El cumplimiento de la extradición de Napoleón Gómez Urrutia ante el gobierno de Canadá debe ser una acción prioritaria en los ámbitos diplomático y judicial del presidente Enrique Peña Nieto, una vez que la Interpol reactivó la ficha roja para que sea aprehendido y repatriado a México, en donde debe ser juzgado por el desvío de 55 millones de dólares, fraude y abuso de confianza, coincidieron organizaciones contrarias al líder minero.
Héctor Jiménez Coronado, coordinador de la Alianza Minera Nacional del Sindicato Minero (AMN), y Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Napoleón Gómez Sada (SNMMNGS), coincidieron que es la hora de que Gómez Urrutia rinda cuentas ante las autoridades.
En entrevistas por separado, expresaron que fue positivo que Peña Nieto no haya querido tener un acercamiento con el líder que radica en Vancouver, Canadá.
Calderón no pudo…
Jiménez Coronado subrayó que la negativa de amparo del Juez 13 de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal, Jesús Alberto Chávez, dada a conocer ayer, abre las puertas para que Gómez Urrutia sea detenido.
Sostuvo que el gobierno de Felipe Calderón, como le sucedió en otros rubros, fracasó en su intento de extraditar a Gómez Urrutia, porque navegó en la complacencia política de no meterse en problemas con el gobierno canadiense y heredar el problema a su sucesor Peña Nieto.
«Calderón mantuvo una posición de decir yo aquí estoy de paso, me voy de aquí y el que venga que se quede con el problema», enfatizó Jiménez Coronado.
El dirigente de la agrupación, que reúne a 14 mil, de los 23 mil trabajadores que tiene el sindicato minero, definió la postura de la AMN ante el laudo del juez Chávez, quien negó el amparo solicitado por Gómez Urrutia en contra de la ficha roja emitida por la Interpol en 188 países a petición expresa de la Procuraduría General de la República.
Por separado, Carlos Pavón aseguró que Gómez Urrutia «esta sumamente preocupado porque la Interpol lo busca».
Debe enfrentar a la justicia mexicana
Napoleón deberá ser extraditado y enfrentar a la justicia, y además de que se cumplan las órdenes de aprehensión por el fraude de 55 millones de dólares de un fideicomiso minero, debe decir donde esta ese dinero y entregárselo a quienes les pertenece que son los trabajadores».
De acuerdo con Pavón, «no debe haber impunidad en este caso, por eso hacemos un llamado al gobierno entrante para que haya un seguimiento a las órdenes de aprehensión que existen contra este sujeto».
Llamó al presidente electo, Enrique Peña Nieto, para que pida la extradición de Gómez Urrutia al gobierno de Canadá, y dijo que el próximo mandatario de la República no se deje presionar por organizaciones extranjeras, como los “Steelworkers”, «agrupación que ha dado cobijo e impunidad a ‘Napillo’».
«Nada más tomar posesión, lloverán pedidos de esa organización al nuevo gobierno para que cese una persecución política que no existe contra ese ex dirigente, que hay que recordar, huyó del país a los tres días de ocurrir el lamentable accidente en Pasta de Conchos y que desde Vancouver, Canadá, lanza discursos de persecuciones políticas inventadas», dijo Pavón.
«La realidad es que hay una orden de aprehensión vigente y miles de mineros desempleados por culpa de este supuesto dirigente sindical».