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En 15 meses al menos cuatro activistas contra la minería en el departamento de Cabañas han sido víctimas de ataques con distinto tipo de armas. Una persona está muerta, otra herida, una amputada y otra -un sacerdote- fue amenazada con armas de fuego.
Rodrigo Baires Quezada cartas@elfaro.net Publicada el 13 de agosto de 2009 – El Faro
El intento de homicidio contra Ramiro Rivera el viernes 7 de agosto se convirtió en el último episodio de lo que el comité ambiental del departamento de Cabañas asegura se trata de una campaña para tratar de acallar a quienes desde hace años se han estado oponiendo a los proyectos de explotación minera en ese departamento del norte de El Salvador. El comité ambiental habla de al menos ocho casos de amenazas o ataques desde 2007. Desde mayo del año pasado, sin embargo, hay constancia -y denuncias- de cuatro ataques contra personas vinculadas en la campaña contra la minería, que terminaron en muerte o en lesiones. Hasta hace dos meses se trataban de amenazas de muerte anónimas. Ahora, el comité denuncia hostigamientos y atentados contra sus miembros por oponerse al desarrollo de la minería metálica en el departamento.El último hecho violento fue el ocurrido el viernes anterior, cuando según la Policía, Óscar Menjívar disparó ocho veces por la espalda contra su vecino Ramiro Rivera, en el cantón Trinidad, de Sensuntepeque. La víctima fue trasladada al hospital Rosales, en San Salvador, donde fue atendida de emergencia para salvarle la vida.
Ramiro Rivera es uno de los fundadores del comité ambiental en defensa del agua y la cultura de Cabañas, y su comunidad, una de las zonas en las que los habitantes no permitieron a la empresa Pacific Rim seguir con el proceso de exploración minera aun cuando contaban con los permisos del gobierno.
El acusado, Menjívar, es la misma persona acusada de agredir a otro líder ambientalista de la zona, José Santos Rodríguez, a quien le cortó tres dedos de su mano derecha con un corvo en una discusión el 9 de mayo de 2008.
Entonces, el acusado fue absuelto por falta de pruebas. Este jueves, el caso de Ramiro Rivera pasó al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, donde se acusa a Menjívar del cargo de homicidio agravado en grado de tentativa.“Son los odios que genera la mina… el problema es la mina, el oro y toda la ambición que ha llevado a causar problemas sociales, culturales, ambientales y económicos en la población de la zona”, dice Francisco Pineda, coordinador del comité.
“Y los hechos violentos que hemos estado viviendo son parte de una escalada de violencia que se ha desatado contra la gente que se opone a la minería en el departamento, especialmente, y en el país.”Para Pineda, los actos de violencia contra ellos aumentaron a mediados de junio, tras el secuestro y posterior asesinato de Marcelo Rivera, director de la Casa de la Cultura de San Isidro y uno de los líderes ambientalistas del departamento. Sobre el caso, la Fiscalía sostiene que corresponde a uno más de violencia común relacionado con pandillas. Para el comité ambiental, no. “Creemos que todos los casos están relacionados.
Tras el asesinato de Marcelo, las cosas empeoraron”, resumió Luis Marroquín, sacerdote de la zona y uno de líderes del movimiento antiminería metálica.Para los miembros del comité, lo de Ramiro Rivera fue el último de una lista de atentados contra ellos. El coordinador del comité, Francisco Pineda, dice estar descubriendo que el asunto es más grave que como lo creían.
“Somos ocho personas del comité las que hemos sido amenazadas de muerte… Al principio no pensábamos que las fueran a cumplir pero las cosas que se han estado dando en los últimos meses nos han puesto a pensar que estas amenazas son más serias de lo que creíamos”.“El 24 de junio, Domingo Miranda, otro miembro del comité, se salvó por poco cuando le dispararon con una metralleta”, relató Pineda.
En el lugar del atentado, la policía encontró 14 vainillas de fusil M-16. “De milagro se salvó que no lo hirieran porque se tiró al suelo a tiempo.” El mismo Marroquín sufrió un atentando a finales del mes pasado.
El 27 de julio, a las 10 de la noche, el sacerdote fue interceptado por un grupo personas encapuchadas que se conducían en un pick up con vidrios polarizados. “Eran gente con armas largas, me detuvieron y me sacaron de mi camioneta; me dijeron que iban a matarme… logré escapar tirándome al monte, cuando ellos se descuidaron”, recordó.
De ambos hechos se interpusieron denuncias ante la Fiscalía.A ello se sumaron las amenazas contra el equipo de periodistas de Radio Victoria, una radiodifusora comunitaria de la zona que incorporó como parte de su línea editorial su oposición a la minería en Cabañas. “Nos han amenazado a todo el departamento de prensa. Tres de ellos no están laborando –se encuentran refugiados fuera de sus casas-; mientras, los que quedamos aquí, estamos haciendo lo que podemos para sacar adelante el noticiario”, dice Isabel Gámez, directora de prensa de la radio.
“Lo que podemos” incluye vigilancia permanente de parte de las comunidades a los reporteros que salen a coberturas en el departamento. En el caso de Gámez, tras una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), es acompañada siempre por un agente de la división de Protección a Personalidades Importantes de la Policía.
“El jueves 6 dije que ya no quería la protección… pero con lo de Ramiro Rivera, pues ahí la sigo teniendo mientras avanzan las investigaciones que está haciendo la Fiscalía”, dice.