(Extracto de entrevista)
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=056714&parte=1
Abraham Gak, profesor honorario de la UBA, ex rector del Carlos Pellegrini e integrante del Grupo Fénix (que intenta desactivar el neoliberalismo y postular una economía más integrada), opina sobre la situación y el gobierno, al que apoya en el conflicto frente al campo, pero al que cuestiona en algunas de sus políticas, desde el tren bala (donde Gak se pregunta si habrá un negociado) hasta el INDEC y la minería. ¿Un “tibio” o alguien que trata de entender lo que pasa? El rol cómplice de la Universidad, la política cooptada por las empresas y otros misterios, en esta charla con LAVACA. Abraham Gak tiene al menos tres cualidades extravagantes para el mundo económico y educativo argentino, terrenos que transita con un prestigio que muchos de sus pares miran de reojo.
Esas cualidades lo convierten en un sujeto peligroso, a poco que abra la boca: piensa; tiene sentido del humor; es sincero. En esta charla fluida y reveladora, llevada a cabo café por medio en una de las Anticonferencias organizadas en MU.Punto de Encuentro, Gak abarcó varios temas de la agenda actual, sin esquivarle a ninguno.
El gobierno, el tren bala, las movilizaciones subsidiadas, los negociados, la complicidad de la UBA con las mineras, su apuesta y sus críticas a la actual administración, y algunas ideas cruzadas sobre las comunidades que se movilizan. […] La UBA y las mineras – ¿O será que pasa lo que usted contaba respecto a lo del tren, que al final el funcionario ve que viene por ejemplo una minera anunciando inversiones, y dice “metámosle para adelante”, sin pensar en lo que significa?
– El tema de la minería es un caso paradigmático para mí. Porque realmente la legislación vigente, que estoy seguro de que la redactaron las empresas, no tengo ninguna duda, se ha cubierto de tal manera que hasta ponerles las retenciones que les pusieron, que son del 5 y 10%, prácticamente nada con la rentabilidad que tienen, así y todo las están objetando y están amenazando con ir al CIADI.
Tienen un articulado que establece que no se les puede modificar ni un centavo de las tasas de impuestos que estaban vigentes en el momento que se firmó la ley. Y no se puede modificar el canon que pagan. Nada. Y un agravante: hay en este momento más de 450 emprendimientos mineros que abarcan toda la cordillera de los Andes, desde el norte hasta el sur, y en algunos casos en el centro del país.
– ¿Por qué el gobierno no permite que haya una nueva ley que reemplace a la anterior, entonces?
– Primero, yo sostengo que eso es así, que debería haber otra ley. Yo participé de un grupo que se formó, pero descubrimos algo. No conseguimos prácticamente ningún geólogo ni ingeniero de minas en quién confiar. Todos están comprometidos con las empresas mineras. Todo el departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, todos trabajan para las empresas mineras.
– No lo puedo creer. – Con lo cual, ¿quiénes son los que están opinando que hay que cambiar las cosas? Sociólogos, politólogos, economistas, pero no expertos en el tema.
Ese es un problema tremendo. El de la minería es un problema tremendo. Me pregunto por qué no hay una decisión política para hacer el cambio. No es porque no haya geólogos. Falta decisión política.
Entonces van a aparecer los candidatos. Sobre la minería en Argentina escriben más en el exterior que en Argentina. Hay institutos, centros de investigaciones, en Europa, que tienen muy analizada la situación.
Yo no leí por lo menos ninguna propuesta que diga “acá hay una salida jurídica en serio”, que no terminemos en el CIADI con un juicio de 50 mil millones de dólares. Porque para atrás no podés volver. El precio de la Constitución del ‘94 – La legislación ya plantea una trampa…
– Y además, es una conclusión personal, la podemos discutir. Para mí, cuando se sancionó la Constitución del ‘94 se logró el apoyo de los gobernadores a cambio de esta disposición de este artículo que establece que todos los bienes no renovables de Argentina, en tierra, son propiedad de las provincias. Y a las provincias que les pagan un 3% de canon, al que para colmo le descuentan todos los gastos operativos, aparte, para ellos es mucho. Para Catamarca 70 millones de dólares al año es una cifra monumental.
Y es nada al lado de lo que sacan, además de que no sabemos lo que sacan. – Las empresas declaran lo que quieren, sin control, sobre cuál es la extracción. – No hace mucho, hace cosa de seis meses, la Dirección de Aduanas rehabilitó el laboratorio que determinaba la composición del barro que exportan las mineras. Lo que nosotros sospechamos es que en ese barro hay minerales sumamente valiosos, de muy poco volumen, pero que son muy valiosos para la alta tecnología.
Pero no se declaran. Pero durante muchos años, sobre todo durante el gobierno de Menem, se trabajó sobre la base de declaraciones juradas que hacía un instituto certificador de Inglaterra. Sobre eso pagaban, lo que figuraba como exportación.
Aparte de estar exentos de traer ni un solo dólar de sus exportaciones a Argentina.
– Me quedó una cuestión, el tema de la Universidad. ¿Qué rol está cumpliendo la universidad pública?
– En esto de la minería, cómplice. Cómplice. – ¿Es sólo complicidad económica? La universidad no tendría por qué tener esa complicidad. – Están todos recibiendo… Voy a dar el ejemplo que yo recuerdo. El INTA, el INTA en el sur, pongamos. Imaginen los investigadores del CONICET trabajando, ganando 1.400 pesos por mes.
Viene una empresa extranjera y les pide que le hagan un estudio, un desarrollo científico y les aportan un subsidio de una cifra que ni sueñan obtener del Estado.
Ellos hacen su trabajo, se lo entregan a la empresa y se acabó. No hay ninguna legislación que obligue a las universidades, por ejemplo, que el fruto de sus investigaciones sean puestas a consideración de la sociedad.
Pueden convenir que determinados trabajos y creación de conocimiento es propiedad de quien aporta los recursos para la investigación.
En Estados Unidos, ese sueño de la propaganda que las empresas financian a las universidades para desarrollar investigaciones, es absolutamente falso.
Las empresas tienen sus centros de investigación propios. ¿Por qué? Porque las únicas universidades que aceptan el monopolio del conocimiento adquirido en esas investigaciones son las pequeñas universidades. Harvard no recibe, Yale no recibe, Stanford no recibe, no aceptan hacerlo. Lo que sí aceptan es cuando el Estado les pide una investigación.
Incluso no tienen escrúpulos en hacer investigaciones de carácter bélico. Todos lo sabemos.