Publicado por Editorial Icaria, Barcelona, 2008
Marco Arana Zegarra[2]
Introducción La minería constituye una actividad económica en el país que aporta más del 45% de las divisas por exportaciones, aunque solo representa el 4 % de los ingresos tributarios totales del Estado y alrededor del 1% de la PEA nacional de empleo directo.[3]
Desde inicios de los años 90, la minería sigue siendo, una de las actividades económicas más privilegiadas por la política económica de los diversos gobiernos: Goza de marcos jurídicos y tributarios sumamente favorables para las empresas, de convenios de estabilidad jurídica y tributaria y de leyes que privilegian los derechos de las empresas mineras por encima de los derechos de las comunidades locales. En una coyuntura de alza de precios de los metales en el mercado internacional, las empresas hacen grandes ganancias y el Estado no puede disponer de contribuciones significativas que le permitan asumir un rol eficaza en la redistribución de la riqueza.
Si bien, en las últimas dos décadas, se ha mejorado la legislación ambiental y las normas ambientales mineras, no obstante, los sistemas de fiscalización ambiental pública siguen siendo sumamente deficientes, por lo que el Estado no está garantizando adecuadamente el derecho a la salud, a un medio ambiente saludable y el acceso al agua en calidad y cantidad suficientes a las poblaciones aledañas a las zonas de actividades mineras
[1] Este artículo recoge parte del informe presentado ante el Relator Especial de Naciones Unidas, Dr. Paul Hunt, en su visita al Perú el 11de Octubre 2006.[2] Sacerdote Peruano. Premio Nacional de Derechos Humanos de Perú. Ex Director de la ONG GRUFIDES.
[3] ASTE, Juan. Perú: La Expansión Minera y la Necesidad de una Zonificación Ecológica-económica Para el Desarrollo Sostenible. Aportes al Debate Nº 8. Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Lima, 2005.