Juan Pablo Fernández M.,
Valledupar, 18 de julio de 2008
Desde el 16 de julio, en horas de la tarde, los trabajadores de la mina La Loma, Cesar, y del puerto de Ciénaga, Magdalena, que laboran para la trasnacional carbonífera Drummond, declararon la huelga una vez agotado el proceso de negociación.
La causa de la actitud de los obreros fue la negativa de la compañía a atender el petitorio de Sintramienergetica.
Las razones que da la empresa y que muy bien explica el señor Drummond entre su círculo, no son aceptables para quienes conocemos el contenido del petitorio y las condiciones en que los obreros desarrollan las extenuantes jornadas de doce horas y más, por el contrario, creemos que les asiste la razón a aquellos que han decidido parar las labores. Los trabajadores solicitan que se cumplan la Ley y la Constitución en materia de seguridad industrial –causa de graves lesiones, entre ellas, irreparables afectaciones vertebrales– tener estabilidad laboral, un ajuste salarial superior a la inflación, e inversión social que palie las miles de carencias que padecen los habitantes de las poblaciones del corredor minero.
¿Peticiones desmedidas? Claro que no. ¿Justas? Por supuesto. Sin embargo Drummond, firma que antes de explotar los mantos minerales del Cesar era un pigmeo del mundo del carbón, exhala soberbia y con reciedumbre responde a quienes con su trabajo garantizan sus pingües ganancias.
Intransigencia inaceptable de alguien que vendió 1.150 millones de dólares ($2,3 billones) en el 2007 y que despacha diariamente 8 millones de dólares ($14.500 millones). Que goza, ¡además!, de enormes gabelas tributarias en la liquidación del IVA (entre 1996 y 2005 el gobierno le reembolsó más $260 mil millones) y en el pago del Impuesto a la Renta –con una tasa muy inferior a la del 32 por ciento legal–exenta del pago de Industria y Comercio y de Predial, mientras los negocios de los cesarenses se ven obligados a cancelarlos.
¡1.150 millones de dólares en ventas y 10 mil hectáreas de tierra libres de impuestos territoriales! Pagamos la regalía, dirán. Pero la regalía es la contraprestación económica que recibe la Nación por entregar el derecho a explotar los recursos naturales no renovables de su propiedad. Las líneas son escasas para describir los reclamos contra la Drummond.
Añadamos otros. ¿Por qué no ha cancelado los 33 millones de dólares de regalías que ordena, desde el 8 de agosto pasado, el fallo del tribunal de arbitramento convocado por la Cámara de Comercio de Bogotá?
Las comunidades se quejan del daño ambiental y del deterioro de las vías, menoscabos que no se resarcen con la siembra de unos árboles de mango que ya están ‘paridos’, como sucede en un municipio aledaño a la mina.
Y el gobierno nacional como Nerón mientras Roma era consumida por las llamas: declamando poemas…a la trasnacional. Le entrega contratos con cláusulas económicas que emulan los vigentes, donde la participación estatal alcanza un exiguo 40 por ciento, mientras que en el petróleo la participación (state take), suma 66 por ciento.
De continuar la explotación del carbón como se viene dando, una vez ésta llegue a su fin, se rememorará al igual que en las notas de una famosa canción, diciendo: "Voy a contarles un pedazo de la historia negra de Colombia".
Coletilla: ¿Qué tiene Augusto Jiménez que no ostentan los mandamases del Cesar? Es por lo menos curioso, que en el establecimiento vallenato no exista quien posea la capacidad de dirigir la filial de Drummond en Colombia, a pesar de que la mina está en el Cesar y no en Sucre, de donde es oriundo el jefe de la trasnacional norteamericana en el país.