Diario El Regional de Piura
Campesinos torturados reclaman justicia
Los conflictos que se generan en la serranía piurana, han devenido en la presentación de denuncia penal contra empresa minera Río Blanco.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció ayer las torturas en contra de campesinos de Ayabaca y Huancabamba acontecidas en agosto del 2005 por parte de efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES).
Los campesinos afectados fueron detenidos por protestar en contra de la presencia de la Empresa minera Majaz (hoy rio Blanco Cooper) en tierras pertenecientes a la comunidad campesina y de quien la minera no posee los permisos según Ley.
En consecuencia los comuneros fueron retenidos luego de desatarse un enfrentamiento con la Policía.
Los detenidos permanecieron retenidos contra su voluntad en el campamento minero de Majaz por 72 horas, tiempo en el cual fueron víctimas de vejaciones físicas y Psicológicas. Entre los detenidos se encuentra Cleofé Neyra (Huamcabamba) y Elizabeth Cunya (Ayabaca) quienes fueron agredidas sexualmente.
En consecuencia de este hecho la Coordinadora interpondrá el caso ante fiscalía de Piura en el área de Derechos Humanos, bajo los cargos de secuestro agravado, tortura homicidio calificado, delitos contra la omisión, libertad sexual y extensión de certificado falso, esto basado en las investigaciones de la propia Coordinadora.
Mar Pérez representante legal de la coordinadora dijo que las pruebas acopiadas, apuntan a responsabilizar a efectivos policiales que torturaron a los campesinos, al ex director de la Policía Nacional, General Marco Miyashiro por su inacción ante este hecho. Así también la denuncia responsabiliza los gerentes de minera Majaz, de quien se tiene indicios existió coordinaciones con la policía que resguardaba el campamento.
Campesinos torturados reclaman justicia
“lo que vivimos allá arriba fue un salvajismo brutal” – Elizabet Cunya “Las órdenes no se cumplen sin dudas ni murmuraciones” – Julio Castro
Ayer se presentó la denuncia en defensa de los campesinos de Ayabaca y Huancabamba torturados por efectivos policiales, el 1 de agosto del 2005, cuando fueron detenidos por protestar en contra de la ilegal presencia de la empresa minera Majaz (hoy rio Blanco Cooper). Los afectados permanecieron por 72 horas retenidos contra su voluntad victimas de vejaciones, maltratos psicológicos, amenazas de muerte y acoso sexual en el caso de las mujeres, todo ello ocurrido en las instalaciones del campamento denominado Herry’s Hill donde opera la minera.
La denuncia penal fue presentada ante la Quinta Fiscalía de la Nación cede Piura, especializada en delitos de terrorismo y contra lesa humanidad; la cual es presidida por el Fiscal Juan Ortiz Arévalo.
Los presuntos responsables y acusados ante la fiscalía de Piura son el General PNP Ricardo Benavides Ramírez, jefe de la Primera Dirección Territorial de la PNP, responsable del área territorial en el que se produjeron los hechos, además del Coronel PNP Ricardo Murillo, responsable del mantenimiento del orden en la zona de conflicto, quien tuvo bajo su custodia a los detenidos en el campamento minero, así como el capitán PNP Marco Gonzales Santillán, jefe de Destacamento policial “Henry’s Hill” encargado de brindar protección a las dependencias y establecimientos de la compañía minera. Así también la denuncia contempla como responsable a los efectivos policiales (DINOES) y personal de seguridad de la empresa Minera Majaz.
También esta denunciado el ex fiscal Felix Toledo Leiva por omisión de denuncia en torno a todos estos hechos y quien actualmente se encuentra purgando condena en el penal de Rio Seco – Piura por recibir una coima.
El representante de los comuneros agraviados el Dr. David Velazco de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ingresaron el expediente a las 11:25 a.m.
Velazco dijo que se ha recurrido a peritos internacionales de reconocido prestigio como es la institución Médicos por los Derechos Humanos (PHR) “esas pericias establecen de manera concluyente y contundente que las personas han sufrido torturas físicas y Psicológicas”
Así también Velasco “dijo que la responsabilidad alcanzaría al General (en retiro) Marco Miyashiro y por eso estamos solicitando que se le investigue”. Los afectados
Para Elizabeth Cunya Ovillo dijo el dolor es latente “lo que vivimos allá arriba fue un salvajismo brutal y demandamos justicia (…) no se respeto derechos, no se respeta la comunidad comunal, la conciencia del ser humano, no se respeta nada”
Por su parte el Comunero Pedro Aponte Guerrero dijo “lo que buscamos es justicia que se investiga a los responsables y que castigue el poder judicial”.
En relación al conflicto minero que se vive en la sierra de Piura Pedro Aponte refirió “hemos perdido la fé tenemos dudas, nosotros sólo pedimos justicia y que no se parcialicen con nadie. No hay paz ellos (majaz) siguen atentando contra nosotros sindicando a nuestros comuneros como violentistas presentando montajes como terrorista lo que no es así. Entonces ellos siguen atentando contra los derechos de los ronderos y comuneros”.
Elizabet cunya opinó que “si se quiere hablar de honestidad y de que va a ser un proyecto (Rio blanco) que va a beneficiar a futuro, se tiene que empezar a respetar cada uno de los derechos de los ciudadanos”.
Efecto Post traumático
Para el médico Psiquiatra Julio Castro Castro las personas víctimas de un hecho de represión sufren el efecto denominado post traumático “la persona empieza a presentar un temor, una angustia marcada, con pensamientos (…) que tú no quieres recordar, la persona empieza a re experimentar el hecho traumático, tienes pesadillas crónicas recurrentes relacionados con el hecho, y esto es ajeno a la voluntad de las personas (…) tendrán diferentes formas de trastornos de ansiedad generalizada, fobia, depresión mayor, e intento suicida”. Afirmó el galeno.
Castro afirma que el efecto post traumático afecta a los demás miembros de la familia “en diferentes grados dependiendo del tipo de rol que juegue la persona (esposa, esposo, hijo)”.
En torno a la relación actual entre la policía y las organizaciones comunales el médico Psiquiatra dijo “se supone que la policía son los representantes del orden pero al mismo tiempo de la justicia, de proteger a la sociedad civil. Qué van a pensar esos campesinos de la policía nacional que estuvo alojada en los ambientes del campamento minero (..) van a pensar con todo derecho que la policía nacional está al servicio de la minera y no para protegerlos a ellos”.
Así también el efecto post traumático alcanza a los efectivos policiales advirtió porque “hay policías honrados, cristianos, que han sido testigos de lo que ocurrió allí y que no pueden hablar por temor a represarías de sus jefes, ese hombre debe sentirse atormentado, porque ha participado como testigo de un hecho de represión ordenado por sus jefes a petición de una de las partes en conflicto (Majas), la policía en ese acto se ha descalificado”.
“Las ordenes no se cumplen sin dudas ni murmuraciones (…) las ordenes tienen que tener un sentido Ético y que los miembros de las fuerzas armadas y policiales no están obligados a obedecer órdenes que atentan contra la vida de las personas” concluyo diciendo.
Diario El Regional de Piura