13 de Agosto de 2008
La presunta “indecisión” gubernamental sobre los permisos de explotación minera y la supuesta “retirada” de Pacific Rim plantean una serie de dudas sobre la verdadera intención del Ejecutivo y de la empresa canadiense, frente al creciente rechazo ciudadano a estos nocivos proyectos.
Esto se debe a las declaraciones contradictorias de personeros del oficialismo y a las acciones incongruentes de la compañía extractiva, que conducen a muchas personas a creer en la existencia de una “conspiración” tendiente a evitar un costo electoral a la derecha gobernante, en caso de avalar la minería metálica antes de los comicios del próximo año. La “sospecha” se basa en la falta de respuesta a preguntas como éstas. ¿Por qué el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) insiste una Evaluación Ambiental Estratégica para “decidir” sobre los permisos de explotación, si está claro que la minería es inviable en nuestro país, por las razones que recientemente reiteró el ex-ministro Hugo Barrera? y ¿por qué Pacific Rim sigue presionando al gobierno, a pesar de haber anunciado su “retiro” de Cabañas y del país, ante la falta de permisos y la ascendente resistencia social?
Barrera insistió hace dos semanas en un programa televisivo que “la explotación minera no es conveniente en El Salvador debido a la pequeñez territorial y la alta densidad poblacional”. Y advirtió que esta industria “causaría daños irreversibles o reversibles a muy largo plazo en el agua, el suelo y el aire”, lo cual “perjudicaría gravemente la productividad agrícola y la salud de la población”.
Por tanto, declaró que “la minería sería posible en el país sólo si las empresas sacan los millones de toneladas de roca y las procesan en Canadá u otro país mencionado en la propaganda de Pacific Rim”. Recordemos que estudios como el planteado por el MARN son pertinentes cuando existen dudas sobre la viabilidad y los posibles impactos de los proyectos.
Esto significa que en el caso de la explotación minera, cuya inviabilidad y eventuales perjuicios son evidentes, la Evaluación Ambiental Estratégica no es necesaria. Entonces, ¿por qué el ex-ministro Barrera no concretó, en su momento, el rechazo definitivo a la minería de metales, si aseguró que tanto él como el presidente Saca la “desaprueban”? y ¿por qué el actual ministro Carlos Guerrero continúa con esa actitud?
¿Para qué el referido estudio? ¿Es acaso una táctica dilatoria que permite al gobierno ganar tiempo mientras pasan las elecciones? ¿Cuál será el resultado del referido estudio: una confirmación de los argumentos de Barrera o una justificación de los proyectos mineros?
¿Es una “indecisión” técnica o una acción dilatoria mientras pasan los comicios, sobre todo porque el Arzobispo de San Salvador pidió a la población identificar a quienes apoyan la minería y responsabilizarlos de los posibles daños? o ¿es algo mucho más peligroso: algún acuerdo político con Pacific Rim para avalar los proyectos después de las elecciones, en caso de que ARENA logre mantenerse en el control del Ejecutivo y en el dominio de la Asamblea Legislativa?
La empresa minera también muestra actitudes contradictorias que generan incertidumbre. Por un lado anuncia su “retiro” de Cabañas y la gestión de una demanda contra el Estado salvadoreño para recuperar sus “inversiones”, pero al mismo tiempo continúa su estrategia de presiones al gobierno, insultos a los opositores a la minería y de agresiones a las comunidades que se defienden de la amenaza minera.
Este fin de semana, Pacific Rim “juramentó” en Ilobasco a una peligrosa organización de choque denominada “Grupo Gestor”, con el que pretende ganar adeptos a la explotación minera y contrarrestar el trabajo de información, concientización y movilización de las decenas de comunidades aglutinadas en el Comité Ambiental de Cabañas (CAC).
Si el gobierno “no muestra voluntad” de aprobar los proyectos mineros, ¿por qué Pacific Rim no se larga y obliga al gobierno a indemnizarla por las pérdidas “causadas”? ¿Será su aparente retirada un táctica orientada a engañar a los opositores de la minería y a evitar consecuencias políticas a ARENA y a sus aliados?
Éstas y otras dudas invaden, con justa razón, a las comunidades y organizaciones ciudadanas que defendemos el agua, el medio ambiente y la vida de las presentes y futuras generaciones, gravemente amenazadas por la posible explotación minera.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.