de tierras, cerrando los ojos y los oídos frente a las compra-ventas ilegales a favor de las empresas. Son negocios que quieren controlar los territorios y el Estado lo ha permitido porque desconoce a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas, no las valora como seres humanos, sólo busca su control; robarles agua, tierra y trabajo.
Para eso se imponen los Estados de Sitio, para romper la resistencia de los pueblos indígenas y organizaciones campesinas. Y es tan profundo este odio que el racismo ha aparecido en cada conflicto minero. El racismo es un grave delito del Estado. La misma Tahoe Resources fue la primera que acusó de terroristas a “los indios de la Montaña”, refiriéndose a la población Xinca de Santa María Xalapán. Fue Montana Exploradora quien abrió la Mina Marlin burlándose de los títulos de propiedad colectiva del Pueblo
Maya Mam de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos.
Fue la Compañía Guatemalteca de Níquel (CNG) la que ordenó a su seguridad los desalojos, la destrucción y quema de casas de la comunidad Lote 8, en El Estor, cuando 11 mujeres Q’eq’chi fueron atacadas y violadas por nueve hombres entre policías, soldados y personal de seguridad de la CNG.
El Estado abusa de su poder. Los Pueblos que se resisten y que muestran su desacuerdo se convierten en su enemigo. La ciudadanía no existe para el Estado. Siete estrategias están siendo hoy aplicadas en la minería desde el más alto nivel del Gobierno y todas están al margen de la ley: 1º. Trafica influencias, corrompe, compra voluntades y organiza negocios privados; 2º. Miente, engaña y manipula a la gente; 3º. Provoca división social, introduce grupos clandestinos para provocar líos o para cometer delitos a fin de justificar la represión; 4º Mete cizaña y comete agresiones graves contra las mujeres activistas; 5º Reprime y criminaliza la oposición social; 6º. Usa los medios de comunicación masiva para ocultar y distorsionar la realidad comunitaria; y 7º. Permite que las operaciones mineras provoquen enfermedades, daños en la agricultura, despojo de tierras; robo y contaminación del agua.
Lo cierto es que las comunidades y los pueblos indígenas quieren otra economía. Las comunidades quieren instituciones, recursos, técnicas y mercados para mejorar la producción y la venta de sus cultivos. En Santa Rosa y en Jalapa necesitan grandes apoyos para la agricultura y hoy necesitan respaldo para atacar la roya que está afectando la producción del café. Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas quieren ejercer su legítimo derecho a decidir qué tipo de desarrollo impulsan en sus territorios. Pero el Estado no tiene ley para proteger ese derecho. No tiene justicia. Lo que tiene son balas, cárceles y chicote. Lo que ofrece son Estados de Sitio.
Según la Constitución, el Congreso tiene tres días para autorizar o no el Estado de Sitio. ¿También el Congreso violará la ley al no emitir dictamen? ¿Se volverá cómplice de la militarización que piden las trasnacionales? Los Pueblos de Guatemala ya se hartaron del cincho y del eterno genocidio. La paz sólo será posible levantando con una mano todos los derechos y llamando con la otra mano a la unidad de Norte a Sur y de Este a Oeste para que el Estado por fin deje de ser gobernado por sargentos matasiete.