Lima, Perú – 15/02/09.
Fuente: Diario La Primera
El gobierno peruano declara de “necesidad pública” la actividad minera y da concesiones a varias mineras extranjeras en zonas limítrofes con Chile y Bolivia.
Hace semanas el consorcio minero estatal chino obtuvo concesiones con una extensión de 28.263 hectáreas en el límite entre Perú y Ecuador (1).
La operación de empresas extranjeras en la frontera está vedada por la constitución peruana. Argentina y Chile tienen un vergonzoso tratado aprobado por sus parlamentos (2), que habilita una jurisdicción a lo largo de la Cordillera de los Andes a favor de estas empresas que conforma el país de las mineras entre ambas naciones.
(1) Un consorcio minero chino opera a ambos lados de la frontera de Perú y Ecuador ► (2)Tratado con Chile sobre Integración y Complementación Minera, Ley 25.243 Sin tener en cuenta el peligro que puede generar la operación de empresas extranjeras en la frontera, el cual motiva una prohibición constitucional, el Ejecutivo entregó a la minera Gold Fields Perú S.A., propiedad de Gold Fields Holdings Company BVI Limited (Islas Vírgenes), las concesiones Jaruma 1, 2, 3, 4 y 5, ubicadas en la provincia de Tarata (Tacna), frontera con Chile, mediante el decreto supremo 012, valiéndose de la excepción de “necesidad pública” del artículo 71 de la Constitución.
Asimismo, el decreto 013, otorgó a la minera Los Quenuales S.A., propiedad de Glencore Finance LTD (Bermuda), la concesión Yauliyacu 42, ubicada en la provincia de Chucuito (Puno), frontera con Bolivia, también basándose en el argumento de “la necesidad pública”.
Para el responsable de Minería y Comunidades de CooperaAcción, José de Echave, estos decretos tienen la misma figura que el decreto supremo 024, en el que el Ejecutivo autorizó las operaciones del consorcio chino Zijin sobre 35 concesiones ubicadas en la frontera con Ecuador (Piura). “El tema de otorgar concesiones en la frontera está aumentando. Casi toda la frontera de Piura y Amazonas está concesionada”, dijo.
El especialista criticó el hecho que el Ejecutivo autorice la presencia extranjera de forma “automática” sin tener en cuenta que la misma empresa tenga concesiones en el otro lado de la frontera como ocurre en el caso de la minera Río Blanco, que pretende constituir un distrito minero transfronterizo entre Perú y Ecuador.
“Es lamentable el papel del ministro de Defensa que, al otorgar estas concesiones no toma en cuenta el tema de seguridad nacional en las fronteras. Una necesidad pública podría ser también que no haya minería en la frontera”, dijo.