En los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor del 90% del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos.
Ante este contexto las comunidades firmantes asumimos el compromiso de defender regionalmente nuestro territorio de manera pacífica, organizada y por todos los medios legales, a partir de nuestros territorios ejidales y comunales, declarándonos como territorios prohibidos para la minería, con base en asambleas agrarias formalmente convocadas. Difundiéndolos ante los medios de comunicación, organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el ámbito estatal, nacional e internacional.
En este sentido, el día 08 de noviembre de 2015, mediante una asamblea regional, decidimos emitir la presente declaratoria, la cual será entregada a distintas instancias estatales y federales exigiendo la cancelación de los títulos de concesión minera denominadas: San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracc 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracc 2, Ejutla Fracc 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracc 1, Los Ocotes Cinco Fracc 2, Los Ocotes, Los Ocotes Seis, Fracción 1, las cuales afectan una superficie de 49376.3501 hectáreas de nuestros territorios.
En la declaratoria hacemos saber a las autoridades nuestro rechazo total a los proyectos mineros, por lo que prohibimos de manera estricta, la emisión de autorizaciones a favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadores y cualquier otra instancia de gobierno o privada, para realizar estudios de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento que tenga por objeto extraer minerales del subsuelo del territorio de nuestros ejidos y comunidades.
Finalmente la decisión ha sido tomada con base en distintas leyes que nos respaldan como el Convenio 169 de la OIT, La Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la Constitución Mexicana, pero principalmente con base al respaldo de las asambleas comunitarias, haciendo uso legítimo de nuestro derecho a la autonomía. Las comunidades firmantes hacemos un llamado conjunto a la población en general y otros pueblos que estén siendo afectados, de la necesidad y urgencia de hacer un frente común.
Antecedentes de la problemática:
La compañía minera Cuzcatlán S.A. de C.V. es la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, misma que impusieron el proyecto minero San José en 2006 en la comunidad de San José del Progreso. Las comunidades firmantes estamos conscientes de las afectaciones que se generan a partir de la llegada de proyectos mineros (ya sea a cielo abierto o subterráneos). Diversas organizaciones de la sociedad civil, han documentado los daños irreparables que se han generado tanto al ambiente como en la vida social y cultural de San José. Esto se suma a que dos defensores comunitarios fueron asesinados en 2012. De acuerdo a la información proporcionada por la empresa minera Fortuna Silver, será hasta 2025 cuando la mina sea cerrada. Por otra parte, el proyecto San José comprende además una expansión territorial donde se contempla generar un corredor minero, con la cual se verían afectadas comunidades y ejidos de Ejutla.
ATENTAMENTE
Comisariados Ejidales y Comunales de Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac.