Panamá, 30 de marzo de 2009
Las organizaciones suscritas, en defensa de las comunidades, los recursos naturales, los ecosistemas y el derecho a la vida y a la dignidad, denunciamos ante la faz del país y de la comunidad internacional el atropello inaudito y salvaje de que han sido objeto los moradores de la comunidad Naso de San San Druy, próxima a la frontera con Costa Rica, desde las 6 a.m. de hoy, lunes 30 de marzo de 2009.
Sin aviso previo, sin consideración ni contemplación de ninguna clase, unos cien policías llegaron en dos buses y, entrando con mucha fuerza, reprimieron a la comunidad originaria que aún dormía o recién se despertaba, obligando a los moradores a un desalojo forzoso de sus casas.
De esta manera, hombres, mujeres, ancianos y niños, muchos en brazos de sus madres, corrieron despavoridos buscando su salvación y huyendo de las bombas lacrimógenas. La gente se refugió en una casa comunal de dos pisos, y la policía, que llegó sin ninguna orden de desalojo (que se le pidió), los sacaron a la fuerza, alegando haber sido enviados por la Corregidora.
Los policías destruyeron unas 15 casas con todo dentro, incluyendo enseres de cocina, herramientas, ropa, abastos, y enseguida trazaron un cerco en torno a la indefensa población: nadie entra, nadie sale.La empresa Ganadera Bocas, que ha ampliado a través del tiempo su apropiación de tierras, quitándoselas a sus dueños legítimos, está tratando — pese a garantías internacionales en protección de los pueblos originarios — de desalojar a los Nasos de sus territorios ancestrales para extender su proyecto ganadero..
El proyecto hidroeléctrico de Bonyik, de Empresas Públicas de Medellín (EPM) se encuentra más abajo del río, cercano a Changuinola, y ha sido acusada de iguales atropellos contra los Nasos y Ngobes, por lo que no se descuenta la cooperación entre ambas compañías.
La represión de hoy se suma a las de meses anteriores, y llama la atención que ocurre luego de las protestas indígenas en el Día Internacional del Agua, el pasado 22 de marzo.
Los policías no permiten hablar a los indígenas mediante celulares ni tener comunicación alguna con sus dirigentes, abogados y otras organizaciones de la sociedad civil, teniendo que hacerlo a escondidas.
Denunciamos este nuevo atropello y exigimos a las autoridades, particularmente al presidente Martín Torrijos, a la Procuradora de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, y a la gobernadora de Bocas del Toro, detener este cruel atropello que ha dejado sin ropa, sin comida, sin medicina ni atención alguna a niños, mujeres, ancianos, cuyas vidas corren peligro.
Panamá se expone nuevamente a sanciones internacionales por violación de acuerdos especiales que protegen a los indígenas que viven en sus tierras desde siglos sin que se les reconozca una comarca ni autonomía alguna. Golpeados por la brutal represión, el hambre y las enfermedades, los moradores, especialmente niños, sufren de vómitos, y no ha sido posible hacerles llegar ayuda médica.
El gobierno de Martín Torrijos es conscientemente responsable de la extinción de los Nasos y de otros pueblos originarios al irrumpir con proyectos insostenibles de hidroeléctricas y minería a cielo abierto en territorios que ancestralmente les ha pertenecido a ellos y al entregar, gratuitamente en muchos casos, nuestros recursos naturales que son patrimonio de la Nación panameña, a empresas transnacionales y a voraces apetitos de empresarios y funcionarios corruptos.
En San San Druy, en Bonyik, en Guaribiara, en Cerro Quema, en Soná y La Palma, así como en Petaquilla y en muchos otros sitios del país, el gobierno está apoyando a las empresas y dándoles las espaldas a las comunidades, en una acción que por una parte destruirá nuestras reservas boscosas y ecosistemas pero, por la otra, contribuirá a la unidad solidaria de dichas poblaciones en defensa del derecho a la vida y a la dignidad.
Exigimos a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, que deben encarnar las aspiraciones de las comunidades, pronunciarse sobre esta inaceptable e ilegal intrusión en nuestros pueblos originarios.
Carmencita Tedman MacIntyre, Elvia Lefevre, Celma Moncada, María Muñoz, Anabel Herrera, Rubén Bernal, Fredesvindo Sáez, Julio Yao., en representación de: Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas, Asociación pro Defensa de Cuencas Hidrográficas, Fundación Humanitas, Coordinadora Campesina por la Vida, Liga para la Protección Animal y Ambiental, Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada, Coordinadora Colonense (Kuna Yala) por el Derecho a la Vida y la Dignidad, Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá).