Helsinki, Finlandia,
Agosto 7 de 2008
Dr. Esteban Righi
Procurador Genetral de la Nación
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
De mi consideración:
En mi carácter de Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nóbel Alternativo 2004 le hago llegar mi preocupación por la crítica e injusta situación que enfrenta el Fiscal General Dr. Antonio Gustavo Gómez.
Le estoy escribiendo desde Finlandia, donde he sido invitado para disertar en el Curso Internacional de Verano que dicta la Universidad de Helsinki.
El Dr. Antonio Gustavo Gómez ha devuelto a la ciudadanía la esperanza de contar con una justicia transparente, seria y sobre todo independiente. Porque de esto trata la Justicia.
Durante demasiado tiempo los sectores económicos más poderosos movieron sus hilos y contactos para frenar cualquier intento de denuncia de delitos ambientales graves. Durante demasiado tiempo los estados provinciales privilegiaron las inversiones mineras por encima de la salud de las personas. Durante demasiado tiempo Alumbrera Limited actuó sin que el Estado la controlara.
Esto permitió la destrucción de altas cuencas hídricas, la contaminación de agua y suelo en Catamarca, la reiterada rotura del mineraloducto interprovincial con subsecuentes derrames de sustancias peligrosas, y la grave contaminación de las aguas del canal DP2 en Tucumán.
Los residuos que estuvo transportando este canal también habrían afectado las aguas del embalse de Río Hondo en Santiago del Estero, y por extensión una parte importante de la cuenca del río Salí-Dulce. Precisamente el trabajo serio y meticuloso del Fiscal General dejó al descubierto las abiertas violaciones de Alumbrera Limited a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24051, y la irresponsabilidad empresaria de sus altos directivos.
No es justo ni razonable que las ganancias desmedidas que obtienen estas empresas se haga a costa de la salud de las personas, y que sus violaciones a normativa vigente queden impunes.
El Fiscal General Dr. Antonio Gustavo Gómez le mostró a la sociedad y a las empresas transnacionales que el brazo de la justicia también llega hasta los poderosos. El caso iniciado ante la Justicia por el Biólogo Juan Antonio González y que investigó el Fiscal General ya se transformó en ejemplar y paradigmático a nivel Latinoamericano e internacional.
Cualquier persona o corporación que mueva resortes oscuros y mecanismos políticos para frenar o distorsionar el juicio provocará un escándalo sin precedentes.
Quienquiera pretenda hacerlo debe saber que esta vez no habrá silencio. Por este motivo estamos convocando a todos los Premios Nóbel Alternativo del mundo -entre ellos la recientemente galardonada con el Premio Nóbel de la Paz, Wangari Maatai- para seguir de cerca el proceso y hacer conocer internacionalmente cualquier amenaza o presión que pueda recibir el Fiscal General.
Igualmente a Amnesty International y Transparency International. La irresponsabilidad de algunos poderosos y de sus socios políticos tendrá esta vez un formidable escollo.
Lamentablemente pudimos conocer, gracias a organizaciones colegas que contribuyeron a denunciar las tropelías ambientales de Alumbrera Limited, que el Fiscal General no puede iniciar nuevas investigaciones preliminares "porque se cuestionan sus facultades para hacerlas, y no ha recibido el apoyo necesario desde la Procuración General de la Nación" (Conciencia Solidaria de Tucumán y ASANOA).
Esto adquiere por lo tanto una inusitada gravedad institucional y social. El Fiscal General ha actuado equilibradamente tras escuchar a la empresa y a las comunidades afectadas, y haber valorado pruebas irrefutables que están debidamente incorporadas al proceso penal.
La posible existencia de un pedido de destitución contra el Fiscal General sería, además de injusta e improcedente, un acto lesivo para la propia Justicia.
Quienes somos profesores titulares por Concurso en universidades nacionales y desempeñamos funciones en organismos internacionales conocemos perfectamente lo que sucedió y sigue sucediendo en La Alumbrera, y disponemos de documentación pública que acredita la labor impecable y justa del Dr. Antonio Gustavo Gómez.
Al mismo tiempo, tenemos documentación de igual valía para demostrar en todos los ámbitos que sean necesarios -incluida la Corte Suprema de Justicia, que demostró un fuerte compromiso social y ambiental en el caso Riachuelo- el irresponsable y criminal accionar de la empresa Alumbrera Limited. Además de rechazar cualquier pedido de destitución contra el Fiscal General Dr. Antonio Gustavo Gómez, le requerimos que formalice un explícito apoyo institucional, necesario en este momento, para que el Fiscal General pueda seguir investigando como lo hizo hasta ahora, en forma transparente, y libre de ataduras políticas y económicas.
No es posible ni sano para la sociedad argentina que cuando un Fiscal hace correctamente su tarea en defensa de la ley y por extensión de la salud de las personas y la protección del ambiente, y se tocan los intereses de empresas transnacionales, lo que peligre sea la labor del Fiscal.
Es hora de que nuestro país madure y se acepte el trabajo de la justicia independiente.
De lo contrario estaríamos retornando a las sombras, al país colonial y a la pérdida de la seguridad jurídica. Porque de esto se trata. Nacionales y extranjeros deben saber que las leyes argentinas están hechas para ser cumplidas y que su violación da lugar a procesos judiciales donde el resultado solo depende de los propios mecanismos de la Justicia y no de presiones ni amenazas externas.
Esto es seguridad jurídica. Resultaría inadmisible que además de los inéditos beneficios que los distintos gobiernos de Argentina y sus normas les concedieron a las grandes empresas mineras, cuenten ahora, además, con beneficios judiciales y garantías no escritas de que sus actos no se investigarán y que sus funcionarios tampoco serán imputados ni procesados.
El Sr. Julián Patricio Rooney y cualquier otro alto directivo de Alumbrera Limited acusado de contaminación dolosa tienen que someterse al imperio de la ley y a las decisiones de la justicia como cualquier ciudadano de Argentina ante una instancia similar porque todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley (Artículo 16 de la Constitución Nacional).
Sr. Procurador General de la Nación: necesitamos seguir confiando en la justicia de los seres humanos.
Como ya lo manifestaron públicamente otras organizaciones de la sociedad civil, a las cuales adherimos, queremos seguir contando con un fiscal ágil y eficiente que pueda hacer su trabajo libre de presiones y amenazas.
Le requerimos por lo tanto un explícito, fehaciente y público apoyo a la tarea independiente del Fiscal General Dr. Antonio Gustavo Gómez.
Sin otro particular lo saluda atentamente
Dr. Raúl A. Montenegro,
Biólogo. Profesor Titular de Biología Evolutiva, Universidad Nacional de Córdoba.
Premio Nóbel Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia)
Premio Global 500 de Naciones Unidas (Bruselas, Bélgica)
Nuclear Free Future Award (Salzburgo, Austria)
Premio a la Investigación Científica de la UBA (Buenos Aires, Argentina) Presidente de FUNAM.
Esta Carta se hace pública en Argentina y otros países, en español y en inglés.
Con copia a:
Galardonados con el Premio Nóbel Alternativo (Right Livelihood Award) Amnesty International
Transparency International
Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)
Otras instituciones nacionales e internacionales