El modelo extractivo que domina en México se ha consolidado en todo el territorio y se expresa agresivamente en el modelo que hoy se conoce como de minería a cielo abierto. Este tipo de minería es símbolo de contaminación y depredación del ambiente; y de violencia y desplazamiento contra las comunidades, principalmente las indígenas; por ello podemos afirmar que los proyectos mineros que invaden nuestro territorio son proyectos de muerte.
Extracción es un vocablo que proviene del latín “extrahere”, que significa tomar algo quitándolo o arrastrándolo hacia uno. Desde esa visión efectivamente, no sólo se han arrancado los recursos naturales, sino que nos han quitado nuestra riqueza natural, violado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de todos quienes vivimos en esta gran nación mexicana.
Sólo las comunidades organizadas han defendido y resistido estos embates con creatividad y constancia, ejemplo de esos procesos son los potosinos del Cerro de San Pedro y los indígenas Wirarikas y Totonacos quienes recuperando la cultura ancestral de América demuestran que los elementos de la naturaleza son el soporte de la vida, y de entre ellos el agua, el fuego, el viento y la tierra, son los fundamentales. Sus luchas son para preservar la tierra, el agua, la flora, la fauna, las comunidades y la Nación entera; son hombres y mujeres que defienden la vida.
Sabemos que:
Desde hace por lo menos dos décadas, la política extractiva minera dominante, ha producido para el país impactos negativos sociales y ambientales y se está convirtiendo en un serio factor de inestabilidad política generalizada en todo el territorio nacional. Para México ha sido magra la riqueza generada por estos proyectos, que sólo han enriquecido, a las empresas privadas, la mayoría de ellas trasnacionales y a un bloque de funcionarios corruptos que han permitido que la destrucción avance encima de nuestra Patria.
Este tipo de minería ha sido alentada y amparada por lo mismos intereses que sufragaron, entre otros, el TLCAN y el Tratado Transpacífico, así como por quienes han trastocado la legislación minera y de Inversión Extranjera; es decir por la oligarquía que representada políticamente por el PRI y el PAN principalmente, hacen de las leyes nacionales y los tratados internacionales, instrumentos a su servicio y no instrumentos para el bien de la Nación. Frente a ese manejo discrecional de la legalidad, las comunidades, las organizaciones sociales, incluso los gobiernos municipales y estatales e instituciones federales quedan en clara desventaja y casi nunca alcanzan el amparo del derecho constitucional.
Las grandes empresas extranjeras de la minería, tienen control territorial y político sobre casi un tercio del territorio nacional por medio de las llamadas “concesiones mineras”; y actúan como si fueran los dueños de la tierra, y de las vidas de los mexicanos que ahí habitan. Corrompen a funcionarios de todos los niveles y presionan a los gobiernos locales, a las poblaciones y sobre todo a las comunidades indígenas, violando los derechos municipales y estatales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho agrario, el derecho ambiental y los derechos humanos en general. Destruyen además el patrimonio y los bienes comunes ambientales, históricos y culturales.
Estas empresas mineras han generado un pasivo ambiental, es decir, una deuda por todo la riqueza ambiental destruida debido a los métodos y tecnología aplicada para el proceso extractivo. Mienten y corrompen para lograr sus “certificados de industrias limpias”, mienten y corrompen para lograr sus manifestaciones de impacto ambiental; mienten y corrompen para pagar cada vez menos impuestos; mienten y corrompen para mostrar que generan trabajo y riqueza y bienestar a nuestro pueblo;
En el Pacto por México, quienes lo firman se han comprometido para modificar la actual política, legislación y práctica minera extractivista depredadora, para hacerla aún peor.
Nuestro Movimiento Regeneración Nacional, asume lucha socioambiental en México contra el modelo extractivo como prioritaria, pues sabemos que implica defender a la Nación, entendida como Territorio, Soberanía y Población, y se suma, acompaña y apoya las luchas en contra de la minería a cielo abierto.
Es necesario y urgente:
Hacer visibles las luchas y socializar la resistencia y acción comunitaria contra la minería a cielo abierto como tarea amplia de comunicación social y educación.
Detener y revertir el despojo del patrimonio natural, social, cultural y político del país que realizan las mega empresas mineras nacionales y trasnacionales que mercantilizan los recursos y ponen en riesgo al país y al planeta.
Apoyar activamente la construcción organizativa y la solidaridad más allá de las comunidades y movimientos nacionales; hay que construir políticas regionales e internacionales alternativas socio-ambientales que tengan por objetivo la recuperación y protección de la naturaleza, de la soberanía nacional y el derecho internacional.
Impulsar una acción legislativa republicana y popular. Promover una reforma del actual marco legislativo minero, ambiental, del agua, de las contribuciones fiscales, de los seguros y primas de riesgo, y de la rendición de cuentas, entre otras; una reforma que se finque en recuperar la congruencia entre el derecho internacional y el marco jurídico nacional, destacando la dimensión de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en particular; una reforma que recupere la primacía jurídica del interés público sobre los intereses privados.
En estas luchas está nuestro compromiso como movimiento nacional y sabemos que en ellas, habremos de encontrarnos con muchos más….
MORENA
16 DE MARZO DEL 2013