A 7 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, el gobierno federal tiene pendientes reformas a la Ley de Minas y la posibilidad de efectuar un nuevo estudio para saber si las condiciones de la mina permiten ya la recuperación de 63 cuerpos que allí permanecen.
Desde octubre de 2007, cuando el Foro Consultivo Científico y Tecnológico presentó los resultados del dictamen técnico que contrató la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sobre las condiciones de seguridad y salud que prevalecían en la mina, elaborado por un panel internacional de expertos, las autoridades no han vuelto a analizar la posibilidad de rescatar los cuerpos, como demandan las familias de los mineros muertos.
Ayer, en la marcha convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, la exigencia seguió viva: rescatar los cuerpos que quedaron atrapados en mina donde ocurrió el accidente el 19 de febrero de 2006 y donde fallecieron 65 trabajadores.
Familiares de las víctimas que se encuentran en la ciudad de México informaron que esperan respuesta del gobierno federal a la carta que enviaron en enero pasado para pedir de nuevo el rescate de los cuerpos.
Si bien en 2007 el panel de expertos internacionales que trabajó bajo la coordinación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico aconsejó «no autorizar el ingreso a la mina» de Pasta de Conchos, por las condiciones de seguridad e higiene que entonces prevalecían, también consideró la posibilidad de que posteriorimente pudiera realizarse el ingreso.
En su informe final se lee: «De revertirse sustancialmente las condiciones descritas en este dictamen, mediante la realización de obras y trabajos pertinentes, sería preciso llevar a cabo una nueva evaluación de las condiciones de seguridad e higiene en la Unidad Pasta de Conchos, y de esa manera determinar la viabilidad de un ingreso seguro a la misma».
Nada ha ocurrido al respecto. Desde que ocurrió la tragedia, el compromiso de las autoridades ha sido mejorar las condiciones de trabajo en las minas del país. En el sexenio pasado el gobierno federal emitió reformas al reglamento a la Ley Federal de Minas, en octubre de 2012, y una norma federal (NOM 032) elaborada a partir de la tragedia en Pasta de Conchos.
La administración actual, por su parte, tiene pendientes otros cambios a la legislación minera, prometidos por el actual secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
De acuerdo con la dependencia, las reformas que proponen tienen tres ejes: cambios en el sistema de recaudación, mecanismos de beneficio para las comunidades cercanas a las minas y certeza jurídica a los inversionistas.
De la seguridad, nada.
No obstante lo anterior, el punto 61 del Pacto por México establece el compromiso de impulsar una nueva ley de explotación minera, para transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable.
El documento expone: «Se expedirá una nueva ley para la explotación minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones».
Además, «se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector».
Hasta ahora, sin embargo, no ha habido medidas claras en ese sentido, afirma Genaro Arteaga Trejo, secretario de Asuntos Políticos del sindicato minero, quien también insistió en la recuperación de los cuepos que permanecen en la mina y anunció una serie de asambleas en el país para respaldar la demanda de las familias.
También, dijo, enviaremos cartas a todos los órdenes de gobierno, para exponer la situación en la que todavía se encuentran los trabajadores mineros en el país y exponer demandas específicas.
Hay que recordar que en la Cámara de Diputados hubo incluso una iniciativa de ley presentada por el PRD para el rescate de los 63 cuerpos de mineros atrapados en Pasta de Conchos.
En el texto propuesto se lee: «La posición del gobierno federal sobre el rescate de los cuerpos de los mineros víctimas de la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, es que ni la STPS, ni la Secretaría de Economía, ni dependencia alguna o entidad del gobierno federal tienen competencia para llevar a cabo las acciones necesarias para el rescate de los restos mortales, con independencia de la responsabilidad solidaria de Grupo México». No prosperó.
Cristina Auberbach, representante de la Pastoral Laboral, y familias de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, recordaron que la experiencia trágica en la mina de Sabinas no previno los accidentes fatales, pues éstos han cobrado la vida de al menos 159 mineros fallecidos de 2006 a la fecha.
«Deben suspender de inmediato el modelo de extracción de carbón por medio de tiros verticales (pocitos) impulsado por el Estado desde la década de los 70 para establecer modelos de extracción más seguros, productivos y controlables», manifestaron.
Recordaron además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está pendiente la resolución de la querella que presentaron contra el gobierno mexicano por el accidente en la mina.
Los familiares y las organizaciones que los han acompañado informaron también que el miércoles 20 de febrero se reunirán con senadores de la República para retomar la iniciativa para formar una comisión nacional reguladora del carbón.
Mañana, en el marco de la campaña Por una Cuerda de Vida para los Mineros del Carbón y sus Familias, los familiares de Pasta de Conchos llevarán a cabo una misa frente a las instalaciones de Grupo México, en la Ciudad de México y una marcha que partirá del Monumento a la Revolución al Zócalo, donde la principal demanda seguirá siendo el rescate de sus muertos.