Comunicado
San Juan y Magdalena
El masivo derrame de mercurio de la mineraYanacocha, ocurrido el 2 de junio del 2000 en el territorio del caseríoChoropampa y aledaños, Cajamarca, es bastante conocido a nivel nacionale internacional.
Sin embargo, el Colectivo Manos Limpias consideraimportante precisar algunos hechos.
En la actualidad, se sabe que lapoblación local sigue sufriendo los estragos, debido a las secuelas dela intoxicación masiva. Esto se genera porque en cantidades pequeñas elmetal puede ser expulsado a través de la orina, pero la mayoría de loabsorbido se acumula en el cuerpo, principalmente en el cerebro[1].Existen tres actores que son los responsables directos de que perdureesta situación.
En primer lugar, se encuentra el principal responsable: la empresa minera aurífera Yanacocha, por no contar con protocolos adecuados de seguridad para el transporte del mercurio, así como de atención, mitigación y remediación en caso de derrame. La empresa transnacional, compuesta por los accionistas de Estados Unidos con el 51 % de acciones; el grupo Buenaventura (propiedad de la familia Benavides), con el 44 % de acciones, y el Banco Mundial con el 5% de acciones, desde el inicio trató de eludir escandalosamente su responsabilidad. Incluso aún después de haber inducido a la población local a colectar el mercurio sin las medidas de seguridad necesarias.
El Informe emitido por el Congreso de la República del Perú ha constatado que: “Por las consideraciones arriba señaladas y que concluyen de la manera más objetiva posible que el derrame de mercurio ocurrido en las localidades de San Juan, Choropampa y Magdalena, el 2 de junio del año 2000, tuvo como responsable directo a las empresas Yanacocha SRL y RANSA Comercial S.A”[2].
En segundo lugar, el Estado Peruano, a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio Público, entre otras instancias, desde el inicio se abstuvo de brindar atención médica urgente y asesoría legal; estuvo coludido con la empresa minera Yanacocha en tratar de atenuar la dimensión de lo ocurrido, y nunca asumió a cabalidad su responsabilidad en atender integralmente a la población afectada a lo largo de estos años.
A raíz de la inacción y complicidad de estos organismos, los pobladores de Choropampa prácticamente fueron abandonados y dejados a su suerte. Nunca tuvieron la oportunidad de que los entes estatales, que por mandado constitucional debieron preocuparse por ellos, les hayan brindado servicios eficientes y a largo plazo.
En tercer lugar, están las alcaldías y regidurías de las localidades de Choropampa, San Juan y Magdalena que durante los meses de agosto y septiembre del 2000, como se acaba de revelar, firmaron transacciones extrajudiciales clandestinas con Yanacocha. A cambio de obras de ingeniería de dudosa calidad, renunciaron “a iniciar cualquier clase de acción legal, civil, penal o administrativa o de cualquier otra naturaleza, que pudiera ser puesta de ahora en adelante, ante cualquier jurisdicción, tanto nacional, como extranjera”. Lamentablemente, la felonía de estas autoridades fue muy poca conocida por la opinión pública y debe ser dada a conocer con el fin de evitar la prescripción del derecho de solicitar las reparaciones e indemnizaciones que les correspondan a los afectados.
Hasta la fecha, las principales peticiones exigidas por la población desde el incidente son:
a) La construcción de un centro médico independiente,
b) que se hagan nuevos análisis toxicológicos con la ayuda de médicos extranjeros independientes y
c) la entrega de un seguro de salud permanente.
Ninguna de ellas ha sido atendida por el Estado y la empresa.
Por todo lo expuesto, el Colectivo Manos Limpias exige el cumplimiento urgente de las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo para el caso Choropampa de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente del Congreso de la República del Perú, de junio del 2008, que cuenta con el respaldo de la población afectada.
Una de las cuales es la conformación de una Comisión Multisectorial, integrada por el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Ministerio de Educación y Defensoría del Pueblo, a fin de implementar las acciones requeridas, que aún no se instala, pese al ofrecimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros del 14 de enero pasado. Asimismo, condenamos enérgicamente la irresponsabilidad de todas las instituciones involucradas en el tema, que deben ser objeto de encauzamiento por omisión en el cumplimiento de sus funciones.
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y caseríos aledaños de Choropampa y confiamos en que los valores genuinos de la justicia y la verdad se impongan pronto.
Lima, 27 de febrero del 2009
[1] Wilfredo Palomino PhD, PE. Químico, ingeniero ambiental, USEPA/Region2
[2] Informe del Grupo de Trabajo para el caso Choropampa de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente del Congreso de la República del Perú, p. 22 (junio 2008)