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13 de marzo de 2009
Mediante un comunicado dirigido a todo su personal, Doe Run Perú, ha señalado que atraviesa por dificultades financieras derivadas de la crisis económica mundial y que ello viene afectando el normal funcionamiento del complejo metalúrgico.
La empresa norteamericana informa que no cuenta con capital de trabajo y señala que viene tratando de encontrar soluciones a esta problemática. Como era de esperarse, hacen mención que requerirán de la flexibilidad necesaria para cumplir con el último proyecto PAMA consistente en completar la construcción de la Planta de Acido Sulfúrico de Cobre y del Reactor de Cobre, en el menor tiempo posible y de acuerdo a ley. La estrategia de la empresa sigue siendo la misma; es una historia que se repite y un argumento que fue utilizado hace algunos años para lograr la prórroga del PAMA: alegar problemas económicos que justifiquen el incumplimiento de los compromisos ambientales que están orientados a mejorar la grave situación ambiental y de la salud de los pobladores de La Oroya.
Hoy en día, encuentran una justificación en la crisis financiera. Sin embargo, se recuerda que mientras en el Perú argumentaban que tenían problemas financieros, continuaron enviando remesas a su casa matriz generadas de sus operaciones en La Oroya y Cobriza. Mientras tanto, en el Perú incumplían de manera reiterada sus obligaciones ambientales. Otra información que ha venido circulando en algunos medios de comunicación[1] es que se estarían haciendo gestiones para que COFIDE avale un crédito que evite que DRP entre en insolvencia.
Este es un tema que debería precisarse y ventilarse: de ser cierto, volvería a presentarse una situación en la que nuestras autoridades intervienen[2] en favor de una empresa que viene incumpliendo de manera reiterada sus compromisos ambientales, precisamente en una zona donde existe un grave problema de salud pública.
[1] http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/darian-otra-prorroga-ambiental-doe-run/20090313/258374
[2] Recordemos que en una sesión de una comisión del Congreso, el Presidente del Consejo de Ministros Jorge Del Castillo, aceptó haber enviado una carta el 31 de octubre del año 2007 al embajador de los Estados Unidos en el Perú.
En la misiva, el Presidente del Consejo de Ministros, solicitó la intervención del Departamento de Estado para que la justicia de ese país no procese la denuncia interpuesta por dos religiosas contra Doe Run Resources (matriz de Doe Run Perú), por los problemas respiratorios ocasionados a 137 niños de La Oroya. La explicación que dio Jorge del Castillo fue que el caso ponía en riesgo el Tratado de Libre Comercio, señalando que actuó en defensa de los intereses nacionales y de nuestra autonomía judicial.
Resulta bastante contradictorio que se refiera a «intereses nacionales» cuando está de por medio la salud de 137 niños que sufren las consecuencias de las actividades de DRP.