EL E-COCHASKI Nº 18. Notas socioambientales del Perú (y allá).
Lima, 28 de junio del 2009.
E-ditorial.
El que la empresa Doe Run Perú (DRP), propiedad de un magnate norteamericano, haya exigido abiertamente una nueva ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), esta vez para poder pagar sus deudas, es tan poco original como peligroso para el Estado de Derecho y el ambiente y la salud de los pobladores de La Oroya y el valle del Mantaro. Poco original porque es la segunda vez que, desde el 2004-2006, su petición viene acompañada de la movilización masiva de los trabajadores de la fundición, generando una atroz bloqueo en la carretera central en un contexto nacional de ebullición social. Aunque esta vez los trabajadores no estuvieron del lado de la empresa, sino todo lo contrario, al igual que gran parte de la población. Peligroso para el Estado de Derecho porque se tiró por la borda el complejo proceso de negociación de la DRP con el Ministerio de Energía y Minas del 2006, que le dio dos años y 10 meses más de plazo para terminar su PAMA, y no los cuatro años pedidos por ella. Y peligroso para el ambiente y salud de la población del valle del Mantaro porque ellos seguirán expuestos por bastantes meses más a altos niveles de contaminación (que en realidad ni el PAMA terminado erradicará del todo).
Todo ello, sin que el Estado ni la sociedad civil regional y capitalina hayan podido hacer algo efectivo por evitar este penoso desenlace inminente. Porque lo cierto es que ya es materialmente imposible que la empresa termine su PAMA para fines de octubre próximo, como estaba estipulado. De ahí que la pregunta que se impone necesariamente es: ¿cómo es que una empresa puede pretender pasar varias veces por encima de la voluntad del Estado peruano y de ONG solidarias con la salud de La Oroya?.
Todo indica que la razón es, sobre todo, la maraña de influencias políticas que tejió, siendo alguna vez la más visible la mano del congresista y ex presidente del Concejo de Ministros, Jorge Del Castillo. La mano que en octubre del 2007 le escribió una carta al embajador de los EE.UU., pidiéndole que su gobierno impida que se juzque en San Luis, Missouri, a la ex matriz de la DRP, la Doe Run Resources (DRR), por contaminar a 137 niños de La Oroya.
Por entonces, estaba preparando la demanda contra la DRR un consorcio de estudios jurídicos, tres norteamericanos y uno peruano, pero nadie menos que el premier les salió al paso. Al ser publicado el hecho por un diario nacional, se generó una rápida reacción política, que no llegó a mayores, dada la correlación de fuerzas en el Congreso. Pero era claro que la iniciativa de Del Castillo estaba totalmente fuera de lugar, habiendo en juego sólo intereses privados, por más que supuestamente haya estado de por medio la firma del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. o la soberanía del poder judicial peruano. Incluso el ex premier, poco antes, llegó a declarar en una reunión privada que el caso de La Oroya casi hizo caer el TLC tan ansiado. ¡Pero nadie se imaginaba que él se atrevería a tanto para salvarlo! De ahí que no sea nada extraño que Del Castillo haya acudido presuroso esta semana al llamado de los trabajadores de la DRP, a fin de hacer de mediador en sus negociaciones con la empresa.
Pero sí llama la atención que ahora diga muy adusto, tras haberse regocijado en abril pasado por el intento de rescate privado de la DRP, que a la empresa le faltó sinceridad y cooperación en la búsqueda de una salida a la actual crisis.
Cuando en realidad, a la empresa nunca le sobraron esas virtudes, como cuando afirmaba, hasta el 2001, estudios de por medio (uno propio y uno de la Dirección General de Salud, o sea del Estado), que no era la mayor contaminadora de La Oroya, hasta que la refutó un estudio independiente serio del 2002 (http://www.aida-americas.org/templates/aida/uploads/docs/La_Oroya_No_Espera.pdf página 37).
O cuando señalaba que estaba reduciendo constantemente sus emisiones contaminantes, sin indicar que antes de eso, al ingresar en 1997, marcó récords en concentraciones atmosféricas de plomo y cadmio (páginas 47 a 51 del mismo estudio), sin desmentir nunca probadamente si estuvo procesando concentrados sucios foráneos. Sencillamente, jamás se molestó en revelar de donde procedían sus concentrados minerales.
Tampoco fue muy sincera o colaboradora cuando en vez de priorizar la inversión en su PAMA optó por pagar a la DRR, su ex matriz, entre 1997 y 2004, 96.4 millones de dólares por concepto de honorarios y comisiones a entidades relacionadas, como reveló un estudio de ESAN (http://www.minem.gob.pe/archivos/dgaam/estudios/oroya/Finalv1.pdf diapositiva 21) Lo más cuestionable de esto es que ESAN concluyó que de haberse limitado estos pagos al 0.5% de las ventas de metales, la empresa hubiera podido culminar su PAMA al 2005 (diapositiva 24), o sea hace casi cuatro años.
Pero lo más extraño de todo es que a la fecha no se dice públicamente que en marzo pasado la DRP fue multada de nuevo por el Estado peruano, por incumplimientos en niveles de emisiones ambientales, esta vez con una multa récord de 600 UIT, es decir S/. 2’100,000, que apeló de inmediato. La multa anterior de 210 UIT, del 2007, con la apelación se redujo a 110 UIT, después de casi un año de proceso.
La razón del silencio es que hay una nueva norma que le prohíbe a OSINERGMIN dar información de una multa que ha sido apelada. Y como todas las empresas multadas tienen ese derecho, es fácil imaginarse cual es la consecuencia de dicha norma, que ya tiene en el Congreso un proyecto de ley para modificarla. ¿Acogerse a dicha norma será el canto del cisne, el adiós, de la DRP? De ahí que las preguntas clave son ahora en manos de quienes terminará al fin la fundición de La Oroya (algunos piensan que sería el grupo Buenaventura, afín al APRA, además de acreedor de DRP), y qué estrategias debería implementar la sociedad civil para reducir drásticamente los niveles de contaminación ambiental oroínos en la era post DRP (si realmente llega) y la era post PAMA (cuando llegue).