12 de marzo, 2009
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Las autoridades del Gobierno evaluarían flexibilizar las exigencias del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Complejo Metalúrgico de La Oroya, debido a que la minera no podría cumplir con el plazo para reducir las emisiones de dióxido de azufre del circuito de cobre de Doe Run Perú (DRP) y que vence en octubre de este año.
Según informaron fuentes del sector, los flujos de caja de DRP han bajado considerablemente por la caída de los precios de los metales, lo que habría comunicado al Gobierno. El problema se habría agravado recientemente, cuando un sindicato de bancos —formado por el Banco de Crédito, BNP Paribás y el Standard Bank— le retiró un crédito revolvente por US$75 millones que le servía para adquirir concentrados a las mineras del centro del país. El PAMA implica reducir las emisiones contaminantes causadas por la fundición y la planta de refinación de La Oroya, y que perjudican el medio ambiente y la salud de la población de esta ciudad ubicada en el centro del país.
Ahora se está analizando la posibilidad de dar a Doe Run dos años más para cumplir con el PAMA. Víctor Andrés Belaunde, gerente de relaciones institucionales de la minera, negó que la empresa haya solicitado una ampliación del PAMA.
Por su parte, el viceministro de Minas, Felipe Isasi, evitó hablar del tema, y no aclaró las versiones que apuntan a que Cofide avalaría un crédito para evitar que Doe Run Perú entre en insolvencia. Hasta ayer ya se informaba en La Oroya de la paralización del circuito de zinc por la falta de concentrados, mientras que el de cobre entraría en mantenimiento para aprovechar esta coyuntura.
EN PUNTOS
La estadounidense Doe Run compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya en 1997 y se comprometió en su PAMA a solucionar los problemas ambientales generados por la minera en el 2007.
En el 2004, el Ministerio de Energía y Minas emitió una norma que permitía ampliar el plazo para cumplir con el PAMA.
La única minera que pidió la prórroga fue Doe Run.