El gobierno federal reconoció por primera vez en más de dos años que instalar minas a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla traerá consecuencias negativas. Pero más que prevenir un daño ambiental se pretende evitar un estallido social generalizado en comunidades de todo el país donde se pretende abrir este tipo de industria, admitió el titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz.
El representante federal subrayó que la Secretaría de Gobernación y su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, tienen un interés especial en evitar que la violencia sea la respuesta a la oposición de los ciudadanos a minas, hidroeléctricas y gasoductos, y por tanto, los permisos de exploración y extracción que fueron entregados por la administración de Felipe Calderón a empresas mexicanas y canadienses deberán ser sometidos a una revisión a la luz de las reformas en el sector energético, privilegiando el desarrollo de las comunidades y sus habitantes, no la explotación de éstos.
Martínez Veloz expuso lo anterior en la reunión informativa que sostuvo con los habitantes de Tetela y representantes de 65 municipios de la Sierra Norte poblana que se oponen a albergar en su territorio algún proyecto de minería, hidroeléctrica, termoeléctrica y ciudad rural.
Esta reunión, organizada por la asociación Tetela hacia el Futuro, se llevó a cabo el pasado viernes en el auditorio municipal y contó con la asistencia de más de 500 personas, algunas integrantes de 30 organizaciones de la sociedad civil y activistas.
Ahí, el alcalde de Tetela de Ocampo, Marco Antonio Uribe Peña, reiteró públicamente su compromiso a que en los 10 meses que le restan a su administración la empresa Frisco, del magnate Carlos Slim y que pretende extraer oro de este municipio, no obtendrá licencias de funcionamiento, como tampoco le serán autorizados cambios de uso de suelo, lo que arrancó el aplauso de los asistentes.
En tanto, los habitantes exclamaron en una serie de discursos su rechazo absoluto a la instalación de cualquier minera en este lugar y en toda la Sierra Norte; reprobaron la consulta pública que el año pasado realizó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y advirtieron que los “proyectos de muerte” traerán “catástrofe ambiental” con la contaminación de cuerpos de agua, degradación de los bosques, tierras de cultivo, enfermedades y división social.
Martínez Veloz, ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación de Chiapas en 1994, lamentó que mientras a las empresa energéticas trasnacionales y de capital nacional se les ofrecen todas las facilidades técnicas y jurídicas para la instalación de sus negocios, el propio gobierno federal impide que las comunidades rurales y campesinas puedan obtener un libre usufructo de los recursos naturales de estos lugares, y lo anterior quedó demostrado con el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Abundó que en los últimos tres sexenios los gobiernos en turno entregaron mediante concesiones mineras 98 millones de hectáreas a empresas nacionales y extranjeras, sustentándose en datos oficiales de la Semarnat; esto es, señaló, casi la mitad del país y prácticamente la totalidad de las 115 millones de hectáreas de tierras agrícolas.
Criticó que la minería tiene un estatus de actividad económica primaria, cuando esta debería ser casi exclusivamente la producción de agua y alimentos; agregó que millones de campesinos ignoran que sus tierras ya forman parte de una concesión minera y las empresas inician un proceso de compra de tierras, pero si no acceden las compañías recurren a la expropiación.
Destacó que sólo en tres siglos, durante la etapa de la Colonia, en México se produjeron 190 toneladas de oro; en la última década, de 2000 a 2010, se extrajeron 420 toneladas de oro, que es más del doble de lo extraído en 300 años.
“Para extraer un metro cúbico de oro, es necesario destrozar 400 hectáreas de tierra; mover 119 millones de toneladas de tierra; es necesario meter arsénico, miles de litros de diesel, miles de kilos de explosivos y utilizar millones de metros cúbicos de agua para obtener esa cantidad de oro”, sostuvo.
En entrevista posterior expuso que el gobierno federal no se opone a la actividad minera, sino a los problemas que genera la minería a cielo abierto, pues algunas empresas canadienses emplean en este país normas y productos que son prohibidos en su país de origen, en Estados Unidos y en Europa.
Reconoció que algunas empresas se han acercado a la comisión que encabeza y han aceptado “la necesidad de revisar los protocolos” de acercamiento con las comunidades, aunque esto ni significa que aceptarán trabajar en proyectos productivos con las comunidades indígenas y campesinas, donde 90 por ciento de ellas padece pobreza extrema.
Finalmente, Martínez Veloz se comprometió a llevar a la Secretaría de Gobernación y a la presidencia de la República la petición de los habitantes de la Sierra Norte de cancelar permisos federales a las mineras y empresas hidroeléctricas.