Guatemala

Estado de Sitio se decretó por hechos delictivos, dice Pérez

El presidente Otto Pérez Molina suma su segundo Estado de Sitio. Ayer implantó esta medida en los municipios de Mataquescuintla y la cabecera de Jalapa, en Jalapa; San Rafael Las Flores y Casillas, en Santa Rosa, donde los vecinos se oponen a la Minera San Rafael.

El mandatario aseguró que el tema minero no es el motivo principal de la restricción de las garantías. Ayer, el Presidente dijo que su decisión es resultado de una investigación del Ministerio Público (MP) que comenzó hace seis meses. “Esto permitió determinar que los hechos delictivos cometidos van desde asesinatos, secuestros y la destrucción de bienes del Estado, asociación ilícita y robo de armas”, aseguró.

Aunque el lunes 29 indicó que no descartaba “un Estado de Excepción, porque una cosa es protestar y otra es cometer estos hechos delictivos con armas de grueso calibre y robo de explosivos. Eso no lo podemos permitir”.

El Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que las primeras siete capturas fueron de personas que pertenecen a una estructura de secuestradores y sicarios. “No nos estamos yendo sobre personas que hayan aparecido contrarias al proyecto minero”, indicó.

“El asunto de la minera no es de primer orden para todo este operativo. El Estado de Sitio que estamos implantando es para restablecer el orden y cuidar la vida de los guatemaltecos”, sostuvo el Presidente.

Rechazan acusaciones

Líderes campesinos rechazaron las vinculaciones al crimen organizado que el Ejecutivo hace de la resistencia por la mina. “El Presidente tiene que deslindar y decir quiénes están involucrados en sicariato y quiénes son defensores de derechos colectivos, él tiene la certeza, pero nosotros no tenemos esa información”, dijo José Antonio Sapón, representante de los 48 Cantones de Totonicapán.

Kelvin Jiménez, integrante del Parlamento Xinca de Santa María Xalapán, Jalapa, desvirtuó que las organizaciones sociales protejan al crimen organizado. “Hay una legítima resistencia y vemos que las fuerzas de seguridad se mueven para defender una empresa que ha causado zozobra en la región”, señaló.

Durante la conferencia del Presidente se cuestionó por qué no muestran interés por los seis pobladores heridos el sábado 27 por guardias de la mina en Sabana Grande, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. “No hay ninguna comparación en lo que pregunta. Estamos hablando del asesinato de un policía mientras en la otra situación se repelía una actitud hostil donde se usaron balas de goma”, respondió Pérez Molina.

Municipios custodiados
Cuatro retenes fueron instalados en las entradas de los cuatro municipios donde ayer cobró vigencia el Estado de Sitio. Los soldados y policías inspeccionaron los buses y autos y pidieron las identificaciones de los pasajeros con el argumento de buscar armas.

Rogelio López, poblador del municipio de Jalapa, comentó que cuando lo bajaron del bus los soldados le decomisaron su machete, “el que uso a para trabajar”, declaró.

El ministro de la Defensa, Ulises Anzueto, informó que 3 mil 500 operativos militares se desplegaron por los cuatro municipios para garantizar que se cumplan los 53 allanamientos y las 33 órdenes de captura dictadas por la jueza Carol Patricia Flores.

En San Rafael Las Flores, el alcalde Víctor Morales se mostró satisfecho por los operativos militares, ya que esta medida “dará paz a la población”.

Anzueto dijo que trasladaron las tanquetas “Cusucos” para defenderse, porque tenían información de que algunos pobladores “utilizaban fusiles de asalto”.

En la cancha de fútbol de la cabecera de Jalapa se situaron unas 30 patrullas policiales, dos de las cuatro tanquetas, varios camiones militares, una carpa para albergar a los soldados y un helicóptero.

Los pobladores confesaron que se sentían intimidados por la presencia de las fuerzas de seguridad. Un vecino que pidió no ser identificado dijo que “daba la impresión que el Gobierno protegía más a la mina que a la gente”.

Rony López, jefe de la Fiscalía del Crimen Organizado, desmintió esta versión y dijo que “llevaban unos cinco meses preparando estos operativos donde puede ser que esté involucrado el narcotráfico”.