09 de Agosto 2011
“¡Si la cárcel es para la tres, a todos nos llevarán!” Con esta consigna respondieron los campesinos la noticia de que sus dirigentes Carlos Pérez, Federico Guzmán y Ángel Arpi habían sido condenados a 8 días de prisión por el cargo de obstrucción de vías, durante las protestas contra el proyecto de Ley de Aguas del ejecutivo en 2010.
En sus primeras declaraciones a la prensa, Carlos Pérez destacó que “así sean 8 días, así sean 8 horas, el problema grave es el precedente en la justicia. Se pretende hacer escarmiento para que la población no se atreva a levantarse, a protestar, a resistir”.
Este fallo condenatorio de la Primera Sala de lo Penal y de Tránsito revoca la sentencia absolutoria emitida en agosto de 2010 por el Tribunal Primero de Garantías Penales. La absolución fue apelada por la Fiscalía del Azuay en “un proceso viciado de irregularidades”, afirmó el dirigente comunitario.
En mayo de 2010, el movimiento indígena ecuatoriano condujo las protestas acaecidas en varias provincias del país contra el proyecto de Ley de Recursos Hídricos del gobierno de Rafael Correa, que estaba a punto de ser aprobado en la Asamblea Nacional. Una de las principales objeciones de los indígenas fue la no prohibición expresa de actividades mineras en las fuentes de agua.
Paulo Maldonado, presidente de la Primera Sala, informó que se redujo la pena de 1 año a 8 días, debido al carácter altruista de la protesta, por la defensa de las fuentes de agua que los acusados consideraban amenazadas por un proyecto minero.
El gobierno ecuatoriano está promocionando impetuosamente la apertura del país a la minería a gran escala, cuyos proyectos están localizados en nacientes de agua, humedales, territorios de alta biodiversidad, esenciales para la vida y para las actividades económicas de los pueblos indígenas y campesinos.
La semana anterior, en su informe semanal, el presidente Correa reiteró que la minería es el camino para sacarle al país de la pobreza. Su gobierno está en las etapas finales de la negociación de contratos de explotación con cuatro transnacionales mineras que poseen concesiones en el sur del Ecuador.
Uno de los proyectos, en manos de la canadiense Iamgold, está en un páramo ubicado en las proximidades de la ciudad de Cuenca llamado Kimsacocha, de donde provienen los tres dirigentes criminalizados.
El próximo paso de los líderes campesinos será apelar esta sentencia ante la Corte Nacional, en la ciudad de Quito, trámite judicial denominado casación. “Agotaremos todos los recursos y si es necesario llegaremos a las cortes internacionales”, declaró Pérez.
Ante esta situación de criminalización de la protesta social, en el mitin que tuvo lugar en las afueras de la Corte de Justicia, Pérez manifestó enfáticamente: “No nos amedrenta esta sentencia, nosotros vamos a seguir en la resistencia, porque la resistencia es el único camino”.
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Kléver Calle