Un accidente en una presa de residuos minerales de la compañía Peña Colorada afectó viviendas y manantiales de varias comunidades en los límites de Jalisco y Colima. Sin embargo, los conflictos interestatales son el pretexto de las autoridades de ambas entidades para no atender las denuncias de los pobladores, que en la opinión de ambientalistas y defensores de derechos humanos están en peligro por la contaminación que genera impunemente la minera.
Sin respuesta de autoridades estatales y federales a la denuncia de los perjuicios ocasionados por un derrame de desechos de la mina Peña Colorada en septiembre pasado, habitantes de comunidades nahuas de la Sierra de Manantlán preparan un juicio de amparo por violaciones al derecho de petición, advierte Óscar González Garí, representante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH).
Narra que el 23 de septiembre pasado, tras la ruptura de tres cortinas de una presa de residuos minerales, sufrieron daños algunas viviendas de las comunidades Los Potros y El Puertecito de las Parotas, además de que alrededor de 450 familias de poblados como El Mameyito, San Antonio, Changavilán, Las Maderas, Rancho Quemado y La Piedra resultaron afectadas en la infraestructura de caminos o la pérdida de sus manantiales de agua potable.
Ante esta situación, habitantes de la zona interpusieron el pasado 15 de octubre una denuncia ante 14 autoridades de Jalisco, Colima y federales, con el fin de que se investiguen los hechos y se obligue a la minera a pagar los daños.
La denuncia fue presentada, entre otras instancias, ante la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía, Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Estatal Indígena de Jalisco, así como las delegaciones estatales en Jalisco y Colima de la Semarnat, Profepa y Conagua, pero según González Garí, hasta la fecha los afectados no han recibido respuesta de ninguna dependencia.
Los denunciantes, entre quienes se encuentran Esteban Guzmán Pulgarín, José Luis Ramos Gerardo y Olivia de los Santos Rosales, demandaron investigar la responsabilidad penal, civil y ambiental del Consorcio Minero Peña Colorada en ese desastre, informar el estado jurídico actual de las concesiones mineras otorgadas, ratificadas o ampliadas a esa empresa, así como investigar si ésta contaba con las autorizaciones legales y administrativas para levantar y operar los tiraderos de desechos industriales colapsados.
Además, pidieron que se verifique si se realizaron las supervisiones necesarias para evaluar la calidad del material empleado en la construcción de las tres cortinas de los tiraderos.
Igualmente solicitaron a la Secretaría de Gobernación enviar una brigada de protección civil para evaluar los daños ocasionados a las poblaciones, decretar emergencia ambiental y destinar recursos del Fonden para que los habitantes desplazados por el siniestro puedan subsistir y reparar los daños ocasionados por la empresa minera.
El representante de la RJDH comenta que no hubo víctimas debido a que, ante la intensificación de las lluvias, las familias de Los Potros y El Puertecito de las Parotas desalojaron la zona por iniciativa propia antes del 23 de septiembre y se refugiaron en comunidades aledañas.
Tras el colapso de las cortinas de la presa de desechos, describe Óscar González, se formaron dos aludes que afectaron estructuras de algunas viviendas, provocaron la muerte de animales domésticos y cubrieron manantiales que abastecían de agua potable a comunidades como El Mameyito, donde resultaron perjudicadas 18 familias.
González Garí denuncia que recientemente representantes de Peña Colorada han presionado a los habitantes de Los Potros, El Mameyito y Puertecito de las Parotas para que abandonen sus tierras, debido a que esa zona forma parte de una superficie de 801 hectáreas rentada por el ejido Ayotitlán a la minera para que ésta deposite sus desechos industriales.
De acuerdo con el representante de la RJDH, esas comunidades están siendo víctimas del convenio firmado por la dirigencia ejidal –asesorada por la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara– con la empresa, aunque no fueron consultadas para firmarlo.
En este sentido, considera que la UdeG se encuentra implicada en esta situación violatoria de los derechos humanos de las comunidades de esa zona, por lo cual los afectados promoverán también un juicio de nulidad para tratar de dejar sin efecto el acuerdo entre el ejido y la empresa minera.
Compra de voluntades
Al respecto, el responsable del área de Justicia de la UACI, Jaime Hernández Lamas, advierte en entrevista que si bien la asamblea ejidal ya aprobó la incorporación de las 801 hectáreas para el tiradero de desechos y esta superficie se le rentó a la mina, aún no se ha hecho uso del terreno porque las autoridades correspondientes no han expedido la autorización en materia ambiental.
La asesoría brindada por la UACI al ejido, precisa, se centró en el análisis documental y en el estudio de las afectaciones que podrían derivarse del uso de las tierras para la recepción de residuos de la mina, con el propósito de definir cuál cantidad es la justa a cambio del desastre ecológico, aunque “es prácticamente imposible poner un precio a eso, pero se hicieron consideraciones de tipo económico”.
Recuerda que en 1998 se suscribió un primer contrato de ocupación de un terreno para tiradero que establecía condiciones totalmente ventajosas para la mina, pues sólo se había comprometido a pagar un millón y medio de pesos por 30 años de uso, pero 10 años después la nueva dirigencia ejidal logró renegociar el contrato, por el que el ejido actualmente recibe siete millones y medio de pesos anuales.
Esta cantidad podría crecer a 22 millones o 24 millones por año si se aprueba finalmente la incorporación de las 801 hectáreas acordadas recientemente entre ejidatarios y la minera.
En relación con la superficie que se vería perjudicada, Hernández Lamas aclara que el proyecto inicial propuesto por la empresa sí afectaba principalmente la cuenca hidrológica de El Mamey, donde se encuentran comunidades como El Mameyito, San Antonio, Changavilán y otras, pero después de un recorrido en campo se excluyó esa área y se le dejó como zona de amortiguamiento, con el fin de que hubiera la menor afectación posible.
El problema, explica, es que se trata de una zona de conflicto limítrofe y la regulación en materia ambiental es diferente en los estados de Jalisco y Colima. “De hecho en esa zona, en el ordenamiento territorial de Jalisco no está permitida la actividad minera, pero en Colima no solamente está permitida, sino que la promueven e impulsan el desarrollo minero en esa región, esto es parte del conflicto que hay entre límites, por eso la empresa minera se carga con las autoridades que sí le vayan a autorizar, en este caso de Colima, aprovechando esa indefinición”, comenta Jaime Hernández.
La actividad minera, añade, es la principal amenaza que tienen actualmente la Reserva de la Biósfera de Manantlán y las comunidades indígenas, pues las empresas que operan en la región, grandes y pequeñas, lo que hacen es dar migajas a la gente, ofreciéndoles supuestas ventajas.
“Es muy difícil ahorita controlar esa actividad –dice– porque la autoridad responsable en materia ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no está actuando, mientras que la Secretaría de Economía otorga los títulos de concesión y no revisa en qué zona están. Es bastante grave el problema, porque las autoridades no están controlando la actividad como debieran, y por otro lado, la gente en su necesidad les abre la puerta por cualquier cosa y no reflexiona en el daño que se les viene después”.
Hernández Lamas señala que la asesoría brindada por la UACI al ejido Ayotitlán fue para hacer notar a los campesinos las desventajas de permitir a Peña Colorada que deposite sus desechos en estas tierras.
“Nuestra intención era que no se rentara el terreno, todo estaba encaminado para abrirle los ojos a los ejidatarios, pero le ofrecen reparto directo de dinero a la gente y ante eso no puede uno hacer nada. La primera vez que lo aprobaron se repartieron tres millones de pesos de manera directa y es muy difícil pelear contra la necesidad de las personas”, refiere.
Contaminación letal
Esperanza Salazar Zenil, coordinadora de la agrupación ambientalista Bios Iguana, dice que si bien la minera Peña Colorada ha dicho que no contamina porque no utiliza químicos para extraer el hierro, sus detonaciones arrojan grandes cantidades de roca que entran en contacto con el aire y el agua, liberando una gran cantidad de tóxicos como arsénico, cadmio, plomo y zinc, que son materiales muy dañinos, tanto para los seres humanos como para la biodiversidad en la región.
“No tenemos datos exactos de cuál es el daño real que está causando a la población porque no hay estudios de salud al respecto, pero seguramente las afectaciones han sido principalmente en la piel, problemas respiratorios, de los riñones y de cáncer”, advierte.
A juicio de Salazar Zenil, el problema es que la minera está ubicada justamente en la zona de conflicto limítrofe y considera que ni las autoridades de Colima ni las de Jalisco van a hacer un estudio sobre los daños a la salud.
“Las autoridades colimenses están totalmente involucradas con la mina, pero no solamente las de Colima, sino también las autoridades federales, ya que la Profepa ha dado reconocimientos a Peña Colorada como industria limpia, y es imposible que una mina pueda tener un reconocimiento de ese tipo; esto es falso totalmente”.
Sin embargo, la defensora del ambiente considera que el estudio de salud no sólo se requiere en las comunidades aledañas a la mina, sino también en Manzanillo, que si bien está alejado, presenta síntomas de contaminación muy serios.
“La mina –indica– está sacando casi 16 mil toneladas diarias de fierro, las transporta en ductos con agua y hay que ver a dónde está yendo a dar este líquido; se están contaminando diariamente miles y miles de metros cúbicos de agua, que están yendo a dar a Manzanillo y no tienen ningún tratamiento”.
De acuerdo con Esperanza Salazar, la empresa minera está rompiendo el tejido social de la zona, pues interviene en los asuntos políticos de las comunidades, impone a su gente y empieza a dividir a la población.
“Por un lado hay gente que dice sí a la mina porque le están dando recursos o mínimo tiene un empleo y, por otro lado, hay gente inconforme porque ya la producción de cultivos no está teniendo un resultado como antes y esto va en detrimento también de su salud: ya no se alimentan con animales silvestres porque están desapareciendo. Y se están quedando también sin biodiversidad vegetal”.
Sobre el derrame de desechos mineros que afectó a varias comunidades, Salazar destaca que esto fue totalmente silenciado por las autoridades, mientras que la Profepa no ha dado ningún resultado ni ha contestado la denuncia.
Advierte que ese hecho puede caracterizarse como un ecocidio y que autoridades como la Comisión Nacional del Agua y la Profepa tendrían que valorar cuáles son los daños para que la empresa responsable los repare, “aunque nosotros en este tipo de situaciones podemos decir que muchas veces los daños ya son irreversibles, ya no hay manera de recuperar la biodiversidad y la vida que se está perdiendo en esa zona. Pero cuando menos que se diga”.