Por Alberto Ramírez Espada/ periodismo comunitario
Como una victoria ambiental fue considerada ayer la resolución de inconstitucionalidad general parcial, declarada por la Corte de Constitucionalidad (CC), sobre el contenido de siete artículos de la Ley de Minería, lo que ahora abre la puerta para promover una nueva norma de esa actividad.
Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), opinó que, después de tres años de estudio sobre esa ley, presentaron, en el 2007, las acciones de inconstitucionalidad, y en abril de este año la CC emitió su fallo, el cual fue comunicado a las partes la semana recién pasada. Las acciones fueron contra el texto: "transcurrido dicho plazo sin resolverse, se tendrá por aceptado dicho estudio", de los artículos 19 y 20, de la citada ley, los cuales permitían iniciar actividades mineras con solo tener en trámite los estudios de mitigación y de impacto ambiental. También contra la frase: "ilimitadamente en la profundidad del subsuelo", de los artículos 21, 24 y 27, que facultan a empresas mineras explotar los recursos en un espacio superficial delimitado, pero sin límites en su profundidad.
Todo el inciso d) del artículo 75 fue declarado inconstitucional, porque permite a las empresas mineras descargar aguas residuales o contaminadas en los ríos y riachuelos. Otra frase declarada inconstitucional fue: "en lo posible", del artículo 81, que dejaba a las empresas con una obligación moral, y no coercitiva. Solo la petición de inconstitucionalidad contra la frase: "libre de tasas y derechos arancelarios", del artículo 86, fue declarada sin lugar, porque ya se había emitido una norma que eliminaba esos privilegios a las mineras.
Posición gubernamental En su momento, el gobierno del presidente Óscar Berger dijo que no había inconstitucionalidad, ya que la minería genera empleo y desarrollo económico.
La CC argumentó que debe tenerse presente la gravedad de las implicaciones de la actividad minera para el ambiente y la naturaleza, porque los recursos no son renovables, toda vez que el movimiento de tierras que generan estas actividades modifica el entorno natural.
Melini dijo que el fallo estableció que el derecho de los guatemaltecos a un ambiente sano está por encima de los fines económicos.
Para evitar que el Ministerio de Energía y Minas otorgue licencias mineras mientras se publica la resolución en el diario oficial, Calas informó que interpondrá hoy un amparo contra el ministro Carlos Meany.
Eloida Mejía, de Amigos del Lago, expresó que esa resolución es una esperanza para detener actividades mineras que amenazan fuentes hídricas, como el Lago de Izabal.