– Sala Penal Liquidadora Transitoria decidirá en 15 o 30 días si se archiva el caso o si se inicia el juicio oral contra los dirigentes.
Hoy se llevó a cabo la audiencia de control de acusación fiscal que determinará si se inicia juicio oral a los acusados por los hechos del “Baguazo”. Para Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que patrocina la defensa de tres de los 53 indígenas procesados, la Fiscalía Superior de Bagua demostró una vez más que no existen pruebas para el inicio de un proceso oral.
La Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua que investiga el caso, ocurrido el 5 de junio del año 2009, escuchó hoy los argumentos de titular de la Fiscalía Superior de Bagua, Edwin Humberto Vargas Daza.
Según el abogado de IDL, Vargas Daza demostró hoy que el Ministerio Público carece de medios probatorios para acusar a los dirigentes nativos de asesinar a 12 policías y ocasionar lesiones graves a otros 18 efectivos de la “Curva del Diablo”.
Para sorpresa de muchos y ante la evidente ausencia de argumentos, explica Quispe, el fiscal superior acusó a la Sala de ser ésta la que lo obligó a acusar a los nativos.
Organizaciones indígenas se pronunciaron sobre la acusación contras sus líderes, pidieron así que se las investigaciones apunten a hallar a los verdaderos responsables de los trágicos hechos que terminaron con la vida de indígenas y policías, y dejaron un desaparecido.
Los fallidos argumentos del fiscal
Es preciso recordar que el fiscal superior adjunto de Bagua, José Espichán Gadea, fue quien planteó la acusación contra los nativos pidiendo así condenas mayores a los 30 años de cárcel e incluso cadena perpetua. Pero fue el titular de la fiscalía quien se encargó de sustentar el pedido.
Es así que esta mañana Vargas Daza se presentó ante la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua, que preside el magistrado Gonzalo Zabarburú Saavedra, en una performance que dejó a más de uno con la boca abierta.
Para el fiscal superior de Bagua, explica Juan José Quispe, no es necesario presentar pruebas para ir a un juicio oral, así como tampoco es necesario –para acusados por homicidio calificado –individualizar la conducta típica de cada judicializado.
Estas afirmaciones no fueron bien recibidas por los abogados que defienden a los indígenas procesados que vieron en sus declaraciones una falta de conocimiento de lo que manda el Código Procesal Penal vigente, además de otras normas.
Cabe destacar, como lo señaló el IDL en un comunicado, que para imputar la categoría de autor de un delito es preciso acreditar pruebas como el testimonio sólido y directo que incrimine al acusado con los delitos instruidos.
Asimismo, debe existir una prueba videográfica que permita establecer con claridad el momento en que se observa al autor cometiendo el delito o una prueba pericial que acredite científicamente quién es la persona que directamente consumó los tipos penales por los cuales se le procesa, entre otras pruebas.
Pero lo más grave de todo lo afirmado por Vargas Daza llegaría después, cuando acusó a los miembros de la Sala –que en la fecha a la que hacía referencia estaba ocupado por otros magistrados– de ser ésta la que lo obligó, mediante una resolución, a acusar a los nativos.
Sobre este punto, el abogado de IDL recalcó la gravedad de las palabras del fiscal que aluden a una intromisión de poderes. “Al fiscal superior no le ordena el Poder Judicial”, señaló Quispe.
Recordó así que si la Sala Liquidadora de Bagua ordenó algo “no era que ordenara acusar, porque el fiscal puede acusar o archivar el caso. Sobre todo si no hay pruebas contundentes contra los líderes de las comunidades indígenas”.
El abogado de IDL sostuvo finalmente que la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua decidiría en 15 o 30 días el archivo o el inicio de un juicio oral contra los dirigentes procesados por el denominado “Baguazo”.
Manifestaciones en apoyo a líderes indígenas continúan
Ayer, el Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (Fredesaa) y otras organizaciones indígenas acataron un paro de 24 horas en apoyo a los dirigentes indígenas y al presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango Chota, quien se encuentra entre los acusados por los hechos en Bagua.
En Yurimaguas, capital de esta provincia, en horas de la tarde se desarrolló una marcha por las principales calles de la ciudad. Desde temprano en los centros de abastos y en el puerto principal no hubo actividad alguna.
En ese mismo sentido se expresaron esta mañana las bases de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) quienes elevaron su reclamo y exigieron justicia frente a las acusaciones contra los 53 dirigentes indígenas, y consideraron el hecho de “persecutorio, arbitrario e inaceptable”.
El Consejo Directivo de la Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU, base regional de la Aidesep, que agrupa a 15 pueblos indígenas de la región Ucayali y 12 organizaciones distritales, también se pronunció.
Ellos exigieron a la Corte Superior de Justicia de Bagua, los absuelva a sus hermanos indígenas y se sancione a los verdaderos responsables. Señalan así que estarán a la expectativa que no se vulnere los derechos de “nuestros hermanos y estaremos respaldando las acciones en defensa de su libertad”.