(Ottawa, Canadá, 26 de marzo de 2009)
Hoy la respuesta del gobierno sobre la responsabilidad social de las empresa (RSE) ha desdeñado el importante consenso alcanzado por las organizaciones de la industria y la sociedad civil sobre como asegurar que las operaciones de las compañías extractivas canadienses que trabajan en el exterior se adhieran a las normas internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente.
Hace casi dos años, las diversas partes del grupo de asesores de las mesas redondas nacionales sobre responsabilidad corporativa de las empresas en el sector extractivo, presentó su informe consensuado para el gobierno canadiense, hoy en día la tan esperada respuesta ignora las recomendaciones centrales del informe. “Lideres de la industria y de la sociedad civil, exigen la adopción de normas claras aplicables a todas las compañías extractivas canadienses que operan en países en desarrollo” dice Alex Neve, Secretario General de Amnistía Internacional Canadá.
"Pero lamentablemente, el Gobierno ha optado por las directrices voluntarias que están muy por debajo de normas internacionales de derechos humanos. Es difícil ver que esto no representa ningún avance significativo”.
El Grupo Asesor del informe solicito el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas que pudiera sancionar a las compañías que no cumplen con las normas recomendadas.
“El gobierno no está siendo serio claramente acerca de garantizar que estas empresas cumplan con altos estándares de responsabilidad corporativa” dice Mary Corkery, Director Ejecutivo de KAIROS Iniciativas ecuménicas por la Justicia.
"El anuncio de hoy deja a las comunidades afectadas por la minería, sin recursos ante el irresponsable comportamiento de las empresas quienes pueden continuar en la impunidad."
Las recomendaciones consensuadas también llamaron a la creación de un OmbusmanDefensor del Pueblo, quien podrís investigar ls denuncias e informar públicamente sobre los resultados "Hoy la respuesta socava el principio de independencia de determinación de los hechos, dejando sólo las investigaciones a instancias de las empresas", dice Karyn Keenan de Halifax Initiative.
El informe consensuado recomendó vincular las prestaciones del gobierno como apoyo financiero y político a las empresas extractivas de Canadá al cumplimiento de las normas medioambientales y las normas de derechos humanos.
El gobierno falló en adoptar estas recomendaciones y esto implica que con los fondos públicos continuará apoyando a las empresas aunque no cumplan con los valores públicos como el respeto a los derechos humanos y la protección al medio ambiente.
El gobierno estratégicamente anunció hoy que falló para dirigir los serios abusos a los derechos humanos y al medio ambiente asociados con las empresas extractivas canadienses que operan en el extranjero.
Las empresas canadienses siguen siendo objeto de denuncia en numerosos foros internacionales.
Recientemente, el gobierno noruego desertó de Barrick Gold, debido a la contribución de la empresa a los "graves daños al medio ambiente."
Canadian Network on Corporate Accountability
Red Canadiense sobre responsabilidad corporativa.