La mina Marlin, propiedad de Montana Exploradora, S.A., comenzó la extracción de oro y plata en el 2005, en un área ubicada entre Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.
Por Alberto Ramírez Espada periodismo comunitario
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) emitió ayer una condena moral contra la empresa Montana Exploradora, S.A., por daños al ambiente y a la población de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, veredicto que rechazó la Gremial de Minas de Guatemala.
Luego de una semana de audiencias en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en las que se conocieron 10 casos de contaminación y deterioro de fuentes hídricas en el continente americano, el TLA emitió anoche los fallos de esos casos. El jurado estuvo compuesto por 10 personas de diferentes países, entre ellos Alexandre Camanho, ex procurador general de Brasil; Philippe Texier, ex magistrado francés, y David Barkin, académico mexicano, así como los guatemaltecos Augusto Willemsen, ex procurador adjunto de Derechos Humanos, y José Barnoya, médico.
Señalan daños La parte demandante estuvo integrada por la alcaldía de Socapa, alcaldía comunitaria de Tres Cruces y la comunidad del pueblo maya sipacapense; acusaron a la mina Marlin, propiedad de Montana, de afectar a unos 10 mil habitantes, al originar que se sequen los pozos y las explosiones para perforar pozos dentro de la mina, lo cual ha causado daños a viviendas en las comunidades cercanas.
El tribunal consideró que hay alta probabilidad de liberación de aguas ácidas de los escombros de la mina, así como el riesgo de derrames con consecuencias graves para la población y el entorno en la cuenca del río Cuilco y subcuenca del río Tzalá, y las especies acuáticas.
El TLA responsabilizó a Montana por daños ambientales, y recomendó que la empresa indemnice a la población de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Recomendó que se realicen estudios independientes que garanticen la participación de los afectados, para determinar la capacidad de la minera para evitar daños a la comunidad y al entorno.
El TLA responsabilizó al Gobierno de Guatemala por no corregir la situación de operaciones mineras de alto riesgo, y lo censuró por no aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al ignorar las consultas de esos pueblos.
Esa corte recomendó al Congreso reformar la Ley de Minería, para asegurar la soberanía nacional y la defensa de los derechos y el patrimonio de sus habitantes. Otros casos En el caso de la demanda de deterioro de la cuenca del río San Juan, Aguacatán, Huehuetenango, interpuesta por la comunidad maya chalchiteka, el TLA responsabilizó a la Municipalidad de Aguacatán por daños causados ante la falta de un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
Por igual, recomendó al Ministerio de Energía y Minas suspender la exploración minera de Tenango Mining, y no extender licencias mineras en esa zona. También censuró la excesiva deforestación, al no cumplir su obligación el Instituto Nacional de Bosques.
Esa institución y la comunidad llegaron a un acuerdo para colaborar en programas de regeneración y reforestación. El tercer caso guatemalteco que conoció fue la demanda por contaminación de la Laguna Chichoj, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
En ese caso, el tribunal no emitió condena, porque la parte demandante, Asociación para el Desarrollo Integral Verapaz, llegó a un acuerdo con los demandados, la Municipalidad de San Cristóbal y el Consejo Departamental, para coordinar esfuerzos para salvar ese cuerpo de agua. Javier Bogantes, presidente del TLA, indicó que habrá seguimiento de los casos, para determinar si las partes cumplieron sus compromisos.