COPAE 24/03/2009
En las últimas semanas se ha debatido en medios públicos sobre una nueva propuesta de Ley de Minería.
Por eso, el pasado 24 de febrero, el Consejo de los Pueblos de Occidente llevó al presidente del congreso de la República y al Presidente la República Álvaro Colom su posicionamiento ante esta nueva propuesta de ley.
El Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO) recoge la voz, el pensar y el actuar de mas de 500,000 mujeres y hombres de 33 municipios, que han hecho consultas comunitarias por la defensa de su territorio. El CPO reúne a expresiones sociales de base como la Asamblea Departamental de Huehuetenango por la defensa de los recursos naturales, el Consejo de los Pueblos de San Marcos, El Consejo de los Pueblos de Quiche, organizaciones sociales de Quetzaltenango, Totonicapan y Sololá, así como la Convergencia Nacional Maya Waq´ib Kej,Básicamente se señalaron los siguientes vacios en la Nueva Propuesta de Ley de Minería, los cuales urgen ser modificados:Protección a los derechos humanos. No señala que previo a aprobarse licencias para las distintas clases de minería, el Estado y las municipalidades deben garantizar en forma estricta, el respeto a los derechos humanos políticos, económicos, sociales y culturales.
Especialmente de los pueblos indígenas, ya que la minería metálica está proyectada mayoritariamente en sus territorios.
Consulta Previa.
No desarrolla el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas y no indígenas, previo al otorgamiento de licencia alguna.Agua. No regula con detalle y a profunidad el tema del uso del agua. Deja desprotegidas a las poblaciones, en caso de competencia por el vital liquido.
Tampoco prevé mecanismos para evitar en forma rigurosa su contaminación, ya que tolera el vertido sin limitaciones y no señala en que forma el Estado deberá controlar esta problemática.
Tóxicos. No señala la prohibición del uso de materiales químicos peligrosos como el cianuro o cualquier otro compuesto.Material de desecho. No regula en forma detallada qué deberán hacer las empresas mineras con el material de desecho.
Deja la regulación libre y de esta manera afecta a las comunidades que tendrán cientos de toneladas de material de desecho.
Eso naturalmente se convierte en contaminante por el alto contenido de minerales existentes en la roca de origen volcánico.
Fase de comercialización.
No regula la comercialización que es una fase del proceso minero que debe de estar controlada y sobre todo, sujeta al pago de tributos.
Control sobre el volumen y calidad que se extrae.
Lo mismo que en la legislación vigente, deja que la determinación de qué y cuánto se explota la hagan las compañías mineras.
No hay mecanismo de verificación que deban realizar las autoridades competentes.Transparencia y acceso a la información. No garantiza la transparencia y tampoco el libre acceso a la información.
El proyecto elimina la licencia de reconocimiento y es precisamente a partir de esta fase, que deben estar informadas las comunidades que resultaran afectadas con el proyecto minero.Plazo para oponerse a los proyectos mineros.
No señala plazo alguno para presentar oposición y esto hace que haya falta de transparencia y certeza en el trámite.
Razonamiento en las resoluciones. Lo mismo que en la ley vigente, no existe obligación legal de la Dirección General de Minería de proporcionar una explicación debidamente fundamentada, al momento de resolver que la oposición contra la actividad minera planteada es declarada sin lugar.
Profundidad del subsuelo. No señala el límite en la medida de profundidad en el subsuelo autorizado para las licencias de explotación.
En la de exploración sí ubica como límite 50 km de profundidad.
Debido a la importancia del tema COPAE en conjunto con diversas organizaciones sociales y ambientalistas han estado trabajando para llegar a consensos sobre los cambios necesarios en la propuesta de nueva ley de Minería, con la idea de poder incidir en la comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.
El objetivo es que tomen en cuenta las opiniones del más de medio millón de guatemaltecos que se han expresado a través de las consultas populares.