Demandamos una seria y profunda investigación de estos hechos con los que, una vez más, se pretende acallar a quienes luchan por la defensa de la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos de las comunidades, así como solicitamos a las autoridades del Estado tomar las medidas de protección para Nicanor Alvarado.
Exigimos también las garantías del caso para la vida de los miles de defensores del medio ambiente de todo el país, pues actos como el ocurrido en Jaén se han convertido en una constante y es la fórmula a la que recurren los grupos de poder para silenciar a los ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Del mismo modo, expresamos nuestra protesta por la decisión arbitraria del fiscal provincial de Cajamarca, Fredy Gómez Malpartida, quien ordenó el archivamiento definitivo de la denuncia por espionaje que fue presentada por el padre Marco Arana, miembro de Grufides y reconocido defensor de los derechos de las comunidades afectadas por las actividades mineras de la empresa Yanacocha en Cajamarca.
Esperamos la reconsideració n del caso pues las pruebas presentadas por los integrantes de Grufides y por los medios de comunicación ameritan que la demanda siga su curso y se sancione ejemplarmente a los responsables de estos actos intimidatorios.
En manos de las autoridades está el impedir que continúen actuando impunemente quienes pretenden silenciar las voces de aquellos que al igual que el padre Marco Arana en Cajamarca y Nicanor Alvarado en Jaén luchan por proteger el medio ambiente.
Por todo reiteramos nuestras exigencias de no permitir más la impunidad y que se brinden las garantías para los líderes de las organizaciones de comunidades afectadas por la minería y los activistas de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
Lima, 5 de Febrero del 2007.
Consejo Directivo Nacional CONACAMI PERU