Caso afecta a abogados que integraban un comité vecinal del poblado Caimanes, en la IV Región.
Una serie de cargos por prevaricación, suscripción engañosa de documentos y asociación ilícita enfrenta un grupo de abogados acusados por el Ministerio Público de utilizar un conflicto ambiental para beneficiarse económicamente de miembros de la comunidad de Caimanes, en la IV Región, y de la minera Los Pelambres.
El caso partió en 2008, cuando Víctor Ugarte vendió un terreno a la minera Los Pelambres, para que la compañía construyera el tranque de relaves El Mauro.
Tras la transacción, Ugarte donó US$ 5 millones a 117 habitantes de Caimanes.
Según la fiscalía, luego de enterarse de esta donación, los abogados Ramón Ossa Infante, su esposa Sandra Dagnino Urrutia y Roberto Arroyo Correa presentaron una medida precautoria para detener la donación. Esta acción la realizaron junto con el dirigente Cristián Flores Tapia.
En el alegato de apertura del juicio oral -que comenzó el 30 de octubre- la fiscalía indicó que Ossa y los otros abogados, entre octubre de 2008 y enero de 2009, participaron del Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes. Sin embargo, nunca advirtieron al resto del comité que ellos habían bloqueado la entrega de la donación.
La fiscalía indicó en el juicio oral que una vez que los imputados se sumaron al comité, plantearon a parte de los beneficiarios por Ugarte (39 familias) que la única forma de recibir el dinero era entregando al Comité de Defensa Personal de Caimanes el 50% de lo recibido.
Según el Ministerio Público, una vez que las familias accedieron a esta petición, ellos levantaron la medida. En la transacción habrían utilizado a una tercera persona para apropiarse de los fondos.
De esos $ 170 millones, $ 109 millones fueron, supuestamente, ocupados por Tapia, en su calidad de presidente del Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes, “para financiar desórdenes públicos y tomas de caminos (…), comenzaron a fraguar un plan delictivo tanto a través de la realización de acciones de aparente reivindicación social y/o ambiental falsas”. Según la fiscalía, se buscaba “presionar de esta forma a la compañía minera Los Pelambres”.
Tras esta operación, el Ministerio Público aseguró que Ossa, Dagnino, Arroyo y Flores formaron una sociedad llamada “Defensa Comunidad Pueblo Caimanes” y convencieron a 118 habitantes de que se unieran a esta entidad y los facultaran para distribuir los porcentajes de los montos de futuras indemnizaciones.
Todo esto para que, en caso de que Los Pelambres accediera a indemnizarlos por los supuestos perjuicios que estaría generando su operación, obtuvieran entre el 50% y el 83% de lo que recibiera cada uno de los miembros de la sociedad.
En el juicio, los fiscales solicitaron penas de hasta cinco años y un día por prevaricación, asociación ilícita y suscripción engañosa de documentos contra Ossa, Dagnino, Flores, Correa e Iván Sanhueza Belmar (colaborador de los anteriores). En el caso de Flores, también pide una pena de 541 días por desórdenes.
La defensa
El abogado de los acusados, Alex Caroca, aseguró que “no hay delitos de ninguna especie”. Ramón Ossa indicó a La Tercera que “ninguno de los testigos aportados por la fiscalía, minera Los Pelambres y los querellantes ha sostenido que los abogados hemos engañado. Por el contrario, todos han sostenido que firmaron voluntariamente. No se sienten engañados; por el contrario, se sienten satisfechos en seguir luchando”. Añadió que “una empresa minera ha instrumentalizado al Ministerio Público para perseguir a los abogados, por luchar por un proceso legítimo. Una empresa que se instala arriba, en la cabecera de un pueblo de mil personas, hoy los tiene sin agua y bajo un riesgo sísmico”.
Sostuvo, también, que “se ha podido establecer que el problema de Caimanes es un proceso social y real, no es una falsa contaminación”. Esta no es la primera vez que Ossa enfrenta un proceso judicial, dado que en 1992 se vio involucrado en un caso de irregularidades de adopciones de niños, cuando era estudiante de Derecho y la Corte Suprema cerró en 1999 sin ningún cargo en su contra. En tanto, a principios de noviembre, la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó un recurso de protección, presentado por la comunidad, a raíz de un informe de la PDI que indicaba que había contaminación en la aguas. Los jueces estimaron que ese informe no acreditó que el relave haya contaminado el estero El Pupío.
Los abogados que representan a la minera no quisieron dar declaraciones.