por Adazahira Chávez
México es el décimo productor mundial de oro, pero ese “honroso” lugar tiene su precio: destrucción de reservas naturales, despojo de territorios y producción de desechos tóxicos son sólo una parte de él.
Craso el Triunviro, político romano que derrotó al rebelde Espartaco, murió cuando fue obligado a beber una copa de oro fundido como símbolo de su ambición desmedida; en Tailandia, las ofertas más exclusivas de los spa llevan mascarillas de oro; a Victoria Beckham, el marido le obsequió un vibrador de oro y diamantes; en los decomisos contra los grandes narcos mexicanos, nunca falta un arma chapada en oro.
Este metal, excelente conductor de electricidad y símbolo de estatus, compromiso o perdurabilidad, siempre ha fascinado a las sociedades. Y en México deberíamos estar de plácemes pues se está extrayendo más oro que nunca antes en la historia.
Pero no todo lo que brilla es oro. Muchas más historias se mueven alrededor de este precioso mineral: agotada la mayor parte del oro en veta –ése que se extrae de forma subterránea, con mineros en grandes túneles- lo que queda es metal disperso, mezclado con la tierra. Para sacarlo se recurre a la extracción a cielo abierto o tajo abierto.
En este método, la tierra se mezcla con grandes volúmenes de agua y sustancias para separar el oro, como el cianuro; cerca del 90 por ciento del oro extraído en el mundo se obtiene de esta manera, advierte el periodista estadunidense David Bacon. En México, de los cerca de 70 proyectos que están en producción, al menos 25 operan con megaminería a cielo abierto, informa el investigador Juan Carlos Ruiz Guadalajara.
Organizaciones de ecologistas, académicos y habitantes afectados por las minas (como el Frente Amplio Opositor, FAO, en San Luis Potosí; La Vida o La Mina, en Veracruz; o la Red Mexicana de Afectados por la Minería) denuncian algunas consecuencias del tajo abierto.
Por cada gramo de oro producido, queda una tonelada de tierra con cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo y otros metales pesados, que por siglos contaminará el aire y los mantos de agua.
Donde antes había ecosistemas complejos quedan cráteres enormes donde la flora y fauna no se regeneran.
La economía local, lejos de mejorar, es afectada. Se pierden tierras para cultivo y la presencia de minas ahuyenta al turismo.
Se consumen enormes cantidades de agua: la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, zona desértica, utiliza 32 millones de litros al día. Aunque a veces se recicla una parte, no hay ninguna garantía de que esa agua sea segura.
Además, la creación de empleos es una promesa incumplida porque la minería a cielo abierto no requiere de grandes cantidades de obreros; se utilizan, básicamente, máquinas y sustancias químicas.
Para el abogado y teórico indígena Francisco López Bárcenas, “se despoja a todos los mexicanos; las mineras se llevan el material y nos dejan un ambiente destruido, tierras contaminadas y población con enfermedades. La inmensa mayoría de los afectados son pueblos indígenas, y las beneficiadas son las transnacionales”. En junio de este año, comunidades afectadas por Goldcorp en Guatemala, Honduras y México realizaron un tribunal popular contra la empresa por los daños causados a su salud.
Los nuevos conquistadores
La producción de metales en México se disparó en 2010; para 2011, su valor superó los 20 mil millones de dólares y llegó al tercer lugar entre los sectores productivos de nuestro país, según datos de la Cámara Minera de México (CAMIMEX). La mitad del valor de esa producción la dan los metales preciosos.
México es tercer país en el mundo que da mayores ventajas para la inversión minera, y ocupa el décimo lugar mundial entre los productores de oro. El oro extraído entre 2000 y 2010 (419 mil 097 kilogramos) duplica fácilmente a la cantidad extraída durante 300 años de Colonia española (191 mil 825 kilogramos).
Entre las mineras de oro más grandes está sólo una empresa mexicana, Grupo Bal; fuera de ella viene la aplanadora canadiense: Goldcorp, la mayor extractora de oro en México, y la tercera, Agnico Eagle Mines, también canadiense; más abajo están US Gold Corp, la australiana Cerro Resources y Argonaut Gold, canadiense. Las minas que más producen son La Herradura, en Sonora (de la británica Fresnillo PLC), y Los Filos, en Guerrero, de la Goldcorp.
Esta industria es muy rentable. Mientras producir una onza de oro le cuesta un poco más de 300 dólares, su precio en el mercado superó los mil 700 dólares, con lo cual la ganancia por onza es de más de mil dólares.
Además, a diferencia de la mayoría de los países, en México las mineras no deben pagar regalías por su producción, sino solamente por la concesión de terrenos para explotar: entre cinco y 111 pesos por hectárea. Ya el 30 por ciento del territorio nacional está concesionado para megaminería.
Carlos Fernández-Vega, periodista especializado en temas financieros, informa que en el 2010 los ingresos fiscales por las concesiones rozaron los 20 millones de dólares, mientras que los empresarios mineros obtuvieron ingresos por más de 15 mil millones de dólares.
Despojo y resistencia
Durante el sexenio de Carlos Salinas se abrieron las puertas a la megaminería: se permitió la venta de tierra en propiedad social (comunal y ejido) y se reformó la Ley Minera para considerar a la minería actividad de utilidad pública, preferente a cualquier otra (como la producción de alimentos o el consumo humano del agua) y libre de contribuciones estatales o municipales.
López Bárcenas explica que un campesino que rente sus tierras por 30 años prorrogables –la forma preferida de las mineras- no volverá a usarlas en sus labores porque se las entregarán totalmente destruidas.
Muchas veces, las minas se asientan en lugares de gran valor histórico o natural, y aunque el gobierno tiene la obligación de proporcionar información suficiente y consultar a los pueblos afectados, pocas veces sucede así.
La minera San Xavier, en el cerro San Pedro de San Luis Potosí, es un ejemplo perfecto. La empresa New Gold está a punto de acabarse el cerro, patrimonio histórico y símbolo del estado, en tan sólo cinco años de operación ilegal. El FAO logró desde 2004 la anulación definitiva de los permisos de operación, pero la mina “comenzó a operar desde 2007 sin ellos”, denuncia Ivette Lacaba, integrante del Frente. Después de un largo proceso legal en el que se ratificó cuatro veces la anulación, finalmente en mayo de 2012 se ganó la sentencia definitiva, que ordena cerrar la mina en 20 días, pero ésta “aún sigue abierta y operando”, informa Lacaba.
El cerro, oficialmente zona de restauración de vida silvestre, está a menos de 20 kilómetros de la capital del estado. El polvo de las operaciones de la mina “se va directamente a la ciudad y causa enfermedades”, y animales endémicos de la zona han desaparecido; además, la comunidad La Zapatilla fue desplazada para construir los patios de lixiviación. “Se generaron 150 empleos por subcontratación, y sólo unos 10 para gente de la comunidad, mal pagados y sin prestaciones”, que durarán lo que el proyecto: 13 años, denuncia Ivette, y agrega: “Es un ejemplo de impunidad, de que la vía legal no está sirviendo; ahora intentamos reunirnos con otras comunidades e informarles lo que implica la minería de oro y plata”.
Un camino parecido sigue la mina Caballo Blanco, de Goldgroup, que se construye en Actopan y Alto Lucero, en Veracruz. Ubicada en una zona rica en animales y plantas cerca de la central nuclear de Laguna Verde, enfrenta una suspensión estatal pero no la federal. La empresa ya comenzó las excavaciones, mientras que los opositores, agrupados en el Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica, sostienen iniciativas legales y de contrainformación.
En Wirikuta, territorio huichol, además de los proyectos de plata se encuentra una empresa filial de la canadiense West Timmins Mining, que quiere iniciar un proyecto de explotación de oro en El Bernalejo, sitio sagrado para los indígenas wixaritari. Este lugar es territorio indígena y está en el tercer desierto con mayor biodiversidad del mundo; es Reserva Ecológica. La empresa, ligada a Gold Group, se aprovecha de la pobreza que ha traído la escasez de lluvia para dividir a los pobladores.
El pueblo wixárika lanzó una ofensiva mediática y de movilizaciones para exigir la cancelación de las concesiones y su derecho a la consulta, apoyado por Aho, un colectivo de artistas como Rubén Albarrán y Roco Pachukote. Aunque gobierno y empresa han anunciado la creación de una “reserva minera”, el frente Tamatsima Wa Haa informa que “siguen vigentes las 79 concesiones mineras que existían, ocupando las mismas 98 mil hectáreas, que constituyen el 70 por ciento del Área Natural Protegida de Wirikuta”.
¿El fin del oro?
Organizaciones ecologistas han delineado medidas para una extracción menos dañina del oro. Nodirtygoldlas enumera en su informe “Dirty Metals: Mining Communities and the Environment”: respetar derechos humanos básicos, incluidos los indígenas; dar condiciones laborales seguras; abstenerse de proyectos que no tengan consentimiento libre, preferente e informado de las comunidades; dar información completa sobre los efectos de los proyectos; permitir supervisiones independientes de su manejo; permanecer fuera de áreas protegidas y no tirar los desechos en los cuerpos de agua, entre otras.
“Ha llegado el tiempo de reformar nuestra ‘economía del metal’”, sentencia el informe. “Debemos cambiar la forma en que producimos los metales, encontrar cómo usarlos de una manera más eficiente y seguir usando los que ya están en circulación; las operaciones de extracción más importantes deberían realizarse en depósitos de chatarra y en centros de reciclaje, no en reservas naturales y tierras indígenas”.
Para Ivette Lacaba, lo mejor sería “acabar con esta enfermedad por el oro”. De toda la producción, menciona, el 75 por ciento se usa para joyería; un 20 por ciento, para bolsas de valores, y menos del 5 por ciento para la industria médica y electrónica. “En el mundo ya existe suficiente oro circulando para cubrir las verdaderas necesidades; la opción es reciclar el que ya existe y acabar con este fetiche del poder”.