y podrían generarse demandas
12 de Febrero, 2009
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El Gobierno colombiano ya dio instrucciones a las entidades competentes para hacer un inventario de los contratos de la multinacional en Colombia. La advertencia que hizo el presidente, Álvaro Uribe, a Glencore para cumplir sus compromisos con la ampliación de la Refinería de Cartagena o si no sus contratos en Colombia correrían riesgos, podría tener su primer efecto sobre Prodeco, la tercera empresa productora de carbón del país y en la cual tiene participación la multinacional suiza a través de Xstrata. A Prodeco, que explota carbón en dos minas en el Cesar, se le vence en marzo de este año una licencia para operar un puerto carbonero en Santa Marta y la empresa deberá trasladar esta actividad a una nueva lubicación para poner punto final a su viejo conflicto con la industria turística del Magdalena.
Por eso la compañía, junto con otras carboneras, trabaja desde el año pasado en la constitución de una sociedad promotora que construirá un terminal marítimo dedicado exclusivamente a la carga de este mineral, el cual estará ubicado en el municipio de Ciénaga (Magdalena). En esa sociedad, Prodeco tendría la mayoría accionaria ya que sería el mayor usuario.
Pero el proyecto podría complicarse. Un alto funcionario en el Gobierno confirmó a este diario que la desafiante advertencia del presidente Uribe del viernes pasado ya se tradujo en una orden concreta a las entidades estatales, de revisar cada uno de los contratos que Glencore tiene en el país.La revisión es para tener el mapa claro de cara a una reunión que sostendrán los directivos de esa compañía el próximo 16 de febrero con Ecopetrol y con el ministro de Minas, Hernán Martínez para definir qué va a pasar con la ampliación de la refinería, el mayor proyecto de infraestructura petrolera nacional y el cual requerirá inversiones de al menos 3.000 millones de dólares.
Glencore ha pedido aplazamientos a Ecopetrol porque al parecer no cuenta con la financiación suficiente para emprender las obras como quedó establecido en el contrato debido a la crisis financiera internacional. De hecho, hace unos días la multinacional anunció un reacomodo mundial de activos, el cual incluye la venta de Prodeco a su filial Xstrata por 2.000 millones de dólares, con la posibilidad de recompra en un año.
"El tema se está poniendo quisquilloso y delicado. Nos dieron la orden de revisar contrato por contrato de Glencore", indicó la fuente que pidió mantener en reserva su nombre.
PORTAFOLIO intentó conocer la opinión de la minera colombiana, pero no fue posible.Otra fuente explicó que ha sido el propio Gobierno el que con su falta de certeza jurídica le ha frenado el ritmo a la ejecución del proyecto del puerto, pues le ha dado largas al asunto.
Entre tanto las empresas involucradas han destinado tiempo y dinero en estudios, y ni siquiera han recibido respuesta a la oferta oficiosa que se le hizo para la construcción de Puerto Nuevo en Ciénaga.Sin esa respuesta no pueden seguir adelante con otros trámites como la solicitud de la licencia ambiental.
Así que las obras seguirán demoradas porque tardarán al menos 5 años cinco años, dijo la fuente.Lo cierto es que el puerto sobre el Caribe es una pieza fundamental para esta empresa, pues sin él no tendría por donde sacar las 9 millones de toneladas del mineral que extrae, con destino a Europa.
La obra del puerto tiene un costo aproximado de 350 millones de dólares y tendrá una capacidad para mover al menos 35 millones de toneladas de carbón al año, pero podría ser superior si las circunstancias así lo exigen. El terminal marítimo contará con cuatro líneas de atraque, canal de acceso y lo manejaría un operador especializado.
Prodeco también tiene participación en el 39,8 por ciento en Fenoco, el ferrocarril que se encarga de transportar el carbón desde las minas Calenturitas y La Jagua hacia el puerto actual en Santa Marta.
El resto de la propiedad lo comparten otras empresas exportadoras de carbón.No obstante, especialistas del sector minero dudan que los últimos emplazamientos públicos de Uribe, los cuales se hicieron ante un foro de inversionistas organizado por Proexport con el apoyo de Portafolio, queden en firme.
"Yo no veo claro que de un plumazo se pueda utilizar un incumplimiento en la ejecución de un negocio para que se constituya causal de caducidad administrativa de un contrato", sostuvo Aurelio Martínez, experto en Derecho Minero y quien a su vez funge como presidente de la Organización Latinoamericana de Minería (Olami).
El abogado reconoce que para tomar una decisión al respecto habría que estudiar caso por caso, pues cada contrato se rige por unas particularidades. "El poder Político del Estado es innegable, pero habría una duda razonable si a la hora de la verdad se echan para atrás (Glencore) y se les pueda decir que se cortan las relaciones con el Estado colombiano", asegura.
Admite que el problema para Colombia vendría después debido a las demandas contra el Estado que se instaurarían a nivel internacional, lo cual sentaría un pésimo precedente para la inversión extranjera.