Rafael Colmenares F.
Cuarenta y tres personas murieron entre 2006 y 2009, atropelladas por el tren que conduce el carbón extraído por la Drummond de la concesión de “La Loma”, en el Departamento del Cesar, hasta el puerto ubicado en las inmediaciones de Ciénaga. Así lo denunció Noticias Uno, el pasado domingo, haciéndose eco de la voz de los habitantes de la región, afectados de muchas maneras por la “prosperidad” que trae la minería.
Cada vez está más claro que la locomotora minera nos deja pocos beneficios a cambio de la destrucción de ecosistemas terrestres y acuáticos, la inutilización de varias de las mejores tierras del país, el deterioro de la salud de la población y hasta la pérdida de vidas.
La experta Tatiana Rodríguez, de Censat Agua – Viva, sintetizaba hace poco la larga lista de irregularidades que acompañan el frenesí minero de los últimos gobiernos, destacándose los siguientes aspectos:
Superposición de títulos mineros en áreas de páramos, parques naturales y otras zonas restringidas para toda actividad minera. Buena parte de las cuencas abastecedoras de agua se encuentran tituladas para la minería, actividad que genera gran cantidad de contaminantes y que, en el caso del oro, requiere del cianuro para poder llevarse a cabo. Lo anterior va en contra del derecho fundamental al agua y de la destinación prioritaria del líquido al consumo humano.
La piñata de títulos y solicitudes para minería está concentrada principalmente en dos minerales, el carbón y en el oro. El primero está destinado a la generación eléctrica, donde se constituye en el primer factor de contaminación del aire en el mundo y, por tanto, como uno de los principales motivos del cambio climático. El segundo es un bien completamente suntuario que para ser extraído requiere indispensablemente del uso del cianuro, sustancia tóxica que fue prohibida por el Parlamento Europeo en el viejo continente, “puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras”1.
Aunque se recaudaran plenamente las regalías, las exenciones otorgadas a la actividad minera en Colombia, superan en muchos casos los recursos que se quedan en el país.
La cifra que recibe anualmente el país por concepto de regalías es tan irrisoria, que es menor incluso que la que se percibe por canon superficiario. Así en 2009 se recaudaron 1,9 billones de pesos por regalías, mientras que solamente el canon superficiario debió ser de 2,8 billones de pesos.
Existe conflicto normativo entre las potestades constitucionales de los municipios para ordenar el territorio (ratificadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional) y los abusos de la ley minera que no le permite a los alcaldes excluir la minería en cuencas abastecedoras de agua y cascos urbanos.
A octubre de 2009, diecinueve resguardos indígenas se encontraban titulados para minería en más del 90% de su área. Esto viola la Constitución colombiana y varios convenios internacionales suscritos por el país.
La puerta giratoria entre directivos de empresas mineras y los más altos cargos de la institucionalidad ambiental y minera debe ser prohibida por inmoral.
La “responsabilidad social empresarial” ha servido como herramienta para ocultar la oposición a la implantación de megaproyectos mineros o, incluso, para chantajear y comprar comunidades que se resisten a los mismos. Esta figura debe ser limitada y vigilada públicamente.
Por estos días numerosos son los analistas que presentan diversos aspectos de la problemática causada por la minería, en una verdadera avalancha de argumentos que sin embargo poco conmueven a las autoridades y frente a los cuales el Presidente – maquinista guarda cómplice silencio. Son relevantes los análisis de la bióloga Sandra Villardy sobre el impacto del derrame de carbón en los “fondos blandos” del ecosistema marino2 y los de Mario Valencia3 y Álvaro Pardo4 sobre el carácter leonino, del contrato con Drumond.
Como si todo lo anterior fuera poco Colombia ha tenido que pagar 60.000 millones de pesos a la compañía carbonera mencionada, en cumplimiento de un fallo arbitral de la Cámara de Comercio de París. Los hechos traen a la memoria los más crudos relatos de los enclaves coloniales y neocoloniales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Invitan a releer “Las venas abiertas de América Latina”.
El problema sin embargo es: ¿Qué hacer? ¿Cómo se moviliza la sociedad civil para frenar la máquina de destrucción que se ha instalado en el país con la complicidad del Gobierno “Nacional”?
El Geólogo Julio Fierro Morales, en su libro “Políticas mineras en Colombia”,5 lanzado el año pasado, proponía una moratoria a la actividad minera en el país hasta que se dieran unas condiciones que garantizaran el menor impacto posible, excluyendo ecosistemas esenciales para el ciclo del agua y la bidiversidad y posibilitaran una real y efectiva regulación de la actividad.
Esta iniciativa esta siendo retomada por varias organizaciones ambientalistas como Unión Libre Ambiental, Censat – Agua Viva, el Grupo Semillas y se prepara una amplia convocatoria para desarrollarla.
No se debe olvidar, sin embargo, que la locomotora minera es un vehículo de la globalización neoliberal y que no se trata de alguna genialidad de Uribe y Santos sino de una imposición de los centros de poder económico y político mundiales. Recientemente se anunció que el Reino Unido y Japón habían priorizado un listado de minerales que consideraban estratégicos, varios de los cuales se encuentran en territorio colombiano, entre ellos el coltan. Ello obedece entre otras causas al denominado “pico de todos los metales”, es decir el declive de los yacimientos que han sobrepasado o están cercanos a sobrepasar el punto más alto de su producción y comienzan a decrecer, lo cual ha desatado una carrera frenética por el control de los depósitos subsistentes, en la cual los países occidentales compiten fuertemente con China.
En un panorama tan complejo el reto es grande para la sociedad civil colombiana: hacemos algo o nos quedaremos sin territorio sobre el cual construir una nueva sociedad ambientalmente sostenible.
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1 Aparte de la Resolución de la Unión Europea, adoptada el 5 de mayo de 2010
2 Veáse “Drummond y las debilidades de la gestión costera”, en Razón Pública, 18 de Febrero de 2013
4 Véase “Drummond: un desastre ambiental, económico y social”, en Razón Pública, 18 de Febrero de 2013
5 Julio Fierro Morales, “Políticas mineras en Colombia”, ILSA, Febrero de 2012.