De izquierda a derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez, Rocío Silva Santisteban, David Velazco y Mar Pérez.
Representantes de la sociedad civil peruana denunciaron la privatización de la Policía Nacional y la criminalización de la protesta social en la audiencia “Derechos humanos y protesta social en Perú” realizada el lunes 11 de marzo en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), recordó la cifra de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad, además de la cifra de 649 heridos brindada por la Defensoría del Pueblo.
Silva Santisteban explicó que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”.
Silva Santisteban lamentó que se haya llegado a esta situación, producto de la defensa de las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias extractivas, dado que se privilegia el modelo primario exportador como motor del desarrollo del Perú.
Por la parte civil participaron además de Rocío Silva Santisteban, Mar Pérez, directora del área DESC de la CNDDHH, David Velazco, director de Fedepaz, Mirtha Vasquez, directora del área jurídica de Grufides, y Alejandra Vicente, de CEJIL.
Por su parte, Mar Pérez denunció la vulneración del carácter excepcional de la declaratoria del estado de emergencia, figura usada en los conflictos de Conga y Espinar.
El estado de emergencia es un recurso que ha servido como el “escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y periodistas, así como un sistemático uso abusivo de la fuerza” precisó.
David Velazco enumeró una serie de normas que favorecen en la práctica la criminalización de la protesta y la impunidad, como el DL 1095, que permite el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el marco de una protesta social en contra de civiles.
Dicha norma crea un “escenario de guerra que hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esas circunstancias no se aplique el derecho internacional de derechos humanos sino el derecho internacional humanitario, pensado para la guerra” indicó.
Mirtha Vásquez hizo énfasis en las leyes que permiten alquilar los servicios de la PNP a empresas privadas, especialmente empresas mineras.
Respuesta del Estado peruano
Los representantes del Estado peruano expresaron que se viene cumpliendo los compromisos constitucionales y que el gobierno ha pasado de un enfoque de conflictividad social a un enfoque de prevención y de diálogo.
Tal alusión se hizo en referencia al cambio de denominación de la oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros que ahora se denomina Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).
Luis Huertas, en representación del Estado peruano, indicó que la sociedad civil tiene expedito el derecho de impugnar las normas que consideran lesivos a los derechos constitucionales.
Indicó que el Estado tiene mucho cuidado en decretar estados de emergencia y que éstos se adoptan para salvaguardar derechos fundamentales de la población afectados por las protestas sociales.
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