jueves 18 de junio de 2009
Salta: La protesta social se criminaliza. Un fiscal salteño quiere mandar a juicio a ambientalistas que reclamaron el cumplimiento de leyes PRIMERA FUENTE Once vecinos de una asamblea ambientalista de Cafayate fueron imputados por un fiscal salteño quien los acusa de haber impedido el paso de cuatro camiones que se dirigían a la ultradenunciada explotación de Minera Alumbrera.
Denuncian que el funcionario judicial no quiere tener en cuenta que los vehículos ingresaron al pueblo salteño por un camino prohibido por una ordenanza.
Además, según se defendieron los ambientalistas, jamás se impidió el paso a los vehículos ya que “fue el propio porte de los camiones el que no les permitió continuar por medio del ejido urbano”.
La criminalización de la protesta social al servicio del poder. La corporación entre sectores de la Justicia, del Gobierno y del poder empresarial no mide las contradicciones y paradojas que, por la defensa de sus intereses, puede generar. A fines de mayo, el fiscal correccional Nº 6 de la Justicia salteña, Facundo Ruiz de los Llanos, mandó notificaciones a once asambleístas a quienes los imputó por el presunto cargo de “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte”.
Lejos de apoyar a un grupo de vecinos que se movilizaron en defensa de sus derechos, De los Llanos sumó un nuevo capítulo en la escalada de criminalización de las protestas sociales que se suceden en el país.El 6 de agosto del año pasado los vecinos de Cafayate (Salta) fueron sorprendidos por la irrupción en el pueblo de cuatro camiones provenientes de Chile que portaban cargas de gran tamaño cuyo destino era la explotación de Minera Alumbrera en Catamarca.
Según denunciaron los asambleístas a PRIMERAFUENTE, los camiones de la empresa Carmona, irrumpieron en el pueblo violando las ordenanzas que regulan su circulación. Incluso, los vehículos fueron guiados y escoltados por efectivos de Gendarmería nacional.“Los camiones entraron al ejido urbano municipal sin pedir permiso a las autoridades locales y en absoluta contravención con las disposiciones referentes al transporte de cargas”, aclaró a primerafuente Mariana Araujo, integrante de Asamblea de Vecinos Autoconvocados del Valle Calchaquí e integrante de la polémica lista negra del fiscal.
Según relató Araujo, los camiones ingresaron a Cafayate por una calle no apta para transporte de cargas y se quedaron frente al hospital Nuestra Señora del Rosario, debido a que en la siguiente cuadra había un vehículo estacionado y en reparación frente a un taller mecánico, por lo cual no pudieron seguir avanzando, dado el tamaño de las cargas.
Ante esta situación, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados del Valle Calchaquí salieron al cruce de la acusación del fiscal salteño y advirtieron que se produjo “una verdadera reacción popular” ante el paso de los vehículos mineros.
“La población se cansó de este tipo de camiones que pasan sin controles destruyendo viviendas, arboledas y calles. Se produjo una manifestación pacífica y espontánea frente a los camiones que se encontraban bloqueando toda una cuadra del pueblo a la par de la guardia del hospital”, advirtieron.
Además enfatizaron que jamás impidieron el paso de los camiones sino que fueron los propios choferes chilenos los que ante la dificultad de continuar tomaron otro itinerario a través de un camino rural rodeando la ciudad, según está sentado en el propio informe policial efectuado entonces.
“Tras más de 9 meses de este episodio, once vecinos son imputados del delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre y notificados del pedido de juicio oral y público. Esto, en función de una denuncia que falsamente expone que a dichos camiones se les interrumpió el tránsito por esa calle durante 14 días, cuando el propio informe de la policía local contradice la denuncia”, expresaron los ambientalistas.
Incluso, Araujo recordó a primerafuente que antes del hecho estaba en plena vigencia una ordenanza municipal que establecía un recorrido específico para los camiones pesados de Minera Alumbrera. Sin embargo, los vehículos se desviaron de su periplo obligatorio unas diez cuadras al oeste.
Vale recordar que tiempo después del episodio el Concejo Deliberante de Cafayate sancionó por unanimidad una ordenanza (Nº 13/08) prohibiendo el ingreso de los camiones al ejido urbano e impidiendo el acceso de sustancias peligrosas al municipio (con algunas excepciones), la cual fue rápidamente promulgada por el Ejecutivo municipal.
Pese a todo, Ruiz de los Llanos hizo lugar a un pedido de los encargados de la empresa de transporte Carmona que denunciaron a los vecinos. El fiscal parece no haber valorado que, más allá de las aclaraciones de los asambleístas de no haber restringido el paso de los camiones, Minera Alumbrera carga con innumerables denuncias en su contra por daño ambiental en toda la región.
“Mientras los pobladores de Cafayate observan a diario que la ordenanza es permanentemente violada por camiones mineros que continúan pasando sin controles, se pretende llevar a juicio a algunos vecinos por reclamar el cumplimiento de la ley”, se quejó Araujo.