23 de abril, 2009 — Noticias Aliadas http://www.noticiasaliadas.org/
Actual legislación priva a comunidades de beneficios y permite a corporaciones agotar importantes recursos.
En noviembre pasado, más de 6,000 personas de 49 comunidades predominantemente mayas mam marcharon hacia la sede municipal de la localidad de Santa Bárbara para votar sobre las licencias para exploraciones mineras otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala a Montana Exploradora, subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp Inc. Los pobladores fueron convocados por los líderes de sus comunidades para participar en el plebiscito, y el alcalde Jesús Sales les preguntó si aprobaban o no cuatro licencias de prospección minera en su zona, ubicada en el norteño departamento de Huehuetenango. La alcaldía estaba atestada. Los niños llevaban pancartas en las que se leía “No a la minería” y cuando el alcalde preguntó a los asistentes si estaban a favor de esos proyectos, el edificio retumbó con un sonoro “¡No!”.Luego se pidió a los pobladores de Santa Bárbara votar a mano alzada.
Acto seguido todos se dirigieron al estrado para firmar una declaración comunal, cuya copia fue enviada al Congreso, al Ministerio de Energía y Minas y a la Secretaría de la Comunicación Social de la Presidencia.Agua ya escasaUbicada en la Sierra de los Cuchumatanes, Santa Bárbara es propensa a las sequías durante la temporada veraniega seca, entre octubre y principios de mayo, y las comunidades temen que los proyectos mineros en esta región podrían empeorar el problema.
Montana ya está desarrollando dos proyectos mineros en San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, en el norteño departamento de San Marcos, y uno de los temas polémicos en esa parte del país ha sido el hecho de que se ha permitido a la empresa el uso ilimitado de los recursos hídricos de la zona.
En un comunicado de prensa emitido por la Municipalidad de Santa Bárbara luego del plebiscito, Sales señaló que: “Las comunidades a través de sus autoridades municipales y autoridades indígenas piden a los organismos del Estado de Guatemala, el respeto pleno a las decisiones de los pueblos que serán afectados por la actividad minera de metales y darle cumplimiento al Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo], de más leyes invocadas y dejar sin efecto las licencias y cualquiera otra actividad minera de metales en el municipio en mención”.
Según Carlos Guárquez, director de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, a la fecha 31 municipios en todo el país han llevado a cabo consultas o plebiscitos, en los que la actividad minera fue rechazada.
Veintitrés de esas consultas fueron realizadas en Huehuetenango.Una nueva legislación mineraEn el 2008, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) solicitó exitosamente a la Corte de Constitucionalidad eliminar aspectos de la Ley de Minería.
El tribunal encontró que la ley era inconstitucional porque no exigía que se diera suficiente consideración a las consecuencias ambientales de la minería antes que se emitiera la licencia. La ley permitía la minería a una profundidad ilimitada y que el agua contaminada de las minas fuera descargada a los ríos.
Una nueva ley está por ser debatida en el Congreso. Sin embargo, ambientalistas y defensores de los derechos humanos señalan que la nueva ley propuesta por la Comisión de Energía y Minas del Legislativo es igual de mala que la versión original, ya que favorece a las corporaciones mineras al punto que no distingue entre minería metálica y no metálica.
No sorprende que esta ley tenga el total apoyo del Ministerio de Energía y Minas.El 19 de marzo, miembros de la sociedad civil y organizaciones ambientalistas presentaron a la comisión una serie de demandas que consideran deberían ser incluidas en la nueva ley, tales como pago de regalías más elevadas por las corporaciones mineras y el pago retroactivo de regalías por proyectos mineros existentes por los que las empresas obtienen ganancias millonarias pero pagan una miseria al Estado.
Las regalías por la extracción minera son actualmente de sólo 1%, compartidas entre el Estado y el municipio afectado, mientras que un proyecto en Canadá, del tamaño de la mina Marlin que opera Montana en Sipakapa, estaría sujeto a un pago por regalías de 13% de la producción total bajo la actual legislación.
Pero las regalías no son el único punto de desacuerdo. Organizaciones indígenas y ambientalistas también exigen un nuevo modelo de manejo de recursos naturales que esté más en sintonía con las necesidades de las comunidades locales.Su principal demanda es que los proyectos mineros estén sujetos al escrutinio y debate público, lo que significa que se debe considerar la realización de consultas populares y que deberían determinar si se otorga una licencia.
Si se incluyen esas recomendaciones en la nueva ley de minería, las subsidiarias de Goldcorp, Montana y Entremares, podrían enfrentar un juicio por no consultar con las comunidades locales antes de iniciar un proyecto.
Sin embargo, Goldcorp ha seguido adelante sin inmutarse con nuevos proyectos tales como la mina aurífera Escobas en Mataquescuintla, Santa Rosa, y Cerro Blanco en Jutiapa, ambos en el oriente del país. El último contempla la construcción de una central de energía geotérmica.
El gobierno también parece poco inclinado a hacer cambios a su actual política energética, a pesar de la oposición de las comunidades locales, y está buscando de manera encubierta financiamiento para la extracción de uranio.Durante la primera semana de marzo, una delegación gubernamental viajó a Rusia en busca de inversiones para proyectos de infraestructura, petróleo y minería.
“Según estudios disponibles tenemos un potencial uranífero grande, pero necesitamos que lleguen inversionistas en tecnología para fomentar esas posibilidades”, dijo el viceministro de Energía, Alfredo Pokus, durante el poco publicitado viaje.
El ministro de Energía y Minas, Carlos Meany, ha sido más cauteloso al manifestar que “no hay certeza sobre las reservas de uranio del país”, aunque ya se han otorgado tres licencias de prospección: dos en la Finca Sarroguacax, Cobán, en el norteño departamento de Alta Verapaz, dirigida por el terrateniente José Martín Montenegro Calderón, y una en el departamento oriental de Chiquimula, operado por Guatemala Copper, subsidiaria de la corporación canadiense Creso Resources Inc.