La intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en el caso de San José del Progreso y en todos aquellos en los que interviene de acuerdo a las facultades que le establece la ley, trabaja por la defensa de los derechos humanos de aquellas personas que consideran que sus derechos fundamentales han sido violentados con la finalidad de investigar los hechos bajo una perspectiva garantista de los mismos.
Durante una reunión con integrantes de una Misión Civil de Observación de San José del Progreso, en la que estuvieron presentes los integrantes del Consejo Ciudadano de este organismo público, autónomo y ciudadanizado, se informó que la Defensoría se encuentra en la etapa de acopio de la información en torno al caso de la minera Cuzcatlán y en su momento emitirá la resolución correspondiente de acuerdo al resultado de sus investigaciones.
En esta reunión en la que participaron las consejeras Sara Méndez, María Eugenia Mata y Marta Julia Avendaño, así como los consejeros Héctor Lorenzo, Bernardo Rodríguez, Pedro Matías y el defensor Arturo Peimbert Calvo, se explicó que ante la problemática existente en la zona, este organismo emitió tres medidas cautelares a favor tanto de los habitantes en general como de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán en el Estado de Oaxaca.
De igual forma, se mencionó que el día 22 de octubre de este año se emitió una Alerta Temprana por este caso, pues la Defensoría determinó que existía riesgo de posibles violaciones a los derechos humanos de los pobladores del lugar y de los miembros de la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán en el Estado de Oaxaca.
Cabe mencionar que con dicha Alerta Temprana la DDHPO solicitó al ayuntamiento de San José del Progreso que participara en una serie de actividades tendientes a buscar alternativas de solución favorables a las partes involucradas.
Sin embargo, ante los últimos hechos ocurridos en la zona, esta defensoría manifiesta su profunda preocupación por la latente agudización del conflicto y exhorta a la autoridad municipal a proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y evitar que con motivo de las acciones u omisiones de sus funcionarios públicos se ponga en riesgo la integridad de los habitantes del lugar, así como a respetar en todo momento el derecho a defender derechos humanos y de manifestación.
La DDHPO considera que, ante esta delicada y compleja situación, es urgente que la autoridad municipal propicie las condiciones de paz necesarias para el desarrollo de la vida civil y el funcionamiento imparcial de las instituciones democráticas en su territorio a fin evitar la división interna de la población y la consecuente conflictividad derivada de ella.
De igual forma, este organismo considera que el ayuntamiento de San José de Progreso tiene el deber de realizar todas aquellas acciones que ayuden a garantizar la integridad de todos los habitantes de esta comunidad, su derecho a un ambiente sano, el resarcimiento del daño a las víctimas y la efectiva sanción de quienes resulten responsables por la comisión de algún delito.
La Defensoría investigará y señalará las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en el municipio de San José del Progreso por los hechos derivados de la problemática ahí existente, y encauzará sus esfuerzos en fomentar e impulsar una cultura de derechos, de paz y de convivencia democrática que contribuyan a la solución de la problemática.