Siguiendo el ejemplo de Australia, en 2011 y 2012 varios países aumentaron sus impuestos mineros, mientras que otros comenzaron a evaluar dicha posibilidad. Esta tendencia busca maximizar los beneficios fiscales derivados de recursos naturales que están pasando por un buen momento. Chile no estuvo al margen de esto, e incluso para muchos no sería sorpresa que esta idea vuelva a plantearse.
Por Jéssica Esturillo O.
En 2010 el gobierno australiano impulsó un impuesto para gravar los retornos extraordinarios o super profits de la minería. Los especialistas dicen que esta decisión marcó un hito dentro de una tendencia que dos años antes comenzó a propagarse por casi todos los distritos con actividad minera del mundo. ¿La razón? Incrementar los ingresos fiscales recaudando más recursos derivados de la explotación de sus riquezas naturales.
A medida que en Australia avanzaba el trámite y la polémica crecía, la rígida y exigente propuesta perdió fuerza, e incluso le costó el puesto a su impulsor, el primer ministro Kevin Rudd, que en medio de críticas por la forma en que había manejado este proceso renunció en junio de 2011. Finalmente, la iniciativa fue suavizada y derivó en un gravamen que sólo se aplica al hierro y al carbón, con una base de cálculo más amplia que la considerada en la propuesta inicial. Pese a los cambios, a fines de junio pasado, tan sólo a pocos días de la entrada en vigencia, el denominado Impuesto a la Renta de Recursos Mineros fue impugnado en tribunales por la empresa local Fortescue Metals.
Más allá del traspié, el intento australiano se convirtió en una experiencia que han intentado replicar varios países, que en 2011 y 2012 revisaron sus estructuras tributarias asociadas a la extracción de recursos naturales, en particular los mineros.
Chile no fue la excepción, e incluso para la industria minera local no sería sorpresa que, tras la modificación de 2010 -para financiar la reconstrucción post terremoto-, este año pudieran surgir nuevas propuestas en este sentido, motivadas por los próximos procesos electorales.
“La situación de déficit fiscal que pueda tener este gobierno, más la baja en la tributación minera, por la normalización de las tasas del royalty, y la necesidad de financiar nuevos proyectos públicos, serán la combinación perfecta para que se vuelva a discutir una reforma tributaria, que creo debiera ser generalizada a otros sectores productivos pues la minería completó su cuota, al ser la única industria que tiene un impuesto específico”, opina Alicia Domínguez, abogada y socia líder del grupo minero de Ernst & Young.
A inicios de 2012 en su informe “Tracking the trends”, la consultora y auditora Deloitte dio cuenta de incrementos de las regalías mineras en Perú, Sudáfrica, Ghana, Tanzania y Burkina Faso, mientras que India, Kazajistán y Rusia introdujeron nuevos derechos de exportación para productos mineros.
En paralelo, se especulaba que la República Democrática del Congo, Polonia, Venezuela, Sudáfrica, Guinea y Mongolia analizaban adoptar medidas para incrementar la participación y/o la recaudación que el Estado obtiene de esta industria.
“Cada vez más los países están decidiendo que las empresas que extraen sus riquezas naturales deben pagar una tarifa más alta por ello, incluso mayor que la de otros sectores, y no sólo eso, sino que también deben compensar y entregar beneficios adicionales, porque al final se trata de los recursos del país”, dice Pablo Mir, abogado especialista en minería del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana.
El profesional agrega que ésta es una tendencia global que va in crescendo y se manifiesta a través de distintas figuras que responden al concepto de creeping expropriation o expropiación regulatoria, es decir, que mediante impuestos y otros cobros que no afectan los derechos de las compañías se las obliga a pagar un determinado porcentaje de sus utilidades.
Cuestión de expectativas
Los especialistas dicen que entre los catalizadores de estos procesos es posible mencionar la acción combinada de cuatro factores: la volatilidad e incertidumbre de la economía; las reivindicaciones exigidas por las comunidades; la necesidad de financiar planes sociales o de desarrollo, y el favorable nivel de precios de los metales. “Esto no es una moda, sino que es una tendencia asociada a que en distintos países se repitan los mismos elementos, como puede ser una determinada situación económica, que por distintos motivos requiere contar con recursos que el país decide que obtendrá a través de un cambio impositivo. Es ahí cuando los países buscan ejemplos de normativa de otras jurisdicciones”, comenta Domínguez. Los expertos coinciden en que aunque este fenómeno de “nacionalización de recursos” es común a las economías que más dependen de las actividades extractivas, en África tiene uno de sus focos más evidentes.
En octubre, Carlos Lopes, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para África, organismo que depende de la Organización de Naciones Unidas, aprovechó un foro regional para referirse a las pérdidas que sufren los países de esa región debido a la ausencia de una estrategia de gestión de sus recursos naturales que les permita canalizar hacia su desarrollo la recaudación y los ingresos asociados a esas actividades.
En esa misma instancia, la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, añadió que “los tomadores de decisiones deberían trazar un camino hacia un futuro en el que el uso de nuestros recursos naturales conduzca al desarrollo de África y un futuro que reclama un lugar igual y digno en la comunidad mundial de naciones”.
La nacionalización de los recursos mineros no sólo comprende alzas en los impuestos, sino que también considera la participación del Estado en la propiedad de las operaciones e incluso puede llegar a la expropiación.